
El traslado temporal de cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria a una nueva unidad tras recibir una denuncia interna marca uno de los puntos centrales en la investigación en desarrollo, según comunicó la Consejería de Seguridad del Gobierno regional. La medida busca asegurar que estos mandos no coincidan con la agente denunciante en los mismos turnos mientras se clarifican los hechos expuestos.
Según publicó la Consejería de Seguridad, la agente implicada presentó una denuncia formal contra estos cuatro superiores. Los denunciados han sido citados por el Tribunal de Instancia Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria para declarar en calidad de investigados. Las citaciones oficiales llegaron al correo del cuerpo policial el 10 de febrero y fueron derivadas a la Unidad de Planificación a Asuntos Internos.
De acuerdo con la información detallada por la Consejería, fue el 13 de febrero cuando Asuntos Internos propuso la apertura de una información reservada enfocada en la recopilación de datos y documentación sobre el caso. Este procedimiento administrativo se suma a la instrucción judicial abierta, aunque por el momento no se han especificado los posibles delitos que motivaron la medida ni los detalles exactos de la denuncia.
La Dirección General de Seguridad indicó, según reportó la Consejería, que la separación provisional de los mandos tiene como objetivo evitar cualquier contacto entre las partes mientras avanza la investigación interna y judicial. Esta medida incluye la reubicación de los implicados y la reorganización de horarios laborales para impedir coincidencias con la denunciante, un protocolo habitual en situaciones que involucran denuncias internas que pueden afectar la convivencia profesional y la imparcialidad de las indagaciones.
El expediente reservado en curso explora específicamente los hechos mencionados en la queja presentada por la agente, la cual involucra presuntamente a otros agentes del mismo cuerpo. La autoridad regional subrayó, según consignó la Consejería, que solo hay información parcial hasta el momento y que el propio Gobierno de Canarias podría valorar personarse en el procedimiento judicial si los hechos imputados pudieron ocurrir durante el ejercicio del servicio policial.
El proceso abierto supone la colaboración conjunta entre el área administrativa de la Consejería de Seguridad y el ámbito judicial, quien ha citado a los cuatro mandos para clarificar el alcance de las conductas denunciadas. El traslado de los mandos se ejecutó de modo inmediato tras recibir las citaciones de la autoridad judicial y busca preservar la normalidad en el funcionamiento de la unidad policial mientras se esclarecen los hechos.
La Consejería regional detalló que el caso sigue bajo evaluación y se mantiene el contacto permanente con la Unidad de Planificación a Asuntos Internos. El desarrollo de los acontecimientos dependerá de la información que pueda recopilarse mediante la información reservada y las diligencias judiciales posteriores. El Gobierno autonómico permanece atento a la evolución de las pesquisas, sin descartar el refuerzo de medidas institucionales conforme avancen las investigaciones.
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