La aceleración en la contratación de perfiles laborales con habilidades especializadas en sostenibilidad refleja una transformación en el mercado laboral español, con un ritmo de crecimiento de un 48% por encima de otros empleos, según datos compartidos por LinkedIn y recogidos en el Informe Anual Ofiso 2026. Este impulso en la demanda subraya la consolidación de la financiación sostenible en España, que cerró 2025 con un volumen de 76.968 millones de euros, un incremento del 17% en comparación con el año anterior y que posiciona a este mercado en una fase de madurez y racionalización, según informó Ofiso.
Tal como detalló el medio en su informe, las operaciones de préstamos, créditos y otros instrumentos de financiación bancaria con características sostenibles concentraron el 57% del volumen total en 2025, alcanzando los 43.991 millones de euros tras registrar un crecimiento interanual del 21%. La mayoría de estos fondos se canalizaron a través de préstamos ligados a objetivos sostenibles (SLL), que se han afianzado como una de las bases del segmento financiero sostenible español.
De acuerdo con lo consignado por Ofiso, la emisión de bonos sostenibles en el país alcanzó los 21.732 millones de euros, lo que supone una disminución del 10% respecto a 2024, aunque todavía representa el 28% del conjunto de la financiación sostenible. Dentro de este apartado, los bonos verdes concentraron la mayor parte, con 15.308 millones de euros, mientras que los bonos sociales registraron 1.502 millones de euros y los bonos sostenibles otros 4.700 millones. Los bonos ligados a la sostenibilidad o SLB apenas superaron los 220 millones en volumen. Programas de pagarés y papel comercial verde o vinculado a sostenibilidad, así como la captación de nuevo capital por parte de empresas mayoritariamente sostenibles, completaron el 15% restante del mercado.
En términos de impacto ambiental, el informe presentado por Ofiso señala que los proyectos financiados con bonos verdes emitidos en 2024 sirvieron para evitar la emisión de 9,05 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con los reportes de impacto publicados durante 2025.
Respecto al panorama de emisores, el Reino de España figura en el primer lugar durante 2025 al colocar más de 3.050 millones de euros, seguido en el ranking por Iberdrola, con 2.150 millones, y CaixaBank, con 2.000 millones. También tienen un papel relevante en la emisión de instrumentos sostenibles BBVA, Crédit Agricole, Redeia, Naturgy, ING, Deutsche Bank y el Gobierno Vasco, que han reforzado sus compromisos en sostenibilidad, financiación e inversión responsable.
En cuanto al sector de la intermediación financiera, Crédit Agricole lideró la clasificación en 2025 con una cuota del 9,8%, apenas por delante de BBVA, que ostenta el 9,7%, y CaixaBank, con el 8,7%, según publicó el informe de Ofiso.
El documento sitúa la cuota de la financiación sostenible sobre el mercado español de bonos, sin contar los títulos emitidos por el Tesoro Público, en el 19%, una cifra levemente superior a la alcanzada en 2024. A nivel global, en 2025 las emisiones de bonos sostenibles totalizaron 784.362 millones de euros: de esa cantidad, 464.355 millones correspondieron a bonos verdes, 115.868 millones a bonos sociales, 175.128 millones a bonos sostenibles y 8.226 millones a bonos de transición.
El informe de Ofiso resalta avances regulatorios internacionales, entre ellos el denominado ‘Paquete Omnibus’ de la Unión Europea, que modifica y simplifica la normativa medioambiental manteniendo los objetivos climáticos. También se reseñan las resoluciones de la COP30, como el plan para que el 90% de la nueva capacidad eléctrica mundial sea de origen renovable y la propuesta de una ‘Supertaxonomía’ como marco común para los lenguajes regulatorios. Asimismo, se apunta al acuerdo alcanzado en la COP16 de Biodiversidad, celebrada en Roma en 2025, que estableció el primer plan global para financiar la conservación de la naturaleza y avanzar en la aplicación del Marco Global de Biodiversidad.
Según reportó Ofiso, la financiación sostenible extiende su alcance más allá de la lucha contra el cambio climático, abarcando también proyectos para la descarbonización de sectores productivos de alta intensidad como la aviación, el transporte marítimo, la industria del acero o del cemento. El enfoque también se ha ampliado a retos económicos y sociales como el acceso a la vivienda, la movilidad eficiente, el turismo sostenible y la reducción de la contaminación en entornos urbanos.
En el ámbito laboral, el estudio cita que la contratación de profesionales con perfiles ligados a competencias sostenibles creció un 5,5% en España, y la proporción de estos empleos fue un 48% más elevada que la del resto de las contrataciones, según los datos aportados por LinkedIn. Este fenómeno acompaña el avance de la financiación sostenible en el país, de acuerdo con los datos recogidos en el informe.
Sobre los mercados de carbono, el análisis de Ofiso prevé una recuperación paulatina, al detectarse una ampliación de las primas para proyectos considerados de mayor calidad y una mejoría en la credibilidad del mercado tras la crisis de confianza registrada en años previos.
De cara a 2026, las proyecciones de Ofiso señalan una tendencia hacia la estabilización de los volúmenes de financiación sostenible, en vísperas de 2030, que constituye el primer gran hito vinculante del Acuerdo de París. Según Moody’s, los bonos de transición podrían alcanzar hasta 40.000 millones de dólares en emisiones para ese año, casi el doble que en 2024. Las previsiones de Ofiso recogen un papel creciente del Banco Central Europeo en la evaluación de riesgos financieros relacionados con el clima, una expansión de la financiación sostenible hacia las pequeñas y medianas empresas a través del MARF y los pagarés sostenibles, así como un uso cada vez mayor de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial para mejorar la trazabilidad, la calidad de información ESG y la lucha contra el lavado de imagen verde (‘greenwashing’). El informe anticipa también un escenario donde los litigios climáticos adquieren mayor relevancia como instrumento de presión regulatoria y social.
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