Igualdad alerta de que alejamiento de menos de 350 metros dificulta la protección de víctimas de violencia machista

La Sala Cometa había recomendado el pasado 8 de enero aumentar la distancia mínima de las órdenes de alejamiento a 350 metros, buscando así dotar de un mayor margen de actuación tanto a este sistema como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Según informó Europa Press, fuentes del Ministerio de Igualdad liderado por Ana Redondo señalaron que actualmente las restricciones que fijan un perímetro inferior dificultan la protección eficaz de las víctimas de violencia machista, ya que la capacidad de reacción ante riesgos se ve limitada.

El medio Europa Press reportó que el Ministerio de Igualdad ha decidido solicitar formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que se garantice la efectividad del Sistema Cometa, responsable del seguimiento electrónico de agresores con pulseras, mediante el establecimiento de distancias de alejamiento que no sean menores a esos 350 metros. Esta petición se realizará a través de una carta remitida por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en la que se aborda la problemática causada por órdenes de distancias inferiores, que según las autoridades, no permiten un tiempo de respuesta adecuado.

La preocupación surge tras el análisis de varios casos recientes, entre los que destaca el ataque perpetrado en Ibiza el domingo anterior, donde una mujer de 31 años resultó gravemente herida tras una agresión por parte de su expareja, quien tenía vigente una orden de alejamiento de 100 metros. En ese incidente, también sufrieron lesiones la madre y la hermana de la víctima. El Ministerio de Igualdad remarcó, según publicó Europa Press, que el sistema de monitoreo telemático funcionó correctamente, señalando que todas las señales y notificaciones se registraron y enviaron conforme a los protocolos. No obstante, consideraron insuficiente la distancia de 100 metros para garantizar un margen razonable de reacción y prevención.

Fuentes consultadas por Europa Press enfatizaron que el sistema de control telemático requiere un mínimo de 350 metros de exclusión para operar en condiciones óptimas. Una distancia inferior, según explicaron, hace "muy complicada" la labor preventiva, pues el tiempo de llegada de las FCSE podría no ser suficiente para intervenir antes de que la víctima sufra daños.

El Ministerio de Igualdad también detalló, según recogió Europa Press, que en numerosas ocasiones los domicilios de los inculpados coinciden con el área de exclusión, lo que genera "continuas alarmas" tanto para las fuerzas de seguridad como para las propias víctimas, tensionando el sistema operativo y dificultando la gestión y respuesta eficiente. Consideran necesario que el juez valore el lugar de residencia del encausado para delimitar zonas de protección más efectivas.

Adicionalmente, Igualdad notificará al CGPJ y a la Fiscalía acerca de un mal uso recurrente de los dispositivos de control por parte de los infractores y sobre los frecuentes incumplimientos de las obligaciones judiciales asociadas a estas medidas. En la carta, el Ministerio subraya que "siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena", aunque reconoce que en la realidad "no siempre se hace", razón por la cual se exige endurecer la exigencia de responsabilidades civiles por cualquier daño causado durante el incumplimiento de estas órdenes.

Otra de las preocupaciones que el Ministerio trasladará tiene que ver con las deficiencias de cobertura en ciertas zonas donde residen o se mueven tanto el agresor como la víctima. Estas limitaciones técnicas, según especifica Igualdad citada por Europa Press, imposibilitan la monitorización permanente de las posiciones, lo que afecta negativamente al funcionamiento global del sistema Cometa y amenaza la seguridad de las personas protegidas.

Según recogió Europa Press, la Fiscalía General del Estado señaló en su memoria anual de 2024 la existencia de "múltiples fallos" detectados en los dispositivos telemáticos utilizados para hacer cumplir las órdenes de protección. Esta valoración se conoció públicamente en septiembre del año anterior. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad coincidieron entonces en asegurar que, a pesar de los fallos, la protección de las víctimas se había mantenido.

El Ministerio de Igualdad, según la cobertura de Europa Press, considera prioritario que las autoridades judiciales y fiscales refuercen el respaldo legal y operativo al sistema Cometa, ajustando las distancias mínimas de restricción para compensar los límites técnicos y operativos detectados en situaciones de riesgo elevado.