
En el reciente paquete de sanciones anunciado desde Kiev, al menos 27 embarcaciones ya figuraban en listas restrictivas elaboradas por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Suiza, según la información oficial publicada por la oficina presidencial ucraniana. A pesar de que estos barcos ya enfrentaban ciertos límites internacionales, Ucrania identificó otros 64 buques implicados en maniobras similares. Las autoridades ucranianas sostienen que resulta fundamental que estas nuevas sanciones logren efectiva aplicación sobre la totalidad de la flota presuntamente involucrada en facilitar el comercio de hidrocarburos rusos durante la actual ofensiva militar.
De acuerdo con el comunicado difundido por el gobierno de Ucrania, citado por Europa Press, el presidente Volodimir Zelenski declaró la adopción de nuevas restricciones contra otros 91 buques asociados con la denominada 'flota fantasma' rusa. Estas embarcaciones estarían especializadas, según las investigaciones, en el transporte de crudo y productos derivados del petróleo desde puertos estratégicos de Rusia, como Novorossíisk, Ust-Luga y Primorsk, hacia destinos en terceros países. Ucrania sostiene que la finalidad de estas operaciones marítimas radica en eludir las limitaciones existentes promulgadas por la Unión Europea, el Grupo de los Siete (G7) y varios estados adicionales tras el inicio de la invasión a gran escala.
El informe oficial ucraniano, citado por diversos medios internacionales, detalla que el señalamiento de estos buques proviene del análisis de sus itinerarios y movimientos operativos en el mar Negro, el mar Rojo y el mar Báltico. Los registros apuntan a que los barcos objeto de las nuevas sanciones navegaban bajo los pabellones de aproximadamente veinte países. Entre estas banderas se encuentran las de Panamá, Liberia, Camerún, Barbados, Sierra Leona, Togo, Guinea, Indonesia, Yibuti y Guyana, entre otras. Cada uno de estos estados será informado respecto a los hallazgos recabados, según la Presidencia ucraniana, que también prevé coordinar la acción sancionatoria con socios internacionales para lograr una mayor sincronización jurídica.
Las autoridades de Kiev han explicado, conforme consignó Europa Press, que la 'flota fantasma' constituye una prioridad dentro de su política de sanciones, ya que consideran que el transporte clandestino de hidrocarburos rusos representaría uno de los mecanismos esenciales mediante los cuales Moscú sigue generando ingresos vitales para financiar su campaña militar. El comunicado puntualizó la necesidad de aplicar “la máxima presión posible” sobre todos aquellos intermediarios y agentes navieros que permitan la continuidad de este flujo comercial, orientado a sortear las barreras impuestas tras las decisiones tomadas por Occidente. La Presidencia ucraniana remarcó que cualquier navío involucrado en estos viajes debe interpretarse como un mecanismo activo de financiamiento para los preparativos militares rusos.
El comisionado de la Presidencia ucraniana para la Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk, sostuvo en declaraciones recogidas por Europa Press que la “naturaleza clave” de los barcos sancionados reside en su utilidad para circunvalar los controles económicos internacionales. Vlasiuk expresó que la imposición de sanciones “debe implementarse sin excepción alguna”, subrayando que cada barco de la lista merecería una inspección y sanción individualizada debido a su presunta contribución directa a la obtención de fondos para la guerra.
Por su parte, el gobierno de Ucrania se comprometió a intercambiar información actualizada con los estados bajo cuyas banderas operan estos buques, invitando a una cooperación más estrecha para evitar lagunas legales que permitan replayar o renombrar las embarcaciones y así eludir las restricciones. Asimismo, las autoridades subrayaron la importancia de unificar criterios y enfoques en el marco de las distintas jurisdicciones internacionales, reforzando la presión multilateral para desalentar las operaciones financieras ligadas al sector energético ruso.
Según Europa Press, la sanción sobre estos 91 barcos refuerza el conjunto previo de medidas restrictivas impulsadas por Ucrania y sus aliados para frenar la capacidad del gobierno ruso de sostener su ofensiva militar a través del comercio global de petróleo y sus derivados. El gobierno ucraniano persigue además que otros actores, tanto estatales como privados, comprendan las consecuencias de colaborar en este circuito de transporte, enfatizando que el contexto bélico hace especialmente relevante trazar y sancionar el movimiento de hidrocarburos que contribuye al esfuerzo de guerra de Rusia.
Al mismo tiempo, Kiev advirtió que mantendrá el monitoreo y la recopilación de información sobre los movimientos portuarios y marítimos sospechosos, reafirmando su intención de continuar promoviendo nuevas sanciones conforme avance la identificación de buques y empresas asociadas con las redes de tráfico energético ruso. Este enfoque, según lo expuesto por la administración ucraniana y reproducido por Europa Press, busca acentuar las dificultades logísticas y financieras para la economía de guerra rusa.
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