Las autoridades refuerzan la seguridad en Bani Walid de cara al funeral este viernes del hijo de Gadafi

La intensificación de la protección en Bani Walid se convirtió en una de las principales medidas tomadas por las autoridades libias ante el sepelio de Saif al Islam, hijo del derrocado líder Muamar Gadafi, cuyo asesinato ha incrementado la tensión política y ha motivado llamados tanto internos como externos para esclarecer los hechos y evitar una escalada de violencia. Según informó el medio Europa Press, el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Imad Trabelsi, ordenó reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad para el funeral programado este viernes. Bani Walid, ciudad conocida por su lealtad al régimen de Gadafi y por ser uno de los últimos bastiones controlados por seguidores del exmandatario antes de la caída del régimen, se encuentra bajo estricta vigilancia y cooperación entre autoridades y la Fiscalía General, en seguimiento del caso.

Europa Press detalló que Trabelsi indicó haber girado instrucciones para garantizar la seguridad durante la ceremonia y que se mantienen las investigaciones abiertas. "Hemos emitido instrucciones a las autoridades especializadas del Ministerio del Interior en cooperación con la Fiscalía General para dar seguimiento al incidente y aún se están realizando investigaciones para descubrir su ropa y detener a los autores", sostuvo Trabelsi en un comunicado difundido mediante redes sociales, donde reforzó la intención de identificar a los responsables y llevar el proceso a la justicia.

El asesinato de Saif al Islam fue confirmado el martes por su abogado, Abdulá Ozman Abdurrahim, quien precisó que cuatro individuos armados e identificados ingresaron en la residencia del hijo de Gadafi en la ciudad de Zintan, al suroeste de Trípoli, y perpetraron el homicidio. A raíz de este hecho, Abdurrahim solicitó una investigación internacional, en busca de velar por un juicio que determine las circunstancias y responsabilidades del crimen. El medio Europa Press consignó que la información generó reacciones tanto en el Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por Abdul Hamid Dbeibé, como en sectores rivales y en la opinión pública local.

Desde el Palacio de Gobierno, Dbeibé recalcó: "la muerte del hijo de Gadafi sirve como recordatorio de que la sangre libia, sea de quien sea su dueño, sigue siendo una línea roja que no puede tomarse a la ligera". Asimismo, advirtió sobre el impacto de asesinatos de estas características en la estabilidad política del país, afirmando que tales hechos "profundizan en la división y llenan de heridas la memoria nacional". Dbeibé remarcó la necesidad de confiar en el sistema judicial y que el esclarecimiento de los sucesos debe realizarse sin permitir que predomine la lógica de la venganza ni justificaciones de violencia, planteando que las instituciones estatales mantienen la confianza para descubrir la verdad y establecer mecanismos de rendición de cuentas.

El medio Europa Press recordó el pasado político y judicial de Saif al Islam. Hijo mayor de Muamar Gadafi, fue en su momento visto como posible sucesor del líder libio, quien murió en octubre de 2011 durante el levantamiento armado conocido como la ‘Primavera Árabe’. Tras el derrocamiento del régimen, Saif al Islam fue sometido a un proceso judicial en Libia, que culminó con una condena a muerte por crímenes de guerra relacionados a los acontecimientos ocurridos durante el conflicto. No obstante, en 2017, una milicia vinculada a las autoridades que controlan el este del país, apoyadas por el Ejército Nacional Libio liderado por Jalifa Haftar, lo puso en libertad tras seis años detenido, medida que fue motivo de desacuerdo entre el Parlamento de Tobruk y el Gobierno internacionalmente reconocido en Trípoli, que criticó la "amnistía" concedida en ese momento.

Europa Press destacó que sobre Saif al Islam pesaba también una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), derivada de su implicación en supuestos crímenes de lesa humanidad. En 2021, aspiró a la presidencia en las elecciones que finalmente fueron canceladas, y desde entonces no se ha establecido una nueva fecha para la convocatoria de los comicios. La disputa por el poder entre facciones enfrentadas mantiene a Libia dividida en dos administraciones, luego de que la Cámara de Representantes declarara concluido el mandato de Abdul Hamid Dbeibé tras la suspensión del proceso electoral. El Gobierno de Trípoli continúa siendo reconocido por la comunidad internacional, mientras que en el extremo oriental se formó otro ejecutivo, incrementando la polarización y la inestabilidad.

Tras el asesinato de Saif al Islam, las autoridades acordaron coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y la judicatura para identificar a los responsables y prevenir que se repitan actos violentos que puedan obstaculizar el proceso de reconciliación nacional. Este suceso ha evidenciado el nivel de fragmentación institucional y las presiones derivadas de la coexistencia de gobiernos rivales. Europa Press subrayó que la situación de seguridad en Bani Walid y otras zonas del país permanece bajo observación, en tanto se desarrollan los actos funerarios y se da curso a las diligencias judiciales e investigativas.

El impacto de la muerte del hijo de Gadafi ha provocado no solo debates acerca del legado del régimen y su influencia en diversas regiones de Libia, sino también acerca del papel de los organismos internacionales y nacionales en el esclarecimiento de casos similares. El llamado del abogado Abdurrahim para una investigación internacional refleja la desconfianza hacia los mecanismos locales de justicia, una tendencia que, según reportó Europa Press, ha marcado la agenda política y judicial libia durante los últimos años de inestabilidad.

Con el sepelio de Saif al Islam y el despliegue intensificado de agentes de seguridad en Bani Walid, las miradas permanecen sobre la evolución de la investigación y el desenlace del caso, en un contexto nacional marcado por la división política y la continuidad de disputas en torno a la legitimidad y la autoridad estatal.