El Gobierno pide a Casa 47 que reclame indemnizaciones en contratos fallidos por culpa del contratista

El Tribunal de Cuentas emitió recientemente una recomendación dirigida a Sepes, actualmente denominada Casa 47, para que analice la procedencia de exigir a los contratistas el pago de indemnizaciones en todos los casos donde se resuelva un contrato por causas achacables a la empresa adjudicataria. Según informó Europa Press, el organismo fiscalizador encontró varios episodios de infracciones en proyectos de Valencia y Ceuta entre los años 2018 y 2023, y propuso que la empresa pública de vivienda estudie posibles compensaciones económicas ante incumplimientos, una situación que ha derivado en iniciativas parlamentarias de los partidos que integran el Gobierno.

Tanto el PSOE como Sumar presentaron propuestas de resolución en el Parlamento invitando a Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, a iniciar acciones para reclamar daños y perjuicios cuando los contratos finalicen por faltas atribuibles al contratista. De acuerdo con Europa Press, estas propuestas responden a los casos registrados en el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, que examina el desempeño de la empresa pública durante el periodo citado. La fiscalización detalla incumplimientos detectados en la gestión y ejecución de proyectos residenciales, y sitúa el foco en las obras del Parque Central de Ingenieros en Valencia y en la promoción de 90 viviendas protegidas en la urbanización Loma de Colmenar, en Ceuta.

En el caso del Parque Central de Ingenieros en Valencia, la empresa pública de vivienda inició la resolución del contrato concerniente a la redacción del proyecto de urbanización debido a que el adjudicatario no atendió los requerimientos planteados por el Ayuntamiento de Valencia. El importe original de adjudicación ascendía a 189.883,20 euros sin incluir el IVA, pero Sepes optó por no abonar el 60% de la suma debido al grado de cumplimiento de la empresa contratada. Los servicios técnicos de la administración finalizaron el proyecto tras rescindir el acuerdo. Una vez superada la fase de redacción, se abrió una nueva licitación para ejecutar las obras de urbanización, que posterior e igualmente debió resolverse a raíz de nuevos incumplimientos por parte del adjudicatario inicial. Finalmente, el contrato fue asignado en octubre de 2024 a Grupo Bertolín, por un valor aproximado de 1,2 millones de euros.

En la urbanización Loma de Colmenar, en Ceuta, el proceso de construcción de 90 viviendas protegidas también enfrentó dificultades contractuales. El contratista pidió formalmente la suspensión del acuerdo firmado, aunque Sepes rechazó esta solicitud. Posteriormente, el adjudicatario recurrió la decisión a través de un procedimiento contencioso-administrativo, donde la jurisdicción competente confirmó la negativa. Finalmente, el consejo de administración de Sepes aprobó la resolución del contrato, considerando causas imputables al contratista como motivo del cierre anticipado del vínculo.

A partir del análisis de estos episodios, el Tribunal de Cuentas recomendó examinar la viabilidad de iniciar procedimientos que permitan la reclamación formal de indemnizaciones cada vez que los contratos sean resueltos por responsabilidad del adjudicatario, y, en los casos que proceda, dar comienzo al expediente correspondiente. Europa Press consignó que tanto el PSOE como Sumar recogieron de manera expresa esa sugerencia en sus iniciativas registradas, solicitando a Casa 47 que adopte el protocolo de reclamar compensaciones económicas en todas las circunstancias previstas en el informe fiscalizador.

Las propuestas parlamentarias, según detalló Europa Press, fueron inscritas para su discusión y votación dentro de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Si resultan aprobadas, quedarán incorporadas en el informe definitivo de fiscalización sobre la gestión de vivienda pública realizada por Casa 47 entre 2018 y 2023. El objetivo de estas iniciativas es dotar de mayor rigidez a las medidas de control, exigir responsabilidades a las empresas titulares de contratos adjudicados y proteger el interés económico del Estado en proyectos de vivienda pública.

El documento del Tribunal de Cuentas puso de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la gestión de los contratos públicos en materia de vivienda y la importancia de articular mecanismos para reparar los perjuicios generados al erario público por incumplimientos contractuales. Las acciones legislativas anunciadas se centran en trasladar de manera formal las recomendaciones del órgano fiscalizador a la empresa pública Casa 47, fortaleciendo su capacidad para exigir reparaciones económicas frente a situaciones de incumplimiento documentadas en los proyectos analizados.