Xunta firma con UU.AA. y Asaga una declaración con "exigencias y compromisos" frente a Mercosur

La implementación inmediata de un observatorio de precios en Galicia, sin fecha concreta de puesta en marcha, se perfila como una de las próximas medidas que pretende adoptar el gobierno autonómico para hacer un seguimiento más preciso de los posibles efectos derivados del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, enfocado en proteger a los productores locales frente a fluctuaciones de mercado y competencia exterior. La noticia principal es la firma de una declaración conjunta por parte de la Xunta de Galicia, Unións Agrarias (UU.AA.) y Asaga, orientada a establecer nuevos controles y reforzar la protección del sector agrario ante las posibles consecuencias del referido acuerdo, según publicó el medio Europa Press.

La declaración, descrita por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, suma “exigencias” para la aplicación estricta de las llamadas cláusulas de salvaguarda y recoge “compromisos” concretos que la Xunta se responsabiliza a cumplir, en previsión de un eventual impacto negativo del tratado de libre comercio. El documento, suscrito tras una reunión celebrada entre responsables de la Xunta, UU.AA. y Asaga, será trasladado a la conferencia sectorial en Madrid, según consignó Europa Press. El Sindicato Labrego Galego (SLG), crítico con el tratado y opuesto al mismo, no participó ni asistió a la reunión.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, declaró ante periodistas que la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la defensa de las cláusulas de salvaguarda resultan “fundamentales” para el ejecutivo autonómico, puesto que “Galicia se juega muchísimo”. Rueda insistió en que el acuerdo con Mercosur debería quedar condicionado a la aplicación total de estos mecanismos de protección desde el inicio, e insistió en trasladar dichas demandas a instancias europeas. Según puntualizó Europa Press, el mandatario aseguró que las “prevenciones” y “recelos” expresadas por el sector agrario cuentan con fundamento suficiente a ojos del Ejecutivo gallego.

Entre las medidas desgranadas por la conselleira de Medio Rural, la Xunta exigirá a las instituciones europeas y al Ministerio de Agricultura un plan “reforzado y verificable” de controles en frontera, con auditorías en origen, al objeto de garantizar que únicamente accedan al mercado europeo productos que cumplan los requisitos legales. Según declaró Gómez, tanto Europa como el ministerio deben mostrar un compromiso robusto, proponiendo planes específicos para controlar el ingreso de productos importados, de acuerdo con el reporte de Europa Press.

El texto también plantea que las autoridades actúen ante cualquier indicio de daño localizado, por ejemplo en Galicia, sin necesidad de aguardar a que la problemática alcance la escala europea para intervenir. En tal sentido, la declaración solicita que, ante la sospecha de algún incumplimiento, el Ejecutivo central remita cualquier problemática a la Comisión Europea de forma inmediata.

Dentro de sus competencias, la Xunta activará nuevos controles reforzados sobre las importaciones, y prevé la constitución de una comisión interdepartamental encargada del seguimiento y coordinación, dado que la situación involucra a varios departamentos del gobierno gallego. Asimismo, anunció el impulso de estrategias de promoción enfocadas en productos como la carne de vacuno certificada, en una apuesta por fortalecer las marcas locales ante la competencia internacional, según describió el medio.

Roberto García, líder de Unións Agrarias, subrayó que la postura ofrecida por la Xunta facilita establecer desde el ámbito autonómico mecanismos como el mencionado observatorio de precios y el seguimiento sistemático de los productos procedentes de los países de Mercosur, lo que permitirá una reacción ágil y una activación rápida de las cláusulas de protección cuando las circunstancias lo requieran. García reflexionó que “todo cambio relevante genera incertidumbres”, pero matizó que, al analizar datos específicos, el uso de herramientas adecuadas evitaría una alarma injustificada y permitiría explorar eventuales oportunidades de apertura comercial sin complejos.

En una línea similar, Francisco Bello, representante de Asaga, reconoció la existencia de inquietud en el sector, aunque la atribuyó a la circulación de información parcial relacionada con la producción y el comercio entre ambas regiones. Desde su perspectiva, Galicia se sitúa en una posición adelantada mediante la suscripción de esta declaración proactiva.

Respecto al debate sobre la futura PAC, la conselleira María José Gómez detalló que la Xunta lleva meses avanzando en una postura común junto con Unións Agrarias, Asaga y también el Sindicato Labrego Galego, cuyo acuerdo emergió del Consello Agrario y está previsto para someterse a aprobación definitiva en una próxima reunión. Sobre esta cuestión, la titular del departamento rural señaló que “lo más fácil sería adoptar posturas maximalistas y populistas como otros partidos, pero no sería lo más responsable” en el contexto del acuerdo con Mercosur.

De acuerdo con Europa Press, la Xunta insistió en la necesidad de asegurar medidas preventivas eficaces y protocolos de intervención inmediata ante potenciales afectaciones específicas al sector gallego, reiterando el valor estratégico de mantener las salvaguardas plenamente activas y de trasladar estas reclamaciones y condiciones a los responsables políticos europeos y estatales en todas las fases del proceso de negociación y aplicación del acuerdo comercial.