El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que Gerald Eddie Brown, exoficial y piloto de la Fuerza Aérea conocido como 'Runner', conspiró de forma deliberada desde al menos agosto de 2023 con ciudadanos extranjeros y estadounidenses para ofrecer formación en aeronaves de combate a miembros de la Fuerza Aérea de China, sin contar con la licencia obligatoria emitida por la Dirección de Control del Comercio de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado. Según publicó el medio, el arresto de Brown responde a acusaciones de transferir conocimientos avanzados sobre aviones militares estadounidenses a personal militar chino, lo que, según las autoridades, constituye una violación de las normas sensibles de exportación y un riesgo para la seguridad nacional.
De acuerdo con lo detallado por el comunicado del Departamento de Justicia, Brown está acusado de proporcionar a pilotos militares chinos entrenamiento considerado como "servicios de defensa", lo que habría vulnerado la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA, por sus siglas en inglés). Este cuerpo legal prohíbe la provisión de asistencia técnica a militares extranjeros relacionada con sistemas de defensa estadounidenses sin la debida autorización gubernamental. En este contexto, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, señaló que “la Fuerza Aérea de Estados Unidos entrenó al mayor Brown para ser un piloto de combate de élite y le confió la defensa de nuestra nación. Ahora está acusado de entrenar a pilotos militares chinos”. Eisenberg subrayó además que este tipo de entrenamiento a fuerzas extranjeras solo es lícito si existe una licencia emitida por el Departamento de Estado.
El mismo comunicado enfatizó que, de acuerdo con la AECA, la provisión de entrenamiento técnico a países o personas extranjeras puede representar una amenaza a la seguridad nacional y la ventaja tecnológica estadounidense. En palabras de Eisenberg, “Seguridad Nacional utilizará todos los recursos a su disposición para proteger nuestras ventajas militares y exigir responsabilidades a quienes violen la AECA”. El Departamento de Justicia remarcó que la investigación sostiene que Brown llevó a cabo estas acciones sin contar con la aprobación requerida.
En la misma línea, Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje de la Policía Federal (FBI), expresó que Brown, con una trayectoria de décadas operando aviones militares estadounidenses, “presuntamente traicionó a su país al entrenar a pilotos chinos para luchar contra quienes juró proteger”. Rozhavsky remarcó que el Gobierno chino busca incorporar la experiencia de personal militar, tanto actual como retirado, de las fuerzas armadas estadounidenses para potenciar las capacidades militares chinas. El funcionario aseguró que la detención de Brown representa una muestra de la determinación del FBI y sus aliados para exigir responsabilidades a quienes colaboren con adversarios extranjeros que puedan perjudicar a las fuerzas armadas estadounidenses o amenazar la seguridad nacional.
Según reportó el propio Departamento de Justicia, investigadores determinaron que la supuesta conspiración incluía la colaboración de ciudadanos de otros países, así como estadounidenses, para organizar y ejecutar los entrenamientos en aeronaves de combate. La investigación sostiene que tales actividades no solo infringen la ley de exportación vigente, sino que también ponen en riesgo información y prácticas sensibles indispensables para la defensa estadounidense.
El Departamento de Justicia advirtió que, en línea con el endurecimiento de sus políticas de protección de tecnología militar, las acciones atribuidas a Brown constituyen una infracción grave. Los funcionarios implicados en el caso insisten en que la cooperación entre agencias y la aplicación estricta de la normativa buscan impedir que conocimientos militares estadounidenses sean transferidos a posibles adversarios.
La investigación reveló que Brown no tenía avales oficiales ni permisos especiales para realizar programas de entrenamiento para fuerzas militares extranjeras y que, pese a ello, continuó ofreciendo sus servicios a través de canales considerados ilegales por las autoridades. Según las autoridades, estas prácticas aumentan la preocupación entre responsables de seguridad y defensa, quienes buscan contener cualquier fuga de conocimientos militares a otras potencias.
De esta manera, la acusación formal contra Brown se inscribe en una secuencia de medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense para impedir la transferencia de su tecnología militar y de conocimientos estratégicos a gobiernos extranjeros, poniendo énfasis en el potencial impacto adverso para la defensa del país y el equilibrio militar internacional. Tal como consignó el Departamento de Justicia, el caso servirá de precedente para operaciones similares y refuerza la vigilancia sobre actividades de antiguos miembros de las fuerzas armadas en contacto con otras naciones.
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