La Policía de Malasia investiga una trama que implica al jefe anticorrupción

El caso cobró notoriedad tras una investigación de Bloomberg que reveló la existencia de una llamada "mafia empresarial", compuesta por empresarios influyentes en colaboración con funcionarios de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC). De acuerdo con Bloomberg, esta red habría impulsado la destitución de ejecutivos para asumir el control de compañías estratégicas, situando en el epicentro de la controversia a Azam Baki, comisionado jefe de la MACC, quien queda implicado en la investigación.

Según publicó Bloomberg, la policía de Malasia abrió un proceso legal formal que involucra a Azam Baki, tras averiguaciones que señalan su participación en una empresa de servicios financieros, habiendo superado los límites de titularidad permitidos para funcionarios públicos. El gobierno malasio autorizó la investigación tras la revisión de un Comité Especial de Investigación, lo que desencadenó el inicio de las pesquisas oficiales.

El inspector general de Policía, Mohd Jalid, informó que la Unidad de Investigación Criminal Clasificada asumió el caso, enfocando las pesquisas en posibles maniobras para derrocar al gobierno y atentar contra la estabilidad nacional. Según consignó la agencia estatal Bernama, las autoridades investigan los hechos bajo el artículo 124B del Código Penal de Malasia, relativo a actividades nocivas para la democracia parlamentaria, tanto de forma directa como indirecta. Dicho artículo contempla una pena de hasta veinte años de prisión en caso de que la justicia dictamine culpabilidad.

El papel de Azam Baki se ha situado en el centro de la polémica no solo por el control indebido de participaciones empresariales, sino también por sospechas de cooperación en operaciones coordinadas para desplazar directivos empresariales claves del país. Las acciones investigadas buscan determinar el alcance de la influencia ejercida sobre la estructura de poder interno en compañías vinculadas a intereses estatales y privados.

El ministro de Comunicación, Fahmi Fadzil, se refirió al caso tras una reunión del gabinete. Según informaron medios malasios, declaró que "este es un asunto muy grave" y remarcó la intención del ejecutivo de permitir que la policía concluya el proceso sin interferencias. La declaración del ministro refleja el nivel de alerta del gobierno ante el presunto intento de desestabilizar la administración mediante el uso de recursos y redes ajenas al control político ordinario.

Tal como detalló la agencia Bernama, el caso involucra además indagaciones sobre posibles acciones que habrían buscado no solo desplazar directivos, sino afectar el equilibrio institucional de Malasia. La policía mantiene diversas líneas de investigación para determinar la profundidad y el impacto de las actividades de los funcionarios y empresarios señalados, considerando su potencial efecto sobre la seguridad y gobernabilidad nacionales.

De acuerdo con los reportes de Bloomberg y actualizaciones de la agencia estatal, la decisión de avanzar en la investigación representa un paso relevante en la lucha contra la corrupción institucional y la salvaguarda de la democracia en el país, dado que involucra a uno de los principales órganos encargados de velar por la integridad en la administración pública. Las pesquisas siguen bajo análisis para esclarecer todas las responsabilidades y posibles colaboradores en la red señalada.