Prolongar la vida de Almaraz sumaría más de 3.800 millones de euros a la factura de la luz, según Greenpeace

El coste en derechos de emisión de carbono, que podría alcanzar los 984 millones de euros, forma parte del impacto que acarrearía prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz más allá de la fecha prevista de clausura. Este dato aparece en las conclusiones de un informe revelado por Greenpeace, según publicó El País, el cual ha sido elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El estudio concluye que, según simulaciones energéticas detalladas, prorrogar el funcionamiento de la central ubicada en Extremadura supondría un sobrecoste total de 3.831 millones de euros para los consumidores y una ralentización en el despliegue de energías renovables a nivel nacional.

La investigación, presentada por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, y el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Víctor García Carrasco, evalúa los efectos económicos y ambientales de mantener la planta en funcionamiento hasta 2030. Según detalló El País, los expertos utilizaron simulaciones horarias que consideran la evolución prevista de la demanda, la incorporación de energías renovables y de sistemas de almacenamiento, así como la influencia de la agenda de cierre nuclear y los mecanismos de formación de precios en el mercado eléctrico español durante el periodo 2026-2033.

El informe destaca que el cierre programado de Almaraz es viable tanto desde un punto de vista técnico como ambiental y económico. Según las proyecciones citadas por El País, prorrogar la vida de la central supondría una disminución temporal en los precios y en la factura eléctrica únicamente entre 2028 y 2030, pero a partir de 2031 se observaría un aumento sostenido. Para 2033, el precio mayorista de la electricidad podría alcanzar los 63,5 euros por megavatio hora, lo que representa un 9,5% más que los 58 euros por megavatio hora previstos en el escenario de cierre original. Esto, advierten los analistas, se traduciría en un aumento acumulado de los costos para los consumidores de hasta 3.831 millones de euros.

La vida operativa de Almaraz comenzó entre 1983 y 1984. Conforme al plan actual, se prevé la desconexión de la planta entre 2027 y 2028. Las empresas propietarias presentaron el año pasado una solicitud formal para prolongar el funcionamiento de la central dos años adicionales, hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa actualmente la viabilidad de esa extensión y espera publicar su propio informe durante el verano. No obstante, la decisión final corresponde al Gobierno, que estableció tres condiciones imprescindibles para autorizar cualquier prórroga: la garantía de la seguridad radiológica, el aseguramiento del suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para la ciudadanía.

Según explicó El País basándose en el informe de la URJC, la prórroga de Almaraz que proponen las empresas no cumple con el criterio de eficiencia económica. Los investigadores de la URJC y la UPC arguyen que mantener la central abierta generaría costes acumulados superiores para la población, retrasaría la transición energética del país y provocaría un incremento de las emisiones contaminantes a medio plazo.

En el análisis de las alternativas, los autores del informe señalan que el cierre planificado permite que la mayor parte de la energía de Almaraz sea sustituida por fuentes renovables. Las simulaciones reflejan que el 96,4% de la energía reemplazada y del incremento de la demanda posterior al cierre (en el periodo 2028-2029) puede ser cubierta con nuevas instalaciones renovables y mayor capacidad de almacenamiento. De acuerdo con lo publicado por El País, no se anticipa una dependencia significativa del gas natural derivada del cierre, en comparación con lo acordado actualmente.

En cuanto al impacto en la inversión y el desarrollo de proyectos renovables, los expertos avisan que mantener Almaraz operativa retrasaría la entrada en servicio de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. Así, el porcentaje de cobertura renovable en el sistema eléctrico caería del 65,8% al 59,3% en 2030 si la central siguiera funcionando. Este retraso implicaría, según el documento difundido por El País, una pérdida acumulada de inversión en el sector de 26.130 millones de euros en el periodo 2026-2033.

Por otro lado, el estudio estima que si se optara por clausurar la central según lo programado, se lograría reducir el vertido de energía renovable que actualmente no se aprovecha e incorporarían más de 3,8 teravatios hora de electricidad limpia cada año, equivalentes aproximadamente a la mitad de la producción anual de un reactor nuclear en España.

El informe también analiza el impacto ambiental asociado a la prolongación de la vida útil de la planta. Durante el lapso comprendido entre 2028 y 2030, la prórroga permitiría un descenso temporal del uso de gas; sin embargo, tras ese periodo el sistema dependería menos de energías renovables, lo que incrementaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Las simulaciones apuntan a un aumento acumulado de entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en el periodo 2026-2033 si se prolongara el funcionamiento de Almaraz.

Según remarcan los autores en declaraciones recogidas por El País, esa cantidad de emisiones equivaldría al conjunto de las emisiones producidas por todos los hogares de Extremadura durante seis años o por un vehículo de gasolina capaz de dar más de un millón de vueltas a la Tierra. El informe relaciona directamente este exceso de emisiones con un impacto económico: el coste en derechos de emisión de carbono adicional podría llegar a 984 millones de euros, un gasto también repercutido en el recibo eléctrico de los ciudadanos.

Mientras el CSN continúa con su evaluación y el Ejecutivo mantiene sus exigencias en cuanto a seguridad, suministro y coste para la ciudadanía, el estudio promovido por Greenpeace y elaborado por las dos universidades sostiene que cerrar Almaraz conforme al calendario original resulta la alternativa más acorde tanto con los objetivos nacionales de descarbonización como con la estabilidad y competitividad del sistema eléctrico en España.