El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó al Estado español a poner fin a cualquier tipo de exención que permita a miembros del clero abstenerse de denunciar casos de abuso, y subrayó la necesidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos por personal de la Iglesia católica, así como de ofrecer reparaciones a las víctimas. Esta recomendación forma parte de una serie de observaciones que el Comité incluyó en su más reciente informe tras el séptimo examen a España, tal como informó la ONU.
Según detalló la ONU en el documento de ‘Observaciones Finales’, existe preocupación por la falta de datos oficiales en España sobre casos de abuso sexual infantil dentro del entorno familiar. También alertó sobre el aumento de los abusos y la explotación sexual de menores, incluso en contextos de acogimiento institucional y alternativo, y señaló los bajos índices de procesamiento y condena en situaciones donde están implicados miembros de la Iglesia católica. El Comité recomendó reforzar la recopilación estadística a nivel nacional y mejorar los mecanismos de justicia para menores, con recursos y procedimientos especialmente adaptados a la infancia, así como la realización de investigaciones ágiles para evitar que las víctimas sean revictimizadas durante los procesos judiciales.
El informe de la ONU destacó los logros de España en la legislación de protección de la infancia frente a la violencia, pero puso énfasis en los vacíos existentes respecto al registro y la gestión de casos de violencia sexual. Según consignó la ONU, el Comité señaló que el escaso número de procesos judiciales y sentencias condenatorias relacionadas con delitos sexuales cometidos por clérigos plantea una preocupación relevante en la protección de la infancia.
Además de los temas vinculados a violencia y abuso sexual, el Comité de Derechos del Niño expresó inquietud por los elevados y crecientes niveles de pobreza y exclusión social infantil en España. El informe subrayó que la inversión pública en prestaciones dirigidas a familias e infancia resulta insuficiente. La ONU reportó que la privación acumulada de quienes residen en viviendas inadecuadas o en asentamientos informales afecta de manera desproporcionada a menores de etnia gitana, quienes enfrentan desalojos forzosos sin alternativas habitacionales adecuadas.
El Comité recomendó al Estado español adoptar una estrategia integral basada en los derechos del niño y dotada de recursos suficientes para atender este contexto. Entre las acciones sugeridas figuran la creación de una prestación progresiva y universal para la crianza, incluyendo créditos fiscales reembolsables. El objetivo, según puntualizó la ONU, consiste en garantizar respuestas coordinadas y equitativas ante la pobreza infantil y la exclusión social, mediante políticas públicas estructuradas que permitan reducir el impacto negativo de estas condiciones en la infancia.
La ONU añadió que, junto a la necesidad de mejorar la recopilación de datos y las respuestas judiciales, se deben establecer protocolos y procedimientos sensibles a las necesidades infantiles en todos los territorios de España, para asegurar procesos judiciales rápidos y eficaces que protejan a las víctimas de nuevos episodios de trauma. El Comité instó, asimismo, a mantener un seguimiento constante de las recomendaciones emitidas y a implementar mecanismos que favorezcan la reparación de daños y la prevención de nuevos casos de violencia o abuso.
El documento de ‘Observaciones Finales’ se inscribe en el conjunto de revisiones periódicas que la ONU realiza sobre el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño entre los Estados firmantes. En este informe, la ONU hizo hincapié en la importancia de atender las deudas pendientes en materia de protección y bienestar infantil, al tiempo que reconoció los avances realizados en legislación y políticas de infancia, aunque consideró necesario fortalecer su aplicación y garantizar que lleguen a todos los sectores de la población infantil en situación de vulnerabilidad.
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