El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

La inclusión de modificaciones en el proyecto de ley de amnistía, con el objetivo de facilitar la reintegración de las personas beneficiadas en la vida pública y promover la convivencia democrática, no fue suficiente para destrabar el debate parlamentario que se llevó a cabo en Venezuela. La Asamblea Nacional aplazó la votación del texto que pretende otorgar amnistía a los presos políticos, quedando suspendida hasta la próxima semana por falta de consenso en torno a un artículo clave. Según informó el medio, el principal punto de conflicto se centró en la exclusión de exiliados y en la exigencia de que quienes reciban el beneficio legal deban “ponerse a derecho”.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el proyecto de ley presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez logró la aprobación unánime de seis de sus artículos, mientras que el séptimo fue el origen del desacuerdo entre los legisladores. Este artículo establece que para que una persona pueda recibir el beneficio de la amnistía, debe encontrarse “a derecho” o, en caso contrario, someterse a las autoridades tras la entrada en vigor de la legislación. Esta redacción generó polémica, ya que parte de la oposición considera que al hacerlo, los beneficiarios estarían admitiendo culpabilidad por delitos que rechazan haber cometido.

El diputado Luis Florido, integrante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, argumentó que el texto “sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable”. Según consignó el mismo medio, Florido insistió en que no resulta admisible que los exiliados o perseguidos políticos deban declararse responsables de acciones que considera que no corresponden a delitos reales. Esta situación tensó la discusión entre los bloques parlamentarios, especialmente entre aquellos que propugnan una aplicación inclusiva y expansiva de la amnistía.

La diputada opositora Nora Bracho propuso que la ley debe contemplar a todas las personas que han sufrido persecución política, ya sea en forma de exilio, prisión o restricciones, sin que se les exija someterse previamente a un proceso judicial que implique admitir responsabilidad. Ante el impasse y el incremento de las diferencias, Bracho solicitó el diferimiento del artículo en disputa, lo que finalmente llevó a la postergación de la votación sobre el proyecto de ley completo.

El medio detalló que durante la sesión legislativa, se introdujeron ciertos ajustes en la propuesta de la ley. Entre ellos, la ampliación de los objetivos, enfocándose en facilitar la reincorporación de los beneficiados en la vida activa del país y consolidar un clima de paz y democracia. Estos cambios no lograron disipar las reservas de quienes reclaman el respeto a los derechos de los exiliados y la no criminalización de la protesta y la disidencia.

En paralelo a estas deliberaciones, la Universidad Central de Venezuela fue escenario de manifestaciones estudiantiles. Los participantes reclamaron la liberación de todos los presos políticos, la aprobación de una amnistía de aplicación total y el respeto de las garantías judiciales. Según reportó el medio, las protestas buscaron visibilizar la demanda de un marco legal que no excluya a ningún afectado por medidas de persecución e insisten en la transición hacia un sistema democrático efectivo en el país.

La ley de amnistía en discusión, según explicó el medio, amplía su alcance a personas presuntamente involucradas en hechos tipificados como delitos ligados a movilizaciones o actividades políticas, siempre y cuando se sometan al requisito legal de ubicarse “a derecho” ante las autoridades. Esta condición ha sido criticada tanto por sectores de la oposición parlamentaria como por colectivos ciudadanos, que la interpretan como una barrera para el retorno y la rehabilitación política plena de exiliados, ex presos y opositores perseguidos.

El debate sobre la definición de los alcances de la amnistía y el tratamiento legal de los exiliados revela la fragmentación existente en el Parlamento venezolano frente a leyes clave para el futuro político del país. Según información publicada por el medio, la próxima semana se prevé retomar la discusión, con la expectativa de que las partes logren superar las divergencias en torno al artículo séptimo y avanzar en la aprobación del texto definitivo.

Mientras tanto, la presión social encabezada por organizaciones estudiantiles y agrupaciones defensoras de derechos humanos continúa incrementando el reclamo por soluciones integrales, la libertad de los presos políticos y la garantía de derechos básicos para víctimas de persecución política en el contexto venezolano.