La UCO detiene a Rafael Pineda por la operación urbanística de la parcela de Emvisesa en Pino Montano

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó que una parcela ubicada en Pino Montano permaneció sin adjudicar durante varios años como resultado de su alto valor y la presencia de tres inquilinos en el terreno. Ese informe fue recibido por el Ayuntamiento de Sevilla, según detalló Europa Press, e impulsó una investigación interna sobre el proceso de enajenación y venta posterior de ese bien municipal.

La Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a al menos cinco personas en el marco de esta operación, entre ellas a Rafael Pineda, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Según reportó Europa Press, la investigación judicial se centra en presuntas irregularidades en una operación urbanística que involucró la venta de una parcela propiedad de Emvisesa, la empresa pública de la vivienda de Sevilla, situada en la zona de El Higuerón, en el barrio de Pino Montano.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla lidera esta investigación, que tomó notoriedad tras una denuncia relacionada con el proceso de subasta pública que buscaba enajenar la mencionada parcela. Las diligencias se ampliaron a empleados de Emvisesa después de que el Ayuntamiento recibiera un informe de la UCO que señalaba la participación de personal municipal en una dinámica descrita como “desierta y continuada” respecto a la venta del terreno. El citado documento también indica que uno de los trabajadores de la empresa habría recibido más de 78.000 euros, lo que elevó las sospechas sobre su papel como responsable en la operativa investigada.

En el informe de la UCO, consignado por Europa Press, se hace referencia al motivo por el que la parcela de Pino Montano no atraía compradores: el precio considerado elevado y la existencia de tres ocupantes, puntos que fueron constatados ya en 2017, durante la administración municipal liderada por Juan Espadas del PSOE. En este contexto, el delegado de Urbanismo de Sevilla, Juan de la Rosa, explicó al medio que la tasación solicitada sobre la parcela reflejó una reducción de valor precisamente por la presencia de estos inquilinos, lo que condicionaba la venta.

Europa Press recoge una declaración de Juan de la Rosa, quien aseguró que se recibió una tasación de 1,8 millones de euros y, posteriormente, los inquilinos adquirieron la parcela y lograron venderla cinco meses después por casi cuatro millones de euros, incremento señalado como un factor sospechoso en el caso. El Ayuntamiento tramitó su personación en las diligencias judiciales el 20 de octubre pasado, tras levantarse el secreto de sumario, a través de Emvisesa.

La investigación interna municipal comenzó en noviembre, añade Europa Press, periodo en el que el Ayuntamiento decidió la suspensión de empleo para uno de los trabajadores de la mencionada empresa pública después de acceder al informe policial. La actuación institucional buscaba esclarecer la posible implicación de personal propio en la venta y las gestiones posteriores de la parcela, al tiempo que reconocía el problema derivado de varios años sin adjudicación.

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del Partido Popular, manifestó que durante los últimos ocho años bajo la gestión del PSOE apenas se construyeron 83 viviendas de protección oficial en la ciudad. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Sanz vinculó estos datos a una supuesta falta de prioridad en la construcción de vivienda pública frente a otros intereses.

Por su parte, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla subrayó a Europa Press que, tras revisar el expediente correspondiente a la operación urbanística en Emvisesa, concluyó que todo el procedimiento se ajustó a la legalidad en todo momento. Esta postura se mantiene desde el inicio de la difusión pública del caso, y el partido ha defendido la integridad del proceso.

La investigación de la Guardia Civil pertenece a una serie de operativos dirigidos a esclarecer y, en su caso, perseguir supuestas irregularidades administrativas y urbanísticas en la enajenación de bienes públicos. Las diligencias continúan bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que determinará las posibles responsabilidades penales de los implicados en la operación y la legalidad de los pasos administrativos dados por las partes vinculadas tanto a Emvisesa como al gobierno local anterior.

El desarrollo de la causa también motivó la actuación de la empresa pública de viviendas como parte personada en el proceso judicial, ampliando así el alcance de la investigación más allá de la esfera política para cubrir la gestión corporativa municipal. Europa Press informó que las indagaciones se focalizan en la secuencia que permitió la rápida reventa de la parcela, la valorización súbita de la misma y la distribución de cargos y retribuciones durante todo el proceso.