
La disposición para permitir la publicación de los registros de tierras en Cisjordania, previamente confidenciales, permitirá por primera vez que cualquier individuo localice a los propietarios de los terrenos y les haga ofertas de compra. De acuerdo con el medio Europa Press, esta medida forma parte de una reforma aprobada por el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí, la cual otorga nuevas atribuciones sobre la autorización de asentamientos, la confiscación de tierras y la administración de sitios religiosos disputados en la región.
Según informó Europa Press, la reforma impulsada por los ministros de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Defensa, Israel Katz, efectúa un cambio significativo en la manera en que Israel gestiona la administración territorial en Cisjordania. Entre las medidas aprobadas destaca la asunción por parte de las autoridades israelíes de competencias sobre la concesión de licencias de construcción y manejo territorial en lugares como la ciudad histórica de Hebrón, alterando así el modelo acordado en 1997. Hasta la reforma, cualquier proyecto de edificación requería del visto bueno tanto de instituciones palestinas como israelíes, un mecanismo resultado de negociaciones pasadas y cuyo objetivo era garantizar la colaboración entre ambas partes.
Los titulares del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa subrayaron que el objetivo de estos cambios radica en eliminar normativas vigentes desde hace décadas, así como revocar disposiciones legales heredadas del periodo jordano, tildadas por ellos como discriminatorias, para favorecer lo que describieron como un desarrollo acelerado de los asentamientos. Smotrich explicó, citado por Europa Press, que su intención se orienta a “normalizar la vida en la ribera occidental” y a “seguir matando la idea de un estado palestino”. Tanto Smotrich como Katz señalaron en un comunicado: “Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel”.
Dentro de las competencias ampliadas figuran también la gestión y mantenimiento de lugares religiosos con alta tensión simbólica, entre ellos la Tumba de los Patriarcas en Hebrón y la Tumba de Raquel en Belén. Para este último, la reforma establece una nueva “autoridad municipal específica” que se encargará de labores de limpieza y conservación del sitio. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el plan elimina la normativa que prohibía la adquisición de tierras por parte de personas no musulmanas, una legislación que permanecía desde la administración jordana previa a 1967.
La reforma introduce además la extensión de competencias en ámbitos de seguridad, ambientales y relativos al manejo del agua en las zonas A y B de Cisjordania. Estas áreas, conforme a los Acuerdos de Oslo, correspondían al control civil palestino (zona A) y a un sistema de control mixto (zona B), respectivamente. También se amplían atribuciones sobre daños a sitios arqueológicos y cuestiones de contaminación ambiental, lo que representa un incremento de la autoridad israelí sobre esferas antes consideradas bajo jurisdicción, al menos parcialmente, palestina.
El Consejo de Yesha, que reúne a las comunidades de colonos judíos de Cisjordania, valoró positivamente la aprobación de la iniciativa, argumentando que “consolida la soberanía israelí sobre el territorio, de facto”, según reportó Europa Press. Para este colectivo, la reforma simboliza el fortalecimiento de los intereses de los asentamientos en la zona.
La Autoridad Palestina, por el contrario, expresó un rechazo enérgico. El presidente Mahmud Abbas tildó las nuevas medidas de “ilegítimas e ilegales”, argumentando que carecen de validez conforme al derecho internacional. Según recogió Europa Press, Abbas sostuvo que se trata de una “ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento” y precisó que las decisiones adoptadas por Israel violan tanto los Acuerdos de Oslo como el Acuerdo de Hebrón suscritos con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El mandatario insistió en que la OLP no permitirá la implementación de estos planes y que continuará defendiendo lo que describió como “los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino en el territorio palestino”.
Abbas añadió que el derecho internacional no reconoce la colonización de territorios ocupados militarmente ni el desplazamiento forzoso de la población palestina. Además, llamó al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno de Estados Unidos para que intervengan sin demora y detengan las resoluciones israelíes adoptadas, las cuales, a su juicio, profundizan la anexión de Cisjordania ocupada y continúan una política de enfrentamiento contra el pueblo palestino. Los portavoces palestinos subrayaron la defensa de su objetivo de lograr un “Estado de Palestina libre, independiente y soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este”.
Entre los factores destacados por Europa Press como resultado directo de la reforma, se incluye el acceso público a los registros de tierras, hecho que podría modificar la dinámica de compraventa de propiedades en la región, donde la identificación de propietarios hasta ahora se mantenía en secreto. El acceso a esta información abre la posibilidad a futuras transacciones inmobiliarias, algo que hasta la fecha implicaba importantes obstáculos legales y administrativos.
La derogación de la normativa histórica que impedía a personas no musulmanas comprar tierras en Cisjordania también constituye, según el medio, un parteaguas en la regulación de la propiedad. La disposición, establecida durante la administración jordana precedente a la Guerra de los Seis Días de 1967, mantenía restricciones que limitaban el acceso a la propiedad de terreno a una parte de la población.
Las acciones del gobierno israelí surgen en un contexto de reiteradas tensiones y desencuentros con la Autoridad Palestina y el liderazgo de la OLP. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, funcionarios palestinos e internacionales advierten que las reformas podrían suponer un paso más hacia la consolidación de la administración israelí sobre el conjunto de Cisjordania, lo que se interpreta desde Ramala como una amenaza para la continuidad de las negociaciones hacia una posible solución de dos Estados en la región.
El debate sobre la administración de zonas disputadas, la legalidad de los asentamientos y el futuro político de los territorios palestinos sigue generando reacciones inmediatas a nivel regional e internacional, con llamados a intervenciones diplomáticas y advertencias sobre la estabilidad en Oriente Medio, según reseñó Europa Press en su cobertura de la decisión del gabinete israelí.
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