Costa Rica desarticula banda de tráfico de migrantes en frontera con Nicaragua

Las investigaciones revelaron que la mayoría de las personas retenidas durante el operativo desempeñaban distintos roles dentro de la organización, incluido el de agentes policiales en activo. Entre los 54 arrestados, figuraron cuatro oficiales de la Fuerza Pública y un integrante de la Policía de Migración, quienes, según las indagaciones, proporcionaban apoyo logístico y datos a la red delictiva. Todas estas detenciones forman parte de una operación dirigida a desmembrar una estructura identificada como "Los Talibanes", dedicada al tráfico de personas, robos, tráfico de drogas y homicidio en las zonas limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua.

De acuerdo con la agencia EFE, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó a los medios que el martes se desplegaron 51 allanamientos distribuidos en la localidad fronteriza de Los Chiles, así como en Santa Rosa de Pocosol y en Aguas Zarcas, todas pertenecientes a la provincia de Alajuela. El objetivo de esta operación policial era la captura de 67 personas vinculadas a la organización criminal. El medio EFE detalló que hasta la fecha del informe se había concretado la detención de 54 sospechosos, incluyendo a los mencionados agentes públicos, señalados por haber colaborado con el grupo.

La estructura apuntaba a la captación y traslado de migrantes, sobre todo en el sector de Las Tablillas, un punto clave en las rutas de migración irregular entre Costa Rica y Nicaragua. Según lo expuesto por Soto y recogido por EFE, la red contactaba a personas en San Carlos, Nicaragua, a quienes ofrecían servicios para cruzar a Costa Rica de manera clandestina. Una vez en territorio costarricense, los migrantes eran transportados en vehículos privados o permanecían ocultos en viviendas habilitadas como casas de seguridad hasta organizar su llegada a destinos posteriores.

Las autoridades avanzaron en la investigación al comprobar hechos de violencia asociados al grupo. La organización, según la información proporcionada por el OIJ y publicada por EFE, habría asaltado a diversas personas migrantes durante sus desplazamientos ilegales y se le atribuye la muerte de un ciudadano nicaragüense de apellido Duarte, ocurrida en junio de 2025 cuando opuso resistencia a un ataque.

En términos económicos, el grupo generaba ganancias de cerca de 70 millones de colones al mes, equivalentes aproximadamente a 140.000 dólares, señaló la agencia EFE. El flujo financiero provenía de la movilización diaria de alrededor de 200 migrantes, una cifra que refleja la magnitud del tráfico irregular organizado entre ambos países.

El reporte de EFE precisó que la banda no seguía una estructura jerárquica tradicional con un solo líder, sino que estaba compuesta por diferentes colaboradores responsables de diversas tareas. Los roles abarcaron vigilancia de rutas y zonas de cruce, traslado de personas, coordinación interna, captación de migrantes, ocultamiento en viviendas y el suministro de información privilegiada proporcionada por funcionarios policiales.

La amplitud delictiva del grupo se extendía más allá de los hechos documentados en la frontera Nicaragua-Costa Rica. Según investigaciones del OIJ citadas por EFE, la organización facilitaba el cruce no solo de personas nicaragüenses, sino también del creciente número de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Asia y África. Estas personas formaban parte de los flujos migratorios que atravesaron Centroamérica en años recientes con destino principal en los Estados Unidos.

El operativo del OIJ se gestó tras meses de vigilancia y recolección de evidencia en las regiones fronterizas del norte de Costa Rica. Las acciones incluyeron la coordinación entre distintas instituciones policiales, la Policía de Migración y organismos judiciales con el fin de frenar la actividad ilícita asociada al tráfico de personas y delitos conexos como el robo y el homicidio en el marco de la compleja realidad migratoria de la región.

EFE añadió que la operación permitió identificar el funcionamiento interno de la red y la participación de funcionarios públicos entre sus colaboradores. Las autoridades consideraron estas capturas un paso relevante para frenar la expansión de actividades ilegales en las zonas limítrofes, recalcaron la magnitud de los flujos migratorios irregulares que atraviesan el país y la necesidad de estrategias continuas de investigación y cooperación institucional para enfrentar estos delitos.