El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos

La normativa recién implementada en Venezuela concede a las personas opositoras que se encuentran fuera del país la posibilidad de ser representadas legalmente por abogados de su elección durante el proceso de solicitud de amnistía. Esta disposición también especifica que no podrán ser detenidas mientras la solicitud permanezca en trámite, según publicó la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta garantía forma parte de los esfuerzos institucionales recientes para regular el proceso de aplicación de la ley de amnistía dirigida a presos políticos, procurando resguardar los derechos legales de quienes se encuentran lejos del territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida por la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano ha dispuesto la conformación de una comisión especial encargada de supervisar el cumplimiento de la nueva ley de amnistía para presos políticos. El medio reportó que Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, ya ha firmado la normativa, lo que formaliza su vigencia a nivel nacional. Además, este mecanismo de seguimiento, presidido por el diputado Jorge Arreaza, se dividirá en áreas específicas y mantendrá una metodología enfocada en el funcionamiento pedagógico a fin de facilitar la comprensión del proceso a la población, según el comunicado oficial.

La ley aprobada establece que las personas beneficiarias de la amnistía deben realizar una presentación formal ante las autoridades nacionales, requisito aplicable tanto a quienes se encuentran en el país como a las que optaron por el exilio. Para quienes residen en el extranjero, la normativa otorga la opción de representación por abogados o abogadas de su confianza, eliminando así posibles obstáculos derivados de su ausencia física durante la tramitación del procedimiento, según consignó la Asamblea Nacional.

Otro aspecto relevante de la ley, detallado en el comunicado de la Asamblea Nacional difundido este viernes, reside en la prohibición de detención de quienes estén autorizados a tramitar su solicitud bajo el amparo de la amnistía. Este resguardo jurídico aplica durante todo el período en el que se evalúe el caso individual ante las instituciones competentes, limitando la aplicación de medidas privativas de libertad contra estas personas mientras se define su situación procesal.

El diputado Jorge Arreaza, al frente de la comisión de consultas sobre la ley, indicó que el trabajo de seguimiento tendrá una estructura organizada por áreas temáticas, con el objetivo de garantizar el entendimiento público de todos los pasos y requerimientos que supone el acceso a la amnistía. Según publicó la Asamblea Nacional, la comisión busca esclarecer las dudas que puedan surgir tanto entre las familias de los beneficiarios como en el conjunto de la sociedad civil.

Esta iniciativa legislativa fue anunciada públicamente a finales de enero por Delcy Rodríguez, quien en ese momento ocupaba el cargo de ‘número dos’ en la administración de Nicolás Maduro. Rodríguez permanece actualmente detenida en una prisión en Nueva York, tras haber sido capturada por autoridades estadounidenses en el marco de una operación sobre Caracas y sus alrededores, realizada a principios de 2026, según consignó la Asamblea Nacional.

La promulgación y puesta en marcha de la ley de amnistía surge en un contexto marcado por la presencia de opositores venezolanos encarcelados y por las demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han solicitado el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las garantías procesales para los beneficiarios, según reportó la Asamblea Nacional. El establecimiento de una comisión dedicada monitorear la implementación de la norma responde a la preocupación por la transparencia y la adecuada ejecución de la política de amnistía.

El comunicado oficial resaltó que tanto la representación letrada en ausencia como la prohibición de detención durante la tramitación constituyen elementos destinados a facilitar el acceso real a la amnistía y a evitar represalias o acciones restrictivas mientras se decide el reconocimiento de los derechos previstos en la nueva ley.

La ley de amnistía y el mecanismo de supervisión creado por la Asamblea Nacional representan las más recientes características institucionales implementadas tras los acontecimientos políticos que han tenido en el centro de atención a la dirigencia opositora y a figuras vinculadas a procesos judiciales en Venezuela. El seguimiento legislativo busca garantizar que el proceso sea comprensible y accesible para todas las personas alcanzadas por la nueva normativa, según reportó la Asamblea Nacional.