Feministas abolicionistas piden a PSOE y PP que se unan para acabar con la prostitución, tras la encuesta del CIS

El impacto de la reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha sido interpretado por sectores feministas como indicativo de que el Parlamento se encuentra rezagado respecto a la opinión de la ciudadanía sobre la prostitución, la trata y la pornografía. Según consignó Europa Press, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se destacó que existe una mayoría social que demanda una acción legislativa más contundente para enfrentar estas prácticas, postura que, según el colectivo, ha quedado reflejada en los resultados publicados por el CIS.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, analizó la percepción social en torno a la prostitución consultando a 10.019 personas en todo el país. Un 68,9% de los encuestados consideró la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, dato que las agrupaciones feministas entienden como reflejo de una demanda que, afirman, debería impulsar la convergencia entre PSOE y PP para poner fin a la prostitución. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres argumentó, según publicó Europa Press, que los porcentajes divulgados por el CIS coinciden con la suma parlamentaria de los dos principales partidos, ambos con posiciones conocidas sobre la problemática.

La misma organización pidió que PSOE y PP superen desacuerdos vinculados a “imposiciones de una minoría parlamentaria” y que prioricen, mediante un posible consenso, la protección de la infancia y los derechos de las mujeres por encima de las diferencias ideológicas. En opinión de este colectivo, “los resultados de la encuesta del CIS interpelan al PSOE y al PP para llegar a un acuerdo que responda a lo que la mayoría de la sociedad española demanda respecto a la violencia de la prostitución, la trata y la pornografía”.

Por su parte, la Comisión 8M advirtió a Europa Press sobre la complejidad del fenómeno de la prostitución y criticó enfoques que consideró simplificadores, señalando de forma explícita al Ministerio de Igualdad, al que acusó de dejar de lado la diversidad de situaciones mediante “encuestas que obvian la pluralidad de circunstancias y problemáticas en las que se ejerce la prostitución”. La Comisión destacó igualmente que el feminismo ha abarcado históricamente varias posturas respecto al asunto, manteniendo como constante el trabajo desde la diversidad y subrayando la necesidad de abordar la problemática desde un enfoque plural.

El colectivo incidió en la diversidad de perfiles que ejercen la prostitución, reconociendo condiciones de vulnerabilidad asociadas a múltiples tipos de violencia, tanto físicas como institucionales, y efectos relacionados con factores tales como migración, identidad de género o discriminación por racismo y xenofobia. “Muchas de ellas son migrantes, personas trans y no binarias, discriminadas por el racismo, la xenofobia, la transfobia y los discursos de odio. Están altamente desprotegidas y sus derechos son vulnerados, también por las instituciones”, afirmó la Comisión 8M citada por Europa Press.

Uno de los aspectos subrayados por la Comisión 8M ha sido el impacto de la legislación vigente, incluyendo la ley de extranjería y disposiciones normativas en materia de seguridad ciudadana. Según recogió Europa Press, la Comisión señaló tanto las dificultades para acceder a derechos sociales básicos —como vivienda o protección social— como la sensación de que las instituciones no responden adecuadamente a la situación de vulnerabilidad.

En relación a las ayudas para programas de prevención, investigación y apoyo a víctimas, la Comisión 8M objetó los nuevos requisitos del Ministerio de Igualdad para acceder a subvenciones. El Ministerio propuso exigir a las entidades solicitantes que declaren explícitamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres. La Comisión 8M consideró “gravísimo” este criterio, indicando que la financiación pública “debe regirse por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, orientados exclusivamente al interés general”. Según denunciaron, se estaría imponiendo “un veto ideológico para acceder a las subvenciones”, situación que pondría en entredicho la lucha contra la violencia machista, la prevención y la investigación —además de vulnerar la libertad de asociación de los colectivos feministas en su acceso a fondos institucionales.

Este colectivo solicitó a la cartera que dirige Ana Redondo la revisión de estos requisitos en las bases reguladoras y la adopción de criterios basados exclusivamente en aspectos técnicos, sin peso ideológico, para la concesión de subvenciones. Europa Press recogió también su demanda de que se presente finalmente una Ley integral de Trata y contra todas las formas de explotación, una normativa que, tal como señaló la Comisión 8M, se ha anunciado reiteradas veces y nunca se ha llevado a trámite parlamentario, y pidieron que esta propuesta se elabore recogiendo la pluralidad del movimiento feminista y conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas.

Las posturas expresadas muestran tensiones en el movimiento feminista respecto a la respuesta institucional frente a la explotación sexual y evidencian reclamos tanto de acción política contundente como de apertura a la diversidad interna del propio feminismo y a las garantías de derechos de los colectivos implicados. El debate sobre la prostitución, la trata y la pornografía sigue marcando diferencias entre sectores abolicionistas y posturas que apuestan por enfoques multidimensionales, en un contexto donde los datos del CIS han reacelerado las demandas sociales y políticas para legislar sobre esta materia.