
La declaración del responsable de la Base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos, Córdoba, recogida por la Guardia Civil el 6 de febrero, ha sido determinante en las últimas medidas tomadas por la jueza encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertes y más de 120 personas lesionadas. Según informó Europa Press, dicho responsable reveló que recibió una orden verbal de un superior para extraer y trasladar cupones de raíl y soldaduras desde el lugar del siniestro hasta la base de mantenimiento, así como para realizar ensayos sobre ese material, acciones que se efectuaron en la noche y madrugada del 22 al 23 de enero.
De acuerdo con el medio Europa Press, la magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido de manera formal al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción o traslado del material vinculado a la investigación del accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz. La providencia, emitida el 10 de febrero, señala que este requerimiento surge tras la notificación por parte de la Guardia Civil sobre actuaciones de Adif en el lugar del incidente sin comunicación ni solicitud de autorización ante el juzgado.
La jueza exigió a Adif interrumpir toda clase de pruebas sobre el material extraído a menos que se cuente con autorización judicial previa. Asimismo, solicitó la restitución del material que permanezca en poder de la entidad ferroviaria, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales. Europa Press tuvo acceso tanto a la providencia como al informe remitido previamente por la Guardia Civil, donde se detalla una posible irregularidad cometida por personal de Adif.
La investigación recogida por Europa Press expone que estas acciones se llevaron a cabo cuatro días después del accidente del 18 de enero, sin informar ni solicitar permiso al juzgado encargado de la causa. El caso detalla cómo el 22 de enero el jefe de Área de Adif ordenó de manera verbal la retirada de diversos cupones de raíl, entre ellos piezas con soldaduras relevantes, para su envío a la base de mantenimiento. También figura que se realizaron ensayos de dureza sobre esos rieles, aunque no de carácter destructivo, según lo manifestado por el responsable de la base ante la Guardia Civil.
Entre los materiales extraídos por Adif se hallan soldaduras de especial interés para la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre las que se había solicitado autorización judicial específica, de acuerdo con la información de Europa Press. El 30 de enero, agentes de la Guardia Civil y personal de la CIAF acudieron a la zona del accidente en busca de nuevas mediciones en el bogie y eje del vagón 8 del tren Iryo, así como para efectuar comprobaciones en soldaduras. Durante dicha visita, constataron que los cupones con soldaduras relevantes habían sido trasladados a Hornachuelos.
El 2 de febrero, según consignó Europa Press, se remitió a Adif un correo electrónico explícito advirtiendo que cualquier intervención sobre las soldaduras requería de autorización previa. Posteriormente, el 3 de febrero, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba acudieron a la base de Hornachuelos para proceder al precinto de las soldaduras almacenadas y, al mismo tiempo, la CIAF pidió autorización para trasladar el cupón de raíl número 8, localizado en el área de obra y también precintado posteriormente.
El informe de la Guardia Civil divulgado por Europa Press añade que hasta el 28 de enero no se informó a Adif sobre la obtención de permiso para acceder a la zona del accidente y que no existía impedimento para iniciar las labores necesarias de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, lo que incluía el ingreso de maquinaria pesada. La Benemérita concluyó que personal de Adif realizó operaciones de extracción y traslado de material y efectuó pruebas sin la debida comunicación o solicitud de permiso judicial.
Respecto a las posibles causas del descarrilamiento, la Guardia Civil destacó como principales hipótesis la rotura del carril o el fallo en la soldadura. Europa Press indicó que otras causas barajadas en el informe preliminar incluyen deficiencias en componentes como traviesas, balasto, clips y otros elementos de la infraestructura ferroviaria; incidentes relacionados con la circulación del tren implicado o trenes anteriores, como la caída de piezas o enganches con infraestructuras; conductas negligentes en la conducción; así como la posibilidad de un acto de sabotaje o terrorismo, falta de prevención, mantenimiento insuficiente y el uso de materiales no apropiados. Las fuentes consultadas por Europa Press precisaron que el informe corresponde a un primer avance de las pesquisas realizadas y que de momento no se podía descartar completamente ninguna de las líneas de indagación.
En la hipótesis referida a un problema de infraestructuras, el informe citado señala que hubo rotura tanto en el riel como en la soldadura, aunque no se logró determinar cuál de los dos elementos falló primero. Se contempla la posibilidad de que el carril tenido un defecto de fabricación. Europa Press detalló que uno de los rieles involucrados llevaba la inscripción 'Ensidesa', del año 2023 y fabricado en acero de grado R350HT, para el sentido Madrid. El 26 de enero se exigió a Adif la información correspondiente al lote de rieles empleados en el tramo del accidente, reiterando dicha petición el 29 de enero.
El informe también apunta como posible causa del descarrilamiento la rotura de una soldadura que unía ese riel con otro instalado en 1989. Por este motivo, los investigadores solicitaron la identidad de los trabajadores responsables de realizar dicha soldadura, reiterando la petición días más tarde, según explicó Europa Press. Además, el 30 de enero se efectuó un reportaje fotográfico de otras soldaduras presentes en la zona. El 3 de febrero, todas las soldaduras retiradas por Adif y depositadas en la base de Hornachuelos se relacionaron y permanecieron bajo precinto judicial.
En fecha 4 de febrero se volvió a remitir a Adif la demanda del informe de soldaduras realizadas entre el kilómetro 316 y el 318 del tramo Guadalmez-Córdoba y la certificación que acredita que los operarios tenían habilitación para llevar a cabo dichos trabajos.
La instrucción del caso continúa conforme avanza la recopilación y análisis de material e información a disposición judicial. Europa Press ha ido recogiendo sucesivamente los pasos tomados desde la instrucción judicial, la labor investigadora de la Guardia Civil y la respuesta de Adif ante los requerimientos oficiales, detallando la relevancia de custodiar íntegramente cada elemento material relacionado con el accidente para garantizar el esclarecimiento de lo ocurrido en Adamuz.
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