La Generalitat presenta sus alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas promovida por el Ministerio

La Generalitat Valenciana señala que la reciente presentación, por parte del Gobierno, de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana limita la protección de enclaves costeros con patrimonio cultural y etnológico, situación que ha generado inquietud entre las autoridades autonómicas. Según informó la propia Generalitat a través de un comunicado recogido por diversos medios, esta preocupación se suma al proceso de alegaciones que la administración autonómica ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto a la modificación del Reglamento General de Costas. La administración valenciana solicita un refuerzo de la seguridad jurídica, la introducción de criterios técnicos objetivos y un proceso de consenso real con las comunidades autónomas sobre las medidas de protección del litoral.

De acuerdo con el comunicado transmitido por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, sostiene que resulta necesaria una revisión profunda de la Ley de Costas de 1988, ya que las circunstancias actuales exigen un marco normativo que contemple las especificidades territoriales, sociales y económicas de cada región. El medio oficial de la Generalitat detalló que, aunque el Ministerio avance con la modificación parcial del reglamento, debe prevalecer la seguridad jurídica en aspectos como los deslindes, evitando que episodios singulares de oleaje tengan impacto inmediato sobre la ampliación del dominio público marítimo-terrestre.

Tal como publicó la Generalitat, García Manzana enfatiza la importancia de compatibilizar la preservación ambiental del litoral con el desarrollo económico sostenible y la protección de asentamientos tradicionales. Además, remarca la necesidad de establecer una cooperación directa y efectiva con el conjunto de territorios autonómicos, aspecto que, según el comunicado, no se ha respetado en el trámite iniciado desde el Ministerio, pues la administración valenciana accedió al borrador del nuevo reglamento por vías indirectas y reclama procesos de debate y concertación reales.

En el apartado de las alegaciones formales, la Generalitat reclama expresamente que la futura normativa debe consolidar la seguridad jurídica en la delimitación de la franja litoral, de modo que un episodio extraordinario no conduzca automáticamente a la ampliación del dominio público, pero manteniendo la posibilidad de revisión hacia el mar cuando se den motivos consistentes y justificados. Así lo exponen las solicitudes de la administración autonómica, de acuerdo con la información distribuida.

Entre las prioridades, el ejecutivo autonómico plantea la necesidad de incorporar la gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas como parte de una política coherente y eficaz para la protección del litoral, cuestión que entiende como fundamental para la prevención de regresiones costeras y la preservación de ecosistemas. La Generalitat también subraya la urgencia de regular las concesiones de uso en la costa mediante una metodología objetiva y diferenciada, sustentada en criterios precisos, y con una definición técnica clara del concepto de “riesgo cierto”.

Según detalló la administración, se defiende que dicha regulación permita compatibilizar los usos económicos sostenibles en el litoral; que las superficies y distancias asignadas respondan a la planificación del territorio; que se reconozcan los derechos indemnizatorios vinculados a las concesiones compensatorias; y que continúe vigente el silencio administrativo positivo en los procesos de adscripción autonómica. Además, la Generalitat considera imprescindible que la normativa reconozca expresamente la particularidad de los núcleos urbanos costeros de valor etnológico y cultural, garantizando su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre.

El documento de alegaciones remitido al Ministerio incluye también propuestas orientadas a asegurar las garantías sobre los paseos marítimos construidos tras la adopción de la Ley Costas de 1988, permitiendo su consideración como línea de ribera y manteniendo la capacidad urbanística para autorizar usos compatibles en edificaciones ya existentes.

En el contexto de la impugnación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, García Manzana expone que la figura de “núcleos de valor etnológico” está concebida para proteger a las personas que residen en espacios singulares, considerados de interés patrimonial y sujetos a una protección específica. Señala que la ejecución efectiva de las actuaciones de regeneración litoral aún pendientes tendría un efecto directo en la reducción de los nuevos procedimientos de deslinde, mitigando los riesgos que afectan a estos enclaves costeros históricos.

Fuentes de la Generalitat insisten, como recoge la información institucional, en la disposición al diálogo y el entendimiento, subrayando que desde la convocatoria de la comisión bilateral entre ambas administraciones se han alcanzado consensos en cerca de una treintena de artículos de la ley. La administración valenciana reitera que el proyecto normativo autonómico está diseñado para dotar al litoral de la Comunitat Valenciana de un marco legal estable, coherente y ajustado a sus requerimientos territoriales, ambientales y socioeconómicos.

En las alegaciones, la Generalitat reclama además fortalecer los mecanismos de cooperación y lealtad institucional, planteando la necesidad de fórmulas reales de debate y consenso que aseguren la participación efectiva de las comunidades autónomas en comisiones sectoriales y bilaterales, e incorporen las valoraciones autonómicas en la toma de decisiones. El objetivo final, según expone el documento remitido y difundido por la propia Generalitat, consiste en lograr la compatibilidad entre la conservación del litoral, el desarrollo económico sostenible, la seguridad jurídica y la transparencia administrativa, manteniendo un equilibrio entre el interés público y los derechos de los ocupantes de la costa.

Según consignó la administración, las alegaciones constituyen un posicionamiento que prioriza la protección integral del medio ambiente, la actividad económica y la preservación cultural, con especial atención a la seguridad jurídica en la delimitación y uso del litoral mediterráneo.