FSS-CCOO califica la Ley de Gestión Pública como "avance histórico" y reclama blindar la sanidad con "más garantías"

La previsión de un informe estatal que evalúe las distintas fórmulas de gestión sanitaria desde 1997 representa, para el sindicato FSS-CCOO, una herramienta fundamental para realizar un análisis detallado sobre los efectos de los modelos privatizadores en términos de equidad, calidad y eficiencia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este contexto, el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, presentado por el Ministerio de Sanidad, fue considerado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO como un avance significativo, aunque subraya la importancia de ampliar las garantías para blindar la sanidad pública y asegurar condiciones de empleo de calidad. Tal como recogió el medio, FSS-CCOO calificó el texto del Gobierno como un “avance histórico”, aunque pidió cerrar vacíos legales que podrían permitir la continuidad de modelos privatizadores.

Según informó FSS-CCOO y recogió el medio de origen, la propuesta legislativa incorpora elementos que la organización considera muy relevantes para cambiar el rumbo de la gestión sanitaria pública. Destacan la derogación expresa de la Ley 15/1997, norma que posibilitó la implantación de nuevas formas de gestión en el sector y sirvió de base para la implantación de concesiones, iniciativas de financiación privada (PFI) y otros mecanismos asociados a la privatización del sistema. El sindicato reconoció que la eliminación de esta ley configura una base legal para fortalecer la administración directa de los servicios públicos de salud.

Dentro de los aspectos principales valorados por FSS-CCOO, la declaración de la gestión directa como la forma preferente para la administración de centros y servicios del SNS figura como uno de los cambios más destacados. La gestión indirecta, o externalización de servicios a entidades privadas, queda relegada a una opción excepcional, sujeta a regulaciones estrictas y bajo condiciones claramente delimitadas. El anteproyecto también contempla la creación de un procedimiento de evaluación previo en las situaciones en las que se recurra a la gestión indirecta, que deberá justificar detalladamente la imposibilidad de prestar el servicio con recursos propios. Este proceso incluirá un análisis sobre la viabilidad financiera y social, además de dictaminar la emisión de informes preceptivos elaborados por comités de evaluación con la obligación de que sus conclusiones sean públicas.

El medio reportó que estas nuevas exigencias buscan reforzar la transparencia en el sistema sanitario y garantizar la rendición de cuentas. De acuerdo con lo recogido, la norma establece la publicación periódica de información sobre contratos, conciertos, resultados sanitarios, calidad y otros indicadores de cada centro, en coordinación con el Consejo Interterritorial, para proporcionar acceso público y regular a estos datos. Este refuerzo de la transparencia pretende limitar las posibilidades de opacidad en la gestión y elevar los estándares de control público sobre la administración de recursos y servicios.

La organización sindical también destacó como positiva la introducción de la prioridad de las entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de determinados contratos. Según publicó el medio, se valora especialmente la exigencia de que las actividades llevadas a cabo en hospitales privados que participen en conciertos singulares con el sistema público sean gratuitas y ajenas al lucro. Esto busca impedir que fondos públicos financien modelos que favorecen la obtención de beneficios privados a costa de la actividad asistencial destinada a los ciudadanos.

En una línea complementaria, el anteproyecto introduce la herramienta del informe estatal sobre experiencias de gestión desde 1997, con el propósito de recopilar datos y análisis sobre el impacto de la privatización en el SNS. Esta medida permitirá fundamentar futuras decisiones en base al conocimiento generado sobre lo que ha supuesto la externalización de servicios en elementos como la eficiencia y la equidad dentro del sistema sanitario estatal.

Además, FSS-CCOO plantea la necesidad de avanzar en aspectos del texto que han quedado sin definir. Según informó la organización y plasmó el medio, el sindicato considera imprescindible delimitar de forma precisa las circunstancias en las que sería viable emplear la gestión indirecta para que dicha excepcionalidad no se transforme en una vía común de mantenimiento o expansión de modelos privatizadores. Reforzar este marco legislativo debe ir acompañado de planes para potenciar la red pública, así como de estrategias dirigidas a la reversión de concesiones, conciertos y grandes contratos de servicios externalizados, especialmente en aquellos ámbitos donde no se hayan constatado mejoras objetivas en resultados o eficiencia.

La estabilidad y la calidad del empleo constituyen otra de las preocupaciones del sindicato. Según consignó el medio, FSS-CCOO aboga por el establecimiento de garantías laborales sólidas tanto en los procesos de reversión como en el funcionamiento de consorcios y entidades de gestión pública. Reclaman que se asegure la estabilidad en el empleo, la subrogación y la igualdad de condiciones laborales para todo el personal, equiparando sus derechos y condiciones con los del resto de empleados del SNS, con el objetivo de evitar la creación de nuevos espacios de precariedad laboral tras la transición de modelos de gestión.

El sindicato pide, además, que el texto legal aborde explícitamente la articulación y el futuro de las mutualidades de funcionarios, como MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Según recoge la información del medio, solicitan un compromiso de integración progresiva de estas entidades dentro del SNS con el propósito de eliminar los circuitos asistenciales paralelos financiados con fondos públicos, lo que reforzaría un sistema único, universal y basado en la solidaridad para toda la ciudadanía.

De acuerdo con lo consignado por el medio, FSS-CCOO también relaciona la futura ley con la importancia de la reforma simultánea del Estatuto Marco del personal sanitario. Ambas normas, según la organización, deberían favorecer la dedicación y la fidelización de profesionales a la sanidad pública, a través del uso eficiente de los recursos públicos disponibles y del establecimiento de controles más fuertes frente a los conflictos de interés y cualquier modalidad de privatización.

El sindicato señala que la tramitación del anteproyecto en sede parlamentaria ofrece la oportunidad de subsanar los vacíos legales detectados y fortalecer la protección del modelo público de atención sanitaria. Para la FSS-CCOO, estos avances normativos permitirán cimentar un sistema menos expuesto a las formas de privatización que, según ven, han generado dificultades significativas en la prestación, la equidad y el acceso en los últimos años.