
Las labores de investigación se extendieron hasta la revisión y retirada de conexiones eléctricas fraudulentas que dotaban de energía a los sistemas de cultivo en distintas viviendas, situación detectada por la empresa eléctrica afectada ante el riesgo de incendio inminente. Según informó la Policía Nacional en una nota recogida por los medios, el operativo policial desarrollado en Marinaleda, en la provincia de Sevilla, culminó con la intervención de 5.000 plantas de cannabis repartidas en cuarenta plantaciones de interior, la incautación de armas y dinero, y la detención de dieciocho personas.
De acuerdo con la información facilitada por las fuerzas de seguridad y publicada por los servicios informativos, la operación, denominada "Italica 170/Greenborder", se llevó a cabo en coordinación entre la Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba. La investigación comenzó tras ser detectadas anomalías en el suministro eléctrico, vinculadas a actividades ilícitas y tráfico de sustancias prohibidas. Esta anomalía alertó a la empresa energética, que colaboró en la intervención transversal junto con los cuerpos de seguridad.
El medio informativo detalló que los registros y entradas contaron con la autorización del Juzgado de Instancia de Estepa y se ejecutaron en diecisiete domicilios de la localidad sevillana. En el interior de los inmuebles se localizó una infraestructura compleja destinada especialmente al cultivo intensivo de marihuana. Las instalaciones albergaban distintas etapas de desarrollo de las plantas, desde el estado de floración hasta la preparación para su posterior distribución ilegal.
Durante el despliegue, los agentes realizaron la incautación de 480 kilos de marihuana, procedieron a intervenir una escopeta del calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en efectivo. Además, los efectivos policiales hallaron diversos artículos empleados para potenciar y agilizar el proceso de cultivo y elaboración del estupefaciente, confirmando la existencia de una red organizada para la producción y posible distribución a gran escala. Los técnicos eléctricos, integrados en el equipo operativo, participaron en la retirada de las instalaciones eléctricas ilegales, cuya existencia representaba un alto peligro de incendio por la sobrecarga en la red.
El dispositivo concluyó con la detención y puesta a disposición judicial de dieciocho personas —catorce hombres y cuatro mujeres—, pudiéndose enfrentar a acusaciones por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y fraude eléctrico. La operación conjunta representa un esfuerzo sostenido de colaboración entre diferentes cuerpos para combatir la expansión del tráfico de drogas en la provincia de Sevilla, según especificó la información oficial publicada por los organismos actuantes.
El desarrollo de la investigación permitió también constatar la integración de recursos técnicos y humanos procedentes de la Guardia Civil (Sección Fiscal y Fronteras de la Compañía Fiscal del Puerto de Sevilla), Policía Nacional de la Comisaría de Écija y técnicos de la eléctrica, cuya actuación, según reportó el medio, resultó indispensable para identificar y eliminar las conexiones clandestinas. La intervención de la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera se consideró relevante para interceptar otros posibles flujos ilícitos relacionados.
La operación todavía permanece abierta y los investigadores permanecen trabajando en el examen del material incautado, el análisis documental y el seguimiento de evidencias localizadas en los domicilios registrados. Según publicó la Policía Nacional, podrían surgir nuevos avances o detenciones adicionales en función del desarrollo de las averiguaciones, ya que se ha recogido abundante información susceptible de desencadenar nuevas líneas de investigación en la lucha contra las redes dedicadas al tráfico de drogas en la zona.
El dispositivo forma parte de la estrategia interinstitucional para el desmantelamiento de estructuras criminales especializadas en el cultivo y tráfico de estupefacientes dentro de la provincia, centrando actuaciones en aquellas localidades donde se hayan detectado conexiones eléctricas irregulares y signos de actividad ilícita. Según consignó el medio, la coordinación efectiva entre los organismos participantes y la colaboración de la empresa eléctrica permitieron salvaguardar tanto la seguridad de las viviendas próximas como el suministro, evitando posibles incidentes de mayor alcance debido al uso de instalaciones peligrosas e ilegales.
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