Un juez de EEUU declara ilegal la política de Seguridad Nacional para deportar migrantes a terceros países

El fallo del tribunal de Massachusetts obliga a avisar y permitir objeciones a extranjeros antes de ser expulsados a otra nación, y limita la potestad de Seguridad Nacional para decidir destinos sin consultar con los afectados

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El magistrado federal Brian Murphy, al resolver una demanda colectiva presentada por un grupo de extranjeros contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estableció nuevas directrices para los procesos de deportación que afectan a migrantes con destino a terceros países. Según consignó la cadena CBS, el juez dejó sin efecto la política vigente y determinó la obligación del gobierno de notificar a quienes se encuentren en riesgo de ser expulsados a una nación que no sea la de su ciudadanía, brindando la oportunidad para que presenten objeciones antes de que la deportación se lleve a cabo. La resolución judicial limita de modo significativo la potestad de las autoridades para decidir, de forma unilateral, el país de destino en estos procedimientos.

Tal como publicó la cadena CBS, la decisión judicial de la corte de distrito de Massachusetts declaró ilegal la política utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional que permitía la deportación de migrantes a países distintos del de origen sin otorgarles información previa ni oportunidad de expresar objeciones formales. El fallo señala que, antes de proceder a cualquier expulsión, la autoridad migratoria tiene la obligación de solicitar primero la deportación al país designado por el individuo, así como a países alternativos señalados por la persona, además de considerar el país o países de ciudadanía del afectado.

La decisión incluye la exigencia de una “notificación significativa” anterior a la expulsión, así como el derecho de los migrantes a presentar “una reclamación específica por país” para oponerse al traslado. Según detalló la cadena CBS, esta nueva dinámica impide que las deportaciones a terceros países ocurran sin que el posible afectado esté debidamente informado y no pueda plantear argumentos que fundamenten su rechazo a la medida propuesta.

El dictamen de la corte queda suspendido durante un plazo de quince días para dar lugar a posibles apelaciones, tal como reportó el medio estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó su intención de apelar la decisión y, a través de un comunicado divulgado por CBS, recordó que “el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente”. La administración liderada por Kristi Noem afirmó, según la cadena CBS, que posee la autoridad constitucional y legal para ejecutar deportaciones a países que acepten la recepción de los inmigrantes, insistiendo en que la facultad establecida permite “expulsar a los inmigrantes ilegales a un país dispuesto a aceptarlos”.

La demanda colectiva que dio lugar a esta resolución planteó que las personas enfrentaban expulsiones a países con los que no tenían vínculos directos, ni de nacimiento ni de residencia, sin que mediara aviso formal, ni la posibilidad de alegar riesgos o circunstancias adversas en el destino señalado unilateralmente por las autoridades. El juez evaluó que esa modalidad de actuación vulnera derechos procesales mínimos y no cumple con el deber de ofrecer canales efectivos para la defensa de quienes son objeto de una decisión de deportación.

La política invalidada permitía, hasta ahora, gestionar deportaciones rápidas utilizando acuerdos bilaterales o mecanismos internos para transferir migrantes a naciones distintas a la de ciudadanía de la persona, como ruta para sortear la complejidad y demoras que a menudo suponen las gestiones de repatriación directa. Según el fallo divulgado por CBS, los migrantes, a partir de esta decisión, quedan protegidos frente a traslados automáticos, puesto que la administración se ve forzada a tomar en cuenta sus elecciones y objeciones formales, así como a iniciar los trámites ante los países preferidos por la persona antes de optar por terceras naciones.

El Departamento de Seguridad Nacional, según la cobertura de CBS, argumentó la necesidad de disponer de mecanismos ágiles para resolver casos de migrantes que, según su visión, representan un riesgo o una carga para el sistema de seguridad e inmigración de Estados Unidos. Desde ese organismo se reivindicó la autoridad para activar deportaciones hacia cualquier país dispuesto a admitir a los extranjeros, siempre que los procedimientos internacionales lo permitan, y manifestaron su confianza en revertir el fallo mediante apelaciones en instancias superiores.

En paralelo, los grupos de defensa de los derechos de los migrantes describieron la decisión del juez Murphy como una medida para reforzar la transparencia y acceso a garantías procesales dentro del sistema migratorio estadounidense. Según concluye el reporte de CBS, el caso continuará en trámite mientras se examinan las eventuales apelaciones y se mantiene, durante quince días, la suspensión provisional de la aplicación de la nueva normativa fijada por la corte federal de Massachusetts.

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