
La acusación formal presentada contra Bezalel Zini y otros implicados detalla que los beneficios obtenidos a través del contrabando de cigarrillos hacia la Franja de Gaza habrían favorecido el fortalecimiento económico y operativo de Hamás dentro del enclave palestino. Según informó The Times of Israel, la Fiscalía de Israel imputó este jueves a Zini, hermano del jefe del Shin Bet, y a al menos otras dos personas, bajo los cargos de “ayudar al enemigo durante tiempo de guerra” y “financiación de actividades terroristas”, dentro de un expediente que investiga una presunta red de tráfico ilícito de bienes con destino a Gaza.
Los antecedentes de este caso, detalló The Times of Israel, señalan que Bezalel Zini, quien ocupó un puesto como reservista encargado de la logística de una unidad militar orientada a la demolición de edificaciones en la Franja, habría aprovechado su acceso privilegiado para introducir cargamentos de cigarrillos de contrabando en tres ocasiones distintas. Los beneficios de estas operaciones ascendieron, según la acusación, a 365.000 shekels, equivalentes a unos 95.150 euros. El medio israelí precisó que este componente económico fue una de las razones principales que sustentaron el cargo de financiación a organizaciones consideradas terroristas por el Estado de Israel.
En el proceso de investigación, la Policía asumió el mando del caso en vez del Shin Bet, el servicio israelí de inteligencia y seguridad interior, debido a la relación directa de Zini con la jefatura de esa agencia. De acuerdo con información publicada por The Times of Israel, las autoridades policiales informaron el miércoles que, hasta ese momento, el expediente sumaba la imputación de otras doce personas vinculadas a la presunta red contrabandista.
La motivación de las operaciones ilegales, según insistieron tanto la Policía como el propio Shin Bet en declaraciones recogidas por The Times of Israel, radica en que el contrabando de bienes representa una amenaza considerable para la seguridad del Estado israelí, ya que “ayuda a la supervivencia y gobernanza de Hamás” a través del flujo económico generado por este tipo de actividades. Las autoridades expusieron que “contribuye al fortalecimiento de Hamás, la construcción de poder y la restauración de las capacidades militares” de dicha organización, considerada uno de los actores en el conflicto vigente en la región.
El caso ha despertado fuerte atención pública, dado que involucra a Bezalel Zini, familiar directo del jefe de la principal agencia de seguridad interior israelí. Según relató The Times of Israel, este elemento plantea cuestionamientos sobre los controles en los accesos militares a la Franja y los riesgos de connivencia o abuso de posición en escenarios de conflicto armado y estricta vigilancia.
La información divulgada por The Times of Israel expone el alcance de la trama, que se desarrolló durante un periodo crítico marcado por la guerra en curso en Gaza, en el que la introducción ilícita de recursos representa un factor relevante en la economía política del enclave, especialmente bajo el asedio y los marcos de bloqueo establecidos. Las investigaciones abiertas buscan determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y el impacto concreto de las ganancias obtenidas, así como su eventual destino dentro de las estructuras vinculadas a Hamás.
Entre las figuras implicadas además de Zini, se identifican otras personas con roles variados en la logística y distribución de los productos introducidos ilegalmente a territorio gazatí. Según consignó The Times of Israel, el caso se encuadra en una política más amplia de lucha contra el contrabando y el financiamiento de grupos que las autoridades definen como terroristas, bajo la premisa de que tales acciones, lejos de tratarse solo de delitos económicos, tienen implicaciones directas sobre la situación militar y de seguridad de Israel.
La evolución del caso se mantiene bajo seguimiento por los organismos judiciales y de seguridad, con nuevos antecedentes apareciendo en función del avance de las pesquisas. Conforme detalló The Times of Israel, las instituciones involucradas refuerzan la tesis de que el control riguroso de las rutas de acceso hacia Gaza y la persecución penal por actos de contrabando constituyen piezas clave en el esquema de contención de las capacidades de Hamás y en la protección de los intereses de seguridad nacional.
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