Díaz prevé activar ERTE y prohibir despidos para proteger a trabajadores ante la guerra en Oriente Próximo

Entre los sectores señalados por el Gobierno como más vulnerables ante el encarecimiento de la energía, se encuentran áreas como la industria química, la metalurgia, la farmacéutica y la agrícola, donde los incrementos de precios en materias primas y fertilizantes pueden repercutir en la competitividad y estabilidad del empleo. En ese contexto, la acción anticipada de la administración pretende mitigar impactos negativos derivados del conflicto internacional en Oriente Próximo y sus repercusiones sobre el mercado energético mundial, especialmente en industrias españolas con alto consumo eléctrico.

Según detalló el medio El País, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el Ejecutivo dispone ya de un abanico de herramientas para intervenir rápidamente en caso de que el agravamiento del conflicto afecte la economía nacional. Entre estas medidas destacan la activación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prohibición de despidos en sectores especialmente sensibles, la reducción de jornadas laborales a través del mecanismo RED —que permite ajustar la actividad de las empresas sin recurrir a la destrucción de empleo— y el ofrecimiento de distintos tipos de apoyos directos a las compañías.

El planteamiento presentado por Díaz incluye la coordinación previa con sindicatos y patronal. El Ejecutivo ha hecho llegar a estas organizaciones un documento que recopila todos los instrumentos disponibles, que, según la ministra, han sido consensuados y avalados una vez más por los agentes sociales. El objetivo central es garantizar que tanto las empresas como los trabajadores dispongan de garantías suficientes en caso de que las repercusiones sobre el coste de la energía o de las materias primas pongan en riesgo su situación laboral o económica.

La reacción del Gobierno se produce después de que, en los días recientes, los mercados internacionales hayan registrado aumentos significativos en los precios del petróleo y el gas. Tal como informó El País, las autoridades consideran que el posible efecto inmediato podría trasladarse tanto a la factura energética como a la capacidad adquisitiva de empresas y ciudadanos. Por ello, la ministra enfatizó que las herramientas ya existen y se encuentran preparadas para ser empleadas de manera inmediata, sin necesidad de tramitar nuevas aprobaciones urgentes en el caso de que la situación internacional lo requiera.

En declaraciones hechas desde Bruselas, Díaz subrayó que la administración actuará con prudencia en su seguimiento de los acontecimientos y tomará las decisiones conforme a la evolución de la coyuntura internacional. Según publicó El País, la funcionaria remarcó que el modelo que se plantea para mitigar los riesgos económicos actuales es similar al implementado durante anteriores crisis. Ejemplificó la manera en que la respuesta ante la pandemia consistió en la activación de mecanismos rápidos y en la protección del mercado laboral sin costes adicionales para quienes resulten más afectados.

La vicepresidenta destacó que, en especial, se mantiene una vigilancia sobre sectores definidos como “electrointensivos”, que agrupan a aquellas industrias cuyo proceso productivo depende en gran medida del consumo eléctrico, entre ellas la química, la siderurgia, la metalurgia, así como farmacéutica. El encarecimiento de la electricidad en estos ramos puede provocar variaciones importantes en los costes de producción, e incluso amenazar la continuidad de la actividad si no se adoptan medidas de apoyo.

El sector agroalimentario también ha sido identificado como otro ámbito preocupado por la evolución de los precios, particularmente por el incremento de los fertilizantes, de los cuales dependen intensamente buena parte de las explotaciones agrícolas. El país señaló en su reporte que Díaz aseguró que el Gobierno buscará intervenir para compensar la eventual caída de la capacidad de compra de las familias, con el objetivo de sostener tanto la demanda interna como la continuidad de la producción.

Por otra parte, la ministra recalcó que la estructura de ayudas y apoyos está diseñada de tal forma que no requiere de nuevas autorizaciones, ya que las medidas fueron previamente aprobadas en el marco de crisis recientes, lo que permite una activación inmediata si así lo exigen las circunstancias. Según consignó El País, Díaz expresó que todas las herramientas están a disposición y pueden utilizarse en cualquier momento para proteger tanto el tejido empresarial como el nivel de empleo en los sectores más afectados.

En sus declaraciones, Yolanda Díaz transmitió un mensaje dirigido a tranquilizar a los agentes económicos: “Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario”, afirmó la vicepresidenta, según informó El País. Esta disposición forma parte de una estrategia de precaución ante eventuales tensiones o caídas de la actividad económica ocasionadas por volatilidad en los mercados internacionales.

De acuerdo con los detalles publicados por El País, las autoridades españolas mantienen comunicación fluida con los sectores empresariales y los sindicatos para evaluar la evolución de la situación. El Ejecutivo central prevé actualizar y ajustar la respuesta económica en función del impacto real que pueda observarse sobre los costes energéticos y el empleo, priorizando siempre la protección de los colectivos con mayor exposición a las subidas de precios.

El mecanismo RED, una de las herramientas clave mencionadas, permite a las empresas ajustar la plantilla y adaptar la jornada de trabajo sin cesar los contratos, lo que favorece tanto la protección del trabajador como la viabilidad empresarial en momentos de incertidumbre. El País explicó que este instrumento, junto con los ERTE y la limitación de despidos, integra una batería de soluciones ya probadas anteriormente para preservar el empleo y la producción nacional.

El Gobierno considera que la combinación de estas medidas puede ofrecer respuestas flexibles y rápidas frente a posibles crisis derivadas del encarecimiento de la energía y de las materias primas, y que de esa forma puede minimizarse la repercusión en el poder adquisitivo y en la estabilidad del empleo. Según reportó El País, se dará prioridad a aquellos ámbitos identificados como estratégicos por su impacto en la economía y en la población.

La estrategia oficial recoge tanto apoyos específicos a empresas como acciones encaminadas a proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante la incertidumbre internacional. Según publicó El País, el Gobierno insiste en que el proceso de diálogo social ya está en marcha, y que las herramientas propuestas han contado con la colaboración de los principales representantes empresariales y sindicales, buscando así una reacción que integre todas las sensibilidades y necesidades manifestadas por los sectores implicados.