Alberto Núñez Feijóo citó la cifra de 80.000 personas que no están recibiendo el pago del alquiler de sus viviendas, además de señalar que más de 40.000 ciudadanos experimentan la ocupación ilegal de sus propiedades en España. El líder del Partido Popular sostuvo que este contexto responde, en parte, a la nueva normativa del Gobierno orientada a evitar desalojos, la cual, según su análisis, impone a los propietarios la carga de resolver situaciones que considera resultado de la actuación gubernamental.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Feijóo, durante su intervención en Binéfar (Huesca), argumentó que el decreto anti desahucios presentado por el Ejecutivo conlleva la "expropiación del derecho de un arrendador a cobrar su renta" y responsabilizó al Gobierno por trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su gestión. En una rueda de prensa posterior a su visita a la empresa cárnica Fribin, Feijóo manifestó que las dificultades que enfrentan las familias vulnerables para acceder a recursos como la educación, servicios básicos o la vivienda no tienen como origen a los ciudadanos particulares sino, en su opinión, a la ineficacia de las políticas sociales del Ejecutivo. "Los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno, no los ciudadanos", aseguró.
El presidente del PP enfatizó que resulta inaceptable que se responsabilice a los propietarios por las carencias en la asistencia a personas en situación vulnerable, afirmando que las viviendas representan el esfuerzo y el trabajo de quienes las adquirieron. Feijóo indicó que calificar al ciudadano individual como responsable por la falta de apoyo a familias vulnerables evidencia la dimisión de las administraciones públicas en materia de políticas sociales. Según consignó el medio, reiteró que la renuncia a la renta de alquiler no puede presentarse como una solución social y criticó que se exijan sacrificios individuales frente a la ausencia de intervención efectiva del Gobierno.
El dirigente del PP abordó la postura oficialista respecto de la ocupación de viviendas, respondiendo a declaraciones recientes de Lara Hernández, portavoz de Sumar, quien sostuvo en Onda Cero que la ocupación ilegal de viviendas no existe en España. El medio informó que Feijóo calificó estas declaraciones como un insulto a quienes experimentan situaciones de ocupación ilegal y a las víctimas de las denominadas "inqui-ocupaciones", y cuestionó el propósito de adoptar nuevos decretos en ausencia de tales problemáticas. Según Feijóo, “si llegamos a la conclusión de que un ciudadano que tenga dificultades para sus necesidades básicas lo que puede es no pagar al que tiene un supermercado, no pagar al que tiene una casa arrendada o no pagar al que está prestando un servicio, eso no es una política social, eso es lo contrario”.
Para Feijóo, las situaciones de impago de renta deben abordarse mediante intervenciones de política social y vivienda pública, sin que se responsabilice a los particulares. Reportó el medio que Feijóo insistió en que el Ejecutivo carece de facultades legales para "expropiar a un arrendador" y vinculó estas medidas a contextos ajenos a las democracias occidentales.
El líder de la oposición también criticó la gestión de la crisis habitacional. Según detalló el medio, Feijóo estimó en 700.000 el déficit de viviendas necesarias y atribuyó al Gobierno la generación del mayor problema de vivienda desde la burbuja inmobiliaria reciente. Añadió que la preocupación por la vivienda ha escalado hasta alcanzar el primer lugar entre los temas que ocupan a la ciudadanía, frente a la posición número 16 que tenía al inicio de la legislatura actual.
Feijóo acusó al Ejecutivo de utilizar las pensiones y otros elementos sociales como escudo para cubrir la falta de políticas públicas efectivas, y sostuvo que las recientes medidas contradicen el espíritu de la política social y suponen una desatención a quienes requieren asistencia. Según reportó el medio, concluyó que el Gobierno privilegia la limitación de los derechos de los propietarios por encima de la responsabilidad pública en materia de vivienda y asistencia social.
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