El Gobierno se decanta finalmente por aprobar hoy dos decretos, uno de pensiones y otro con el escudo social

La inclusión de un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que extiende la protección social a propietarios con una sola vivienda en alquiler, modifica el alcance de las políticas de protección implementadas frente a situaciones de vulnerabilidad. Al añadir esta cláusula, los pequeños arrendadores, que antes quedaban desprotegidos frente al impago de rentas, dejarán de cargar con las consecuencias que anteriormente les generaban las restricciones de desahucio, según indicó el grupo vasco y difundió Europa Press. Esta medida se suma a la decisión del Ejecutivo de fragmentar las propuestas legislativas referidas a las pensiones y al escudo social, tras el rechazo parlamentario registrado en la Cámara Baja el pasado 27 de enero.

De acuerdo con Europa Press, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes dos decretos diferenciados. El primero se centrará en la actualización de las pensiones para 2026 y en la regulación de otras prestaciones y cotizaciones, donde se prevé la congelación de las cuotas para los trabajadores autónomos. El segundo decreto abarcará la batería de iniciativas conocidas como escudo social, junto a otras disposiciones de protección, como la prórroga de la moratoria para evitar desahucios, el mantenimiento del bono social y la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua y energía a familias en condiciones de vulnerabilidad. A estas medidas se añaden ayudas especiales relacionadas con los fenómenos climatológicos recientes, identificados como DANA.

La opción de dividir el paquete legislativo surge como estrategia directa del Ejecutivo tras la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso un decreto ómnibus que agrupaba tanto el aumento de las pensiones como la prórroga del escudo social. El texto, rechazado el 27 de enero por los votos de PP, Vox, Junts y UPN, concentró críticas por dejar sin protección, a juicio de los detractores, a los pequeños propietarios de viviendas en régimen de alquiler. El medio Europa Press reportó que estas formaciones pusieron el acento en cómo la norma anterior trasladaba la carga del impago de los inquilinos a los arrendadores particulares, lo que propició el rechazo de la convalidación.

El decreto orientado a la revalorización de las pensiones establecerá las bases para el cálculo y el ajuste de los haberes jubilatorios a partir de 2026 y abarcará la actualización de otras prestaciones contributivas y auxiliares, siempre de acuerdo a parámetros definidos por el Gobierno y recogidos en la normativa correspondiente. Además, según detalló Europa Press, el texto legal congelará de forma expresa las cuotas que abonan los autónomos, una medida largamente solicitada en diversos foros sectoriales.

Por su parte, el segundo decreto incluirá políticas de mantenimiento y refuerzo del escudo social, programa que desde el inicio de la crisis sanitaria y económica introdujo diferentes restricciones y prórrogas en los procedimientos de desahucio para personas en situación vulnerable, así como la imposibilidad de suspender los suministros esenciales a los hogares afectados. Europa Press consignó que este marco normativo también contempla la continuidad de medidas como el bono social, orientado a reducir la factura energética en colectivos con bajos ingresos, y ayudas relacionadas con desastres naturales para atender a territorios y familias afectadas.

El acuerdo entre PNV y el Ejecutivo amplía la cobertura a los propietarios individuales con una sola vivienda en alquiler. Según recoge Europa Press, la finalidad de esta modificación es evitar que estos titulares pasen a ser considerados también ciudadanos vulnerables al verse obligados a soportar el impago de rentas en el contexto de las limitaciones a los desalojos de inquilinos en dificultades. Las palabras del grupo vasco reflejan la voluntad de ajustar el diseño de las medidas para evitar desequilibrios que perjudiquen a unos perfiles de ciudadanos mientras se protege a otros.

La separación de los dos bloques normativos, confirmada por fuentes gubernamentales a Europa Press, refleja la necesidad de asegurar la mayor viabilidad posible para iniciativas de impacto social y económico, tras una votación fallida en la que las diferencias de criterio de los grupos parlamentarios provocaron el rechazo de un documento único. Esta fragmentación legislativa, según publican los medios, obedece al interés del Ejecutivo por preservar las disposiciones más importantes y avanzar en su aprobación pese a las discrepancias políticas detectadas en la anterior sesión del Congreso.

Los dos decretos que el Ejecutivo tiene previsto validar incorporan respuestas tanto a demandas sectoriales —como la estabilización de cuotas para trabajadores por cuenta propia— como a necesidades emergentes derivadas de las dificultades económicas y sociales agravadas por circunstancias imprevistas, como el paso de la DANA. Además, las herramientas de protección social que recogen medidas como el bono social y la moratoria en los desahucios seguirán aplicándose hasta nuevo aviso, con las modificaciones que resulten de los acuerdos alcanzados con los distintos grupos parlamentarios.

El rechazo previo por parte del Congreso puso en evidencia la dificultad para consensuar instrumentos legales amplios que integren simultáneamente reformas de carácter económico y social, especialmente cuando las particularidades de colectivos como los pequeños arrendadores generan desacuerdos significativos en el hemiciclo. Europa Press informó que el motivo central de la negativa se centró en la percepción de insuficiencia de protección para los propietarios de una sola vivienda, lo que dio pie a una revisión del contenido normativo y a la negociación de nuevas fórmulas.

El Ejecutivo se ha visto obligado a responder a la advertencia de los partidos que, en la votación anterior, alegaron que el diseño original del decreto comprometía la sostenibilidad económica de pequeños propietarios. A raíz de este debate, el medio informó que la negociación entre el Gobierno y el PNV ha derivado en una modificación que introduce un sistema de protección específico para estos arrendadores, evitando que se generen situaciones de vulnerabilidad por impagos en aquellas personas con una única propiedad destinada al alquiler.

El calendario inmediato del Consejo de Ministros, resaltado por Europa Press, contempla la tramitación simultánea pero separada de ambas iniciativas, para garantizar mayor viabilidad y evitar bloqueos políticos que pudieran retrasar la actualización de las pensiones o la prórroga de medidas sociales que afectan a un amplio sector de la población. Las nuevas propuestas legislativas —una orientada a la seguridad de las prestaciones por jubilación y otra a la red de apoyo social vigente desde el inicio de la pandemia— buscan atender los compromisos del Ejecutivo tanto en materia de sostenibilidad económica como en la contención de los efectos derivados de crisis recientes.

Las fuentes oficiales, citadas por Europa Press, reiteraron que la principal motivación del desglose normativo radica en la necesidad de evitar que el desacuerdo político sobre una medida particular afecte el progreso de otras reformas, especialmente las concernientes a la protección de los derechos y los ingresos de los jubilados, así como las garantías básicas para familias en riesgo de precariedad habitacional y energética.