Sumar registra una reforma en el Congreso para reconocer a las víctimas del Patronato de la Mujer hasta 1985

La iniciativa legislativa presentada por el grupo parlamentario Sumar busca que el reconocimiento oficial y la reparación como víctimas no se limite solo a quienes sufrieron represión bajo el franquismo, sino que se extienda a mujeres que padecieron privación de libertad y abusos en instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer hasta su disolución en 1985. De acuerdo con Europa Press, la propuesta apunta a cubrir situaciones ocurridas después de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, ya que estas prácticas se consideran continuación de dinámicas represivas propias del régimen anterior.

El medio Europa Press detalló que Sumar registró en el Congreso una reforma de la Ley de Memoria Democrática con el objetivo de ampliar el concepto legal de víctima. El grupo, que forma parte del Gobierno de coalición en calidad de minoritario, ha decidido impulsar esta modificación aprovechando la tramitación parlamentaria de una proposición de ley del PSOE relacionada con la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este contexto, Sumar busca incorporar una nueva disposición final en la Ley de Memoria Democrática para otorgar el estatus de víctimas a las mujeres que fueron ingresadas o recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer desde el franquismo y hasta su eliminación en 1985.

Esta reforma responde a una demanda sostenida por partidos de izquierda, que en varias ocasiones lograron que la Comisión de Igualdad del Congreso exhortara al Gobierno a avanzar en el reconocimiento y reparación de las mujeres afectadas por el Patronato. Según publicó Europa Press, la enmienda propuesta por Sumar establece que se reconozca como víctimas a aquellas mujeres que resultaron “internadas, privadas de libertad o sometidas a prácticas vejatorias, coercitivas o represivas” en dicha institución, independientemente de si los hechos ocurrieron entre 1978 y 1985, siempre que quede acreditada la continuidad de las dinámicas represivas características de la etapa franquista.

Sumar argumenta que la vigente Ley de Memoria Democrática, en su artículo 3, define la condición de víctima por la vulneración de derechos durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La ley aporta después una relación detallada —aunque no exhaustiva— de situaciones y colectivos víctimas, sin modificar el límite temporal establecido por la norma.

Según reportó Europa Press, el grupo parlamentario sostiene que la continuidad institucional del Patronato de Protección a la Mujer tras 1978 supuso la existencia de privaciones de libertad y medidas restrictivas sobre mujeres y menores que, pese a que se produjeron en periodo constitucional, no han recibido la tutela de los mecanismos de reparación previstos por la ley. Añade que si bien la Ley de Memoria contempla el análisis particular de vulneraciones de derechos ocurridas entre 1978 y 1983 en el marco de la consolidación democrática, estas situaciones han quedado al margen de una respuesta legal adecuada al no encajar en el marco temporal previamente definido.

En la propuesta registrada, Sumar plantea una reforma legal circunscrita de manera estricta al Patronato de Protección a la Mujer. Establece la necesidad de acreditar la existencia de una continuidad de patrones represivos para que estos casos sean asimilados a los del periodo franquista, evitando así la ampliación indiscriminada del concepto de represión propia de aquel régimen. Este enfoque, detalla Europa Press, busca salvaguardar la coherencia del sistema jurídico y los límites definidos por la ley vigente, limitando el alcance de la reparación a situaciones que puedan documentarse como prolongación directa de prácticas represivas anteriores a la Constitución.

La reforma propuesta por Sumar subraya que aunque la Ley de Memoria Democrática reconoce la necesidad de estudios específicos sobre posibles violaciones de derechos en los primeros años de la democracia, los abusos sufridos por las mujeres internadas en el Patronato entre 1978 y 1985 representan una continuidad material de las políticas represivas de la dictadura. El texto presentado por Sumar, al que accedió Europa Press, contempla que el reconocimiento y la reparación dependerán de esa acreditación de continuidad, excluyendo con ello una extensión generalizada de la categoría de víctima de la represión franquista.

Con esta iniciativa, el grupo parlamentario pretende hacer frente a una laguna detectada en la legislación vigente, que ha dejado fuera de los mecanismos de reparación a un colectivo de mujeres afectadas por prácticas que, según Sumar, reproducían el control y la limitación de derechos que caracterizó al franquismo, aun cuando tuvieron lugar en un contexto constitucional.