La presencia reforzada de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los tribunales del distrito de West Kowloon marcó el nuevo episodio judicial en el que varias figuras del movimiento prodemocrático de Hong Kong han vuelto a enfrentar una decisión desfavorable. Según publicó la agencia Europa Press, el Tribunal de Apelaciones de Hong Kong confirmó las sentencias contra doce de los conocidos como los '47 de Hong Kong', quienes buscaban revocar o reducir sus condenas por cargos de subversión en virtud de la Ley de Seguridad Nacional implementada por el Gobierno central de Pekín.
Los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas de estos doce activistas, ratificando así el veredicto emitido en noviembre de 2024. Los condenados forman parte de un grupo de 45 activistas, legisladores y concejales procesados –de un total de 47 acusados– por su participación en unas primarias internas realizadas en 2020, previas a las elecciones generales de Hong Kong. De acuerdo con Europa Press, tanto los abogados defensores como observadores internacionales habían solicitado la revisión de los fallos argumentando la desproporcionalidad de las penas y la falta de garantías procesales en el contexto de la aplicación de la polémica Ley de Seguridad Nacional.
Según detalló Europa Press, la sentencia considera que las primarias celebradas por el movimiento prodemocrático constituyeron una “arma letal” utilizada para intentar obtener la mayoría en el Consejo Legislativo, con la finalidad de vetar los presupuestos estatales y de forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam. El tribunal concluyó que tales acciones encajaban con la figura de conspiración para cometer subversión, recogida en la normativa formulada por el Gobierno central chino y promulgada en Hong Kong en junio de 2020.
Las autoridades de Hong Kong han sostenido que la organización de las primarias y los planes derivados para bloquear el funcionamiento legislativo representaban un intento deliberado de desestabilizar al Gobierno. Europa Press recogió que la narrativa oficial plantea estos movimientos como parte de una estrategia coordinada para derrocar al Ejecutivo, conducta que la Ley de Seguridad Nacional equipara jurídicamente a la subversión del poder.
Desde la implementación de la nueva ley, el Gobierno local –respaldado por Pekín– ha ampliado considerablemente el espectro de delitos susceptibles de castigo, endureciendo las penas e intensificando la vigilancia sobre cualquier activismo político que sea percibido como hostil. Europa Press reportó que cerca de cien personas han sido detenidas desde la entrada en vigor de esta legislación, en un contexto que ha generado numerosas reacciones dentro y fuera de la región administrativa especial.
La decisión del tribunal llega tras meses de debate judicial en los que diversas voces nacionales e internacionales cuestionaron el uso de la Ley de Seguridad Nacional contra la disidencia política. Los acusados, entre los que se incluyen destacadas figuras del movimiento democrático, han enfrentado cargos exclusivamente vinculados a su implicación en el proceso de primarias opositoras. Dichos comicios internos tenían por objetivo seleccionar candidatos con mayor respaldo popular para los comicios generales, acción que las autoridades interpretaron como una conspiración para impedir el funcionamiento institucional.
Europa Press consignó que la defensa de los condenados adujo que la organización de primarias constituye una práctica habitual en regímenes parlamentarios y no vulnera, por sí misma, los principios de legalidad o la estabilidad del Ejecutivo. El tribunal desestimó estos argumentos, reiterando que la suma de acciones planificadas por el sector prodemocrático excedía el marco legal ordinario, encuadrándose en el propósito explícito de subvertir el orden político vigente.
El despliegue de agentes policiales en las inmediaciones de los juzgados evidenció la relevancia pública y política del caso. Europa Press detalló que el operativo pretendía disuadir posibles manifestaciones o concentraciones que pudieran surgir en apoyo a los condenados, muchos de los cuales han ocupado cargos públicos o lideraron movilizaciones sociales en años anteriores.
El fallo judicial ratificado por la instancia de apelación refuerza la aplicación estricta de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y consolida una tendencia marcada por la disminución del margen de acción del activismo político. De acuerdo con Europa Press, las sentencias forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración del espacio cívico y participativo en la región, bajo la supervisión directa del Gobierno central chino desde 2020.
Los datos aportados por Europa Press muestran que el caso de los '47 de Hong Kong' ha situado la región en el foco de atención internacional, dado que involucra a algunos de los más reconocidos exponentes de la oposición local. Hasta el momento, la estrategia oficial continúa enfocándose a prevenir cualquier intento de desestabilización institucional, incrementando tanto la presión judicial como el control sobre la sociedad civil organizada.
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