Durante el debate sobre el “escudo social”, Montse Mínguez, portavoz del PSOE y secretaria general de su grupo en el Congreso, advirtió que la fragmentación de esta normativa no sería una alternativa viable . Según consignó Europa Press basándose en declaraciones al programa ‘Parlamento’ de RNE, la diputada subrayó que las medidas protegidas por dicho decreto afectan directamente a personas dependientes de ayudas estatales y no deberían quedar sujetas a negociaciones entre partidos políticos en función de sus propios intereses.
El paquete de medidas conocido como “escudo social” fue adoptado inicialmente durante la pandemia y ha sido prorrogado hasta en seis ocasiones mediante decreto ley; incluye la prohibición de desahucios y cortes de suministros esenciales para personas en situación de vulnerabilidad, junto con descuentos en el bono social eléctrico y actualizaciones de entregas a cuenta, según detalló Europa Press. En este contexto, el PSOE rechaza por completo la posibilidad de dividir estas medidas tras los últimos fracasos de su aprobación en el Congreso. Hasta el momento, la propuesta del Gobierno se ha sometido dos veces a votación sin prosperar, siendo bloqueada tanto por el Partido Popular (PP) como por Vox y Junts.
De acuerdo con la información publicada por Europa Press, en la primera oportunidad el Ejecutivo incluyó la revalorización de las pensiones en el texto, pero PP, Vox y Junts vetaron la iniciativa. Posteriormente, el Gobierno excluyó la subida de las pensiones del “escudo social” y volvió a llevarlo al pleno, aunque el resultado fue similar: los mismos partidos volvieron a oponerse. Las formaciones contrarias al decreto argumentaron que la prohibición de desahucios, tal como estaba establecida, podía favorecer la ocupación indebida de inmuebles, cuestión que ellos consideran inaceptable.
La discusión interna alcanzó también a la coalición de Gobierno, pues el socio minoritario, Sumar, propuso segmentar el decreto para que determinadas medidas —como la suspensión de desahucios o cortes de suministros y otras disposiciones sociales— pudieran aprobarse por separado y evitar así que todo el paquete resultara rechazado. Según Europa Press, Sumar planteaba esta estrategia ante la posición manifestada por Junts, que solo mostró desacuerdo respecto a la prohibición de desahucios y no sobre el resto de contenidos del “escudo social”.
No obstante, Montse Mínguez descartó ese escenario, defendiendo que no es posible dividir la normativa conforme a los intereses de cada grupo y comparando el decreto con una caja de bombones, al afirmar: “El ‘escudo social’ no es una caja de bombones, que tú eliges cuál es el bombón que más te gusta y te lo comes, es un conjunto de medidas que implica a mucha gente”. Según Europa Press, estas palabras explicitan la oposición socialista a que se seleccione solo lo que pueda contar con apoyos y se deje de lado la protección integral que el paquete intenta garantizar.
La dirigente socialista recordó además que hace poco más de un año tanto el PP como Junts —aunque no Vox— respaldaron las mismas medidas, sin emplear entonces el argumento sobre la “okupación”. La diferencia de postura actual, según ha remarcado Mínguez en declaraciones a Europa Press, ha provocado que ahora estos partidos “formen teatro” en el debate parlamentario, mientras que antes ofrecían su apoyo de manera menos conflictiva.
Los argumentos socialistas se han centrado en que el decreto ley no perjudica a pequeños propietarios, ya que las personas beneficiadas deben acreditar situación de vulnerabilidad, tal como insistió Mínguez en el diálogo recogido por Europa Press. De esta manera, el PSOE insistió en que la protección de los colectivos más frágiles debe prevalecer sobre intereses políticos coyunturales.
A la par de este debate, la portavoz socialista reprochó que PP, Vox y Junts también propiciaran el rechazo de otro decreto impulsado por el Ministerio de Consumo que pretendía limitar los precios de bienes y servicios básicos en situaciones de emergencia, especialmente en contextos de incendios o inundaciones. Según Europa Press, Mínguez advirtió sobre las consecuencias de tumbar sucesivos decretos sociales, argumentando que el efecto de un voto en contra incide directamente en quienes necesitan la protección del Boletín Oficial del Estado, no en la estabilidad del Gobierno. Fue clara al declarar: “Cuando cae un decreto no cae el Ejecutivo, sino la gente que necesita que el Boletín Oficial del Estado (BOE) les proteja”.
El “escudo social” permanece como un punto de fricción no solo entre el Ejecutivo y la oposición, sino también dentro de la propia mayoría parlamentaria, mientras su futuro en el Congreso depende del acuerdo entre formaciones con posturas divergentes respecto a la protección social frente a los desahucios y otros derechos básicos consagrados por la normativa estatal.
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