
En Rubaya, una localidad situada en la provincia de Kivu Norte, continúan los esfuerzos de búsqueda entre el lodo y los escombros tras el deslizamiento de tierra que el pasado lunes sepultó parte de la mina de coltán, con centenares de personas aún desaparecidas y un saldo fatal que ya roza los 300 fallecidos. Según informó Radio Okapi, la tragedia dejó atrapados no solo a trabajadores mineros sino también a comerciantes y a quienes transitaban por la zona al momento del colapso, y las alertas persisten porque las lluvias y la crecida de los ríos dificultan las operaciones de rescate, mientras se estima que hay cerca de un centenar de personas cuyo paradero todavía se desconoce.
La emisora Radio Okapi detalló que el deslizamiento del terreno sorprendió a quienes se encontraban en el yacimiento de coltán, y explicó que muchas de las víctimas han sido arrastradas por las aguas de varios ríos cercanos, lo cual ha obstaculizado el acceso presencial de equipos de ayuda y bomberos al área afectada. El balance oficial de muertos ascendió a 300, pero varias fuentes consultadas en el lugar advirtieron que este número podría seguir subiendo por la fragmentación de las labores de búsqueda y la falta de maquinaria pesada.
El accidente ha puesto en el foco la situación de inseguridad y de explotación minera en la región de Rubaya, donde la extracción de coltán se lleva a cabo, en numerosas ocasiones, sin los debidos estudios de impacto ambiental o social. Telesphore Mitondeke, presidente de la coordinación territorial de la sociedad civil en el territorio de Masisi—donde se localiza Rubaya—afirmó a Radio Okapi que “la explotación de numerosas minas, principalmente en el perímetro de Rubaya, es llevada a cabo sin estudio de impacto social o ambiental”. Mitondeke reclamó “el cese inmediato de toda explotación ilegal en las zonas bajo ocupación hasta que se restablezca el marco legal”, en alusión al control del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) sobre la zona.
Según reportó Radio Okapi, el Movimiento 23 de Marzo, grupo rebelde con fuerte influencia en este sector de Kivu Norte, expulsó en 2025 a las fuerzas gubernamentales de áreas estratégicas, incluidas las capitales provinciales de Goma y Bukavu tanto en Kivu Norte como en Kivu Sur. Este control de los rebeldes ha favorecido el aumento de la minería sin supervisión estatal y es uno de los factores que agrava la vulnerabilidad de los trabajadores locales frente a las catástrofes naturales.
El Gobierno de la República Democrática del Congo ha responsabilizado a Ruanda de apoyar al M23 y de beneficiarse, de forma indirecta, de la explotación de los yacimientos minerales en las áreas bajo dominio rebelde. Según consignó Radio Okapi, en Rubaya se extraen cada mes entre 112 y 125 toneladas de coltán, mineral estratégico en la fabricación de componentes electrónicos y altamente buscado en los mercados internacionales. Kinshasa sostiene que parte de ese coltán es canalizado a través de redes ilegales hacia países limítrofes y que los ingresos financian las actividades armadas del M23.
Frente a estas acusaciones, el M23 manifestó, por medio de un comunicado recogido por Radio Okapi, su “profunda indignación ante el comportamiento irresponsable, motivado políticamente y engañoso por parte del régimen de Kinshasa”. El movimiento rebelde aseguró además: “En lugar de asumir su responsabilidad por sus prolongados fracasos a la hora de gestionar el sector minero, intentan explotar un trágico accidente causado por las lluvias torrenciales en minas artesanales de Rubaya para buscar beneficio político”. Acusó al Ejecutivo congoleño de manipular la opinión pública y ocultar lo que define como un historial de negligencia en materia de seguridad minera. El M23 adjuntó, además, una lista de accidentes mortales ocurridos en explotaciones de minerales en la región durante los últimos años.
Mientras las acusaciones y la controversia persisten, familiares de las víctimas y equipos de rescate enfrentan enormes dificultades. Las inclemencias del tiempo, la fragilidad de los accesos y el riesgo de nuevos deslizamientos han puesto a prueba la capacidad operativa de las organizaciones locales y humanitarias. El control armado y la ausencia de autoridades estatales en el área complican aún más el desarrollo de tareas de salvamento y la protección de los derechos de los supervivientes.
El deslizamiento de tierra en Rubaya ha provocado además nuevas demandas de parte de grupos civiles, que piden medidas inmediatas para frenar la explotación minera sin regulación y evitar futuras tragedias. Según precisó Radio Okapi, las solicitudes de intervención oficial subrayan la necesidad de implementar estudios de impacto y de restablecer la supervisión estatal sobre todos los procesos extractivos en la provincia de Kivu Norte.
En el contexto de este desastre, la demanda internacional por coltán y el complejo mosaico político-militar de la región vuelven a situar a la República Democrática del Congo en el foco de debates sobre la seguridad en la minería, la soberanía de los recursos y la protección de las comunidades locales ante riesgos ambientales y humanos.
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