
La propuesta de adelantar la entrada en vigor del euro digital a 2028 implicaría acelerar acuerdos legislativos y ejecutar pruebas técnicas en plazos ajustados, según advierten fuentes del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España recogidas por Europa Press. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente que el proceso se adelante un año respecto a lo previsto, aunque desde las instituciones europeas se considera que estas nuevas metas resultan exigentes teniendo en cuenta los procesos legislativos y los retos técnicos aún pendientes. El lanzamiento del euro digital representa un hito en la política monetaria europea y busca beneficiar especialmente a pequeños comercios, que actualmente afrontan comisiones elevadas de los principales proveedores privados de servicios de pago.
Tal como informó Europa Press, el esquema acordado por los Estados miembros de la eurozona establece que el euro digital podría emitirse “no antes de dos años después” de aprobarse la legislación correspondiente. Este calendario pretende garantizar que bancos, empresas y comercios dispongan del tiempo necesario para preparar sus sistemas y procesos internos. Las fuentes del BCE consultadas explican que, mientras el Parlamento Europeo espera posicionarse sobre la materia en mayo, la fase de negociación conocida como ‘trílogos’ —donde la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento armonizan sus textos regulatorios— podría prolongarse hasta la segunda mitad del año, lo que haría que el marco legislativo definitivo no estuviera disponible antes de finales de 2024.
Europa Press detalló que, pese a los avances en el desarrollo técnico, muchas etapas clave dependen de los parámetros que finalmente establecerá la legislación. Los reguladores subrayan la necesidad de un periodo de pruebas de, al menos, dos años tras la aprobación legislativa, para testar la operatividad del euro digital en condiciones reales y resolver posibles incidencias. En este contexto, las aspiraciones del Gobierno español de poner en marcha la divisa digital en 2028 se consideran “ambiciosas” por las fuentes oficiales, mientras que la expectativa institucional sigue siendo que la emisión tenga lugar en 2029.
Pedro Sánchez, en su decálogo de propuestas para la economía europea presentado recientemente al presidente del Consejo Europeo, António Costa, ubicó el euro digital en el centro de la agenda de soberanía económica. El líder español ha defendido que esta nueva moneda digital no debe limitarse a facilitar pagos, sino que debe consolidar el control de Europa sobre su sistema financiero y aumentar la resiliencia incorporando funcionalidades sin conexión. “Debemos adelantar su lanzamiento a 2028”, reclamó Sánchez, subrayando que los desarrollos en materia de pagos digitales públicos deben ser compatibles con las redes privadas ya existentes.
Según publicó Europa Press, una de las principales motivaciones detrás del proyecto es aliviar la carga económica que representan las comisiones por pagos electrónicos para pequeños establecimientos comerciales. Las autoridades del BCE y del Banco de España destacan que, actualmente, los comercios menores se enfrentan a costes entre tres y cuatro veces mayores que los grandes distribuidores cuando aceptan pagos con tarjeta, debido a la estructura de las comisiones de grandes proveedores como Visa y Mastercard. Las estimaciones del BCE apuntan que, cada año, los minoristas de la eurozona pagan cerca de 3.750 millones de euros en comisiones por las tarjetas de débito, de los cuales aproximadamente la mitad se destinan a los citados proveedores estadounidenses.
Europa Press informó que, para un pequeño comercio, la carga por comisión puede alcanzar un 1% (cien puntos básicos) del valor de la transacción, en contraste con grandes superficies, donde el importe baja hasta los 25 puntos básicos. Las proyecciones institucionales señalan que con la introducción del euro digital, este coste descendería a un rango de entre 40 y 50 puntos básicos, lo que supondría un ahorro significativo para los negocios de menor tamaño. El objetivo de la moneda digital sería, ante todo, ofrecer a consumidores y comercios una alternativa más económica y accesible a los medios de pago privados actuales.
En relación con el uso cotidiano del euro digital, las fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el importe máximo permitido para almacenar en la billetera digital se ubicaría, de forma orientativa, en torno a los 3.000 euros. Esta cifra está lejos de transformarse en una cuenta bancaria tradicional y busca evitar riesgos para la estabilidad financiera y problemas de usabilidad. Las instituciones enfatizan que la cifra exacta será objeto de cálculo más cerca de la fecha efectiva de lanzamiento, ajustándose a las condiciones económicas y regulatorias presentes en ese momento.
Las mismas fuentes recalcan la existencia de una metodología definida para establecer estos límites, si bien todavía no se ha concretado un importe definitivo. El enfoque permanece en garantizar la seguridad del sistema financiero, facilitando al mismo tiempo que el euro digital cumpla su función como medio de pago público complementario y seguro para los ciudadanos y los negocios europeos.
El medio Europa Press concluyó que el éxito del euro digital dependerá tanto de los acuerdos regulatorios y los tiempos legislativos como de la capacidad de los actores técnicos e institucionales para resolver los desafíos asociados a su despliegue. Mientras tanto, el debate permanece abierto en las instituciones comunitarias sobre cómo armonizar la velocidad del avance con la necesidad de seguridad y fiabilidad en la transición hacia una divisa digital europea.
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