Una jueza de EEUU prohíbe al fisco ceder datos tributarios al ICE e impide a éste usarlos para buscar migrantes

El fallo de la jueza federal Indira Talwani menciona expresamente la necesidad de que el ICE notifique a las personas cuya información tributaria del IRS haya terminado en computadoras de propiedad gubernamental tras los acuerdos previos de intercambio de información. Esta determinación judicial se suma a un contexto de creciente escrutinio sobre el uso y transferencia de datos personales entre agencias estatales, reflejando nuevas restricciones en la colaboración para investigaciones migratorias en Estados Unidos.

Según publicó el medio original, la jueza Talwani ordenó este jueves que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) deje de compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las direcciones de domicilio de los contribuyentes. El fallo argumenta que compartir tal información representa una posible infracción del derecho a la privacidad y agrega una prohibición expresa para que el ICE utilice los datos que ya hayan sido transferidos. Además, la decisión instruye la suspensión y anulación preliminar de todos los acuerdos de intercambio de información vigentes entre ambas dependencias.

El medio detalla que la instrucción de la jueza Talwani incluye restricciones para el Departamento de Seguridad Nacional y para su titular, Kristi Noem; para el propio ICE y su director interino, Todd Lyons, así como para todos los agentes relacionados. Todos ellos quedan impedidos judicialmente de inspeccionar, consultar, emplear, copiar, distribuir o fundamentar acciones de cualquier naturaleza en informaciones originadas o remitidas por el IRS. Adicionalmente, la resolución establece que, en un lapso que no podrá superar los cinco días naturales, ICE deberá entregar una copia de esta orden judicial a cada persona cuya computadora de propiedad pública contenga datos recibidos como resultado del citado acuerdo.

De acuerdo con la información reportada, esta no es la primera vez que se frena un acuerdo similar. En noviembre pasado, otra jueza de distrito, Colleen Kollar-Kotelly, también ordenó la paralización de un convenio de intercambio de datos fiscales entre el IRS y el ICE. En esa ocasión, la jueza dictaminó que el acuerdo contravenía una ley federal de confidencialidad tributaria. Su decisión surgió de una demanda presentada por el Centro para los Derechos del Contribuyente, una organización civil, y prohibió que el secretario del Tesoro, Scott Bessent —entonces comisionado interino del IRS—, suministrara información a la cartera de Seguridad Nacional, salvo en casos en que el receptor estuviera involucrado en una investigación penal ajena al ámbito tributario.

Tal como recoge el medio, ambas órdenes judiciales hacen referencia directa al acuerdo interinstitucional mediante el cual, el 7 de agosto de 2025, el IRS proveyó datos sobre unos 47.000 individuos al ICE. Este traspaso quedó posteriormente bajo la lupa judicial ante las denuncias de uso indebido y falta de garantías sobre la privacidad de los contribuyentes involucrados.

El fallo de la jueza Talwani amplía así el marco de protección sobre la información personal de ciudadanos y residentes, estableciendo límites precisos al uso de estos registros por parte de organismos migratorios. Según expone el texto, la decisión responde a la preocupación de que los relativos marcos legales no habilitan la utilización rutinaria de datos tributarios para la localización y seguimiento de migrantes, fuera de contextos penales autorizados expresa y restrictivamente por la ley.

La orden judicial, aludiendo a la confidencialidad que protege los datos de los contribuyentes, implica que toda agencia, oficial o agente gubernamental relacionado con investigaciones migratorias debe abstenerse de consultar o servirse de la información que el IRS haya entregado por acuerdos de cooperación recientes. Así, la jueza instruyó la anulación sustancial y temporal de todos estos pactos de intercambio de información, insistiendo en los potenciales daños y riesgos derivados de la transferencia no controlada de datos personales.

El medio señala que estas medidas surgen de las acciones legales impulsadas por colectivos defensores de los derechos de los contribuyentes y organizaciones civiles que, durante los últimos meses, manifestaron inquietudes sobre el alcance de la vigilancia estatal sobre migrantes a través de bases de datos tributarias.

En cuanto a los efectos inmediatos, la disposición forzará al ICE a limitar el uso de los registros que mantiene y a notificar a las personas afectadas en cumplimiento de la instrucción de la jueza federal. El contexto legal subyacente señala que solo se podrá autorizar la transferencia y utilización de datos fiscales en el marco de investigaciones penales no tributarias, excluyendo otros procedimientos administrativos o migratorios.

Todo este proceso judicial se produce en el marco de un debate más amplio sobre el alcance de las facultades ejecutivas para la gestión de información sensible y el derecho de los ciudadanos y residentes a la protección de su privacidad. Según detalló el medio, el caso impacta directamente en las prácticas cotidianas de colaboración entre el IRS y el ICE, obligando a revisar, suspender o reajustar procesos internos vinculados al acceso y el manejo de datos personales de miles de personas.

Finalmente, la resolución judicial refuerza la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de confidencialidad vigentes y deja sin efecto temporalmente cualquier cooperación automática entre agencias para el uso de direcciones u otros datos fiscales en operativos migratorios, según reiteró la fuente original.