
La decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Colombia sostiene la condena de 35 años de prisión para Margareth Chacón, como autora intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en las playas de Barú en mayo de 2022. Según informó el medio que difundió la noticia, el alto tribunal considera que el recurso presentado por la defensa de Chacón carecía de fundamentos jurídicos válidos. El caso involucra además a otras siete personas que permanecen detenidas en relación con el homicidio.
De acuerdo con la información publicada, el Tribunal Supremo evaluó el recurso de apelación presentado por los abogados de Chacón, quienes alegaron que en la instrucción se habría ocultado el 85% de la información, lo que, según su argumento, imposibilitó una defensa adecuada. El tribunal desestimó este y otros planteamientos, argumentando que la apelación solo presentaba “hipótesis fácticas sin sustento jurídico” y señalaba supuestos errores legales basados en interpretaciones sin base en la doctrina o la legislación, además de emplear reproches que consideró no pertinentes para el proceso de casación.
Tal como consignó el medio, el arresto de Chacón se produjo después de que fue deportada por las autoridades de El Salvador. Su detención se realizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a principios de 2023. Un juez de garantías de la capital colombiana la remitió a prisión tras considerar suficientes las pruebas sobre su responsabilidad intelectual en el crimen que conmocionó al sistema judicial latinoamericano. Las autoridades salvadoreñas también arrestaron a un ciudadano nacional implicado en la asistencia logística para la ejecución del homicidio.
Según informó la misma fuente, la condena de Chacón se inserta en una investigación judicial activa en Colombia, donde las autoridades continúan con la detención preventiva de siete personas vinculadas al asesinato del fiscal Pecci. La sentencia refleja la posición del sistema judicial colombiano respecto al peso de los indicios recabados y la valoración de los planteamientos defensivos, los cuales fueron desestimados, según el fallo conocido.
El fiscal encargado de la instrucción, Mario Burgos, fue señalado por la defensa por presunta ocultación de información, un aspecto que, de acuerdo con la decisión judicial, no resultó probado en los términos necesarios para modificar la sentencia previa. El Tribunal Supremo subrayó que las críticas expuestas pertenecían más al ámbito litigioso que a aspectos formales revisables en la casación.
El asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 mientras pasaba unos días en Barú, impulsó varias detenciones y continúa bajo investigación en diferentes frentes, tal como reportó la publicación. Pecci, fiscal paraguayo, fue atacado mientras se encontraba en territorio colombiano, un hecho que atrajo la atención internacional sobre la seguridad de los funcionarios judiciales involucrados en procesos contra el crimen organizado. La continuidad de la causa, con múltiples implicados bajo custodia, mantiene la atención en el avance judicial y el esclarecimiento total de los hechos.
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