El caso del periodista Don Lemon, arrestado mientras cubría las manifestaciones en una iglesia de Minnesota, se ha sumado a la lista de detenciones tras los disturbios producidos durante protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Lemon, conocido por su anterior labor en la cadena CNN y actual profesional independiente, fue aprehendido junto a otras ocho personas con acusaciones que incluyen conspiración para violar los derechos constitucionales y uso de la fuerza o amenazas para interferir en la libertad religiosa, según reportó la prensa estadounidense. El letrado de Lemon, Abbe Lowell, declaró a los medios que su cliente se declaró no culpable y opinó que la detención supone “un ataque sin precedentes a la Primera Enmienda” y un intento de desviar la atención de cuestiones políticas relevantes que enfrenta el gobierno de Donald Trump, tal como publicó la prensa internacional.
Según lo informado por la agencia Europa Press, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este viernes la acusación contra treinta personas adicionales a raíz del llamado “ataque” a una iglesia situada en Minneapolis, Minnesota, durante las protestas contra el ICE. Bondi detalló en un comunicado difundido por redes sociales que “bajo mis directrices, los agentes federales ya han arrestado a 25 de ellos y habrá más detenciones a lo largo del día. No puedes atacar un lugar de culto. Si lo haces, no podrás esconderte de nosotros: te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos”. Esta declaración subraya la línea dura adoptada por el gobierno federal respecto a incidentes que involucran libertades fundamentales y manifestaciones públicas.
El medio Europa Press consignó que el suceso principal ocurrió cuando un grupo de manifestantes interrumpió el sermón del pastor de la iglesia de St. Paul el 18 de enero, bajo la presunción de que estaba vinculado al ICE. La irrupción derivó en la intervención de fuerzas federales y posteriores detenciones, como parte de una amplia investigación por lo sucedido en el templo.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, resaltó mediante un mensaje en redes la relevancia de la libertad religiosa en el país. Noem agradeció la labor de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del FBI en la identificación y detención de los presuntos responsables del asalto a la iglesia. “La libertad religiosa es un principio fundamental en Estados Unidos y la Primera Enmienda protege el derecho a practicar libremente la propia fe, pero esto no confiere ningún derecho a interferir ni obstruir a otros en el ejercicio de sus creencias religiosas”, expresó la funcionaria, según recogió Europa Press. Además, afirmó que la actual administración está decidida a cumplir la ley federal y proteger los derechos de todos los ciudadanos estadounidenses, señalando que “estos agitadores enfrentarán la justicia”.
En relación al arresto de Don Lemon, Europa Press puntualizó que el periodista difundió en directo la entrada de los manifestantes a la iglesia, que posteriormente fue calificada por las autoridades como un ataque a un lugar de culto protegido. La implicación del expresentador de CNN en el caso acaparó la atención mediática, especialmente al estar incluido entre los acusados de atentar contra derechos constitucionales fundamentales. Lemon fue arrestado cuando se encontraba en Los Angeles cubriendo la ceremonia de los premios Grammy, según informó su abogado a Europa Press.
Hasta la fecha del anuncio, los funcionarios federales habían logrado la detención de al menos 25 sospechosos de los hechos ocurridos en Minnesota, con la expectativa de más arrestos en breve. Las autoridades federales recalcaron la importancia de enviar un mensaje claro sobre la protección de espacios religiosos y la penalización de quienes violen dichos espacios, afirmando que no se tolerarán ataques contra lugares de culto ni acciones que obstaculicen la libertad religiosa, según reflejó Europa Press. La investigación permanece abierta y, de acuerdo con la fiscalía, los implicados enfrentarán cargos conforme a la jurisdicción federal.
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