La memoria de Yolanda González sigue viva: asesinato ultra, huida y un asesino que acabó trabajando para la policía

El nombramiento de los Jardines Yolanda González en el barrio de Aluche en 2015 marcó un hito en el esfuerzo de vecinos y autoridades para preservar la memoria de la joven asesinada en 1980, según informó Europa Press. Este homenaje se materializó años después de la primera propuesta del Pleno de Latina en 2013 y, desde entonces, ha sido objeto de vandalismo repetido por parte de grupos extremistas, con pintadas y la retirada de placas, acciones que las autoridades han contrarrestado reponiendo los elementos conmemorativos. La persistencia de la memoria de Yolanda González refleja el impacto que tuvo su asesinato en el contexto de la Transición española y la centralidad de su figura como símbolo de la lucha por la democracia en España.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el crimen de Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, sucedió el 1 de febrero de 1980. González, quien tenía 19 años y residía en la calle Tembleque de Aluche, fue secuestrada en su domicilio por un comando ultraderechista identificado como el Grupo 41 del Batallón Vasco Español. Sus asesinos, entre quienes se encontraban Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, lograron ingresar en el domicilio utilizando falsas placas policiales. Tras interrogarla, la dispararon y abandonaron su cuerpo en un camino entre Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias. El secuestro y el asesinato tuvieron motivaciones políticas en el momento posterior a la transición, periodo caracterizado por la tensión entre distintas fuerzas sociales y políticas.

El medio Europa Press detalló que Hellín Moro y Abad Velázquez fueron detenidos y procesados dos años después por la Audiencia Nacional. Hellín Moro fue condenado a más de 43 años por delitos de asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, posesión de armas y explosivos, además de falsificación y uso público de identidad falsa. Ignacio Abad Velázquez recibió una condena superior a 28 años, responsabilidad que incluía asesinato y tenencia ilícita de armas.

Según consignó Europa Press, Hellín Moro se fugó del país aprovechando un permiso penitenciario y permaneció tres años oculto en Paraguay antes de ser deportado a España en la década de los noventa. Cumplió el resto de su condena y recuperó la libertad en 1996. Posteriormente, Hellín Moro, tras cambiar su nombre a Luis Enrique, comenzó a impartir cursos de seguridad en distintos organismos oficiales. En 2011, ya bajo su nueva identidad, fue contratado como profesor externo por el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse) del Ayuntamiento de Madrid. Su experiencia como ingeniero superior de Telecomunicaciones y la formación que había impartido a la Guardia Civil en delitos telemáticos sirvieron de aval para esta contratación, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

El descubrimiento de la verdadera identidad de Hellín Moro generó controversia. El entonces equipo de Gobierno municipal, liderado por Ana Botella, manifestó que los antecedentes penales del condenado habían pasado inadvertidos. Enrique Núñez, delegado de Seguridad, defendió que cuando fue contratado no se tenía conocimiento de su pasado, alegando que la ley prohíbe preguntar por la ideología durante los procesos de selección. Ángel Lara, portavoz de IU de Seguridad, consideró que el apellido Hellín resultaba imborrable para quienes vivieron los episodios violentos de la Transición, reportó Europa Press. Tras destaparse la situación, el Ayuntamiento de Madrid dejó de contar con sus servicios.

Europa Press indicó que el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, también ofreció explicaciones a la familia tras una investigación interna en la Policía y la Guardia Civil. Asier González, hermano de Yolanda, expresó a la prensa que consideraba la colaboración de Hellín con organismos de seguridad estatal como “una anomalía inaceptable en democracia”, y añadió: “Nos resulta totalmente inaceptable en un Estado democrático y de Derecho que Emilio Hellín, que secuestró y asesinó a Yolanda por motivos políticos y convicciones fascistas, mantenga una relación privilegiada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque nunca haya pedido perdón ni se haya arrepentido”.

Fernández Díaz, en declaraciones recogidas por Europa Press, confirmó que Hellín Moro había firmado contratos con la Administración previos a la llegada del Partido Popular al Gobierno. La instrucción en materia de seguridad que ofreció Hellín alcanzó tanto a funcionarios locales como a agentes de la Guardia Civil, conforme informó el mismo medio.

La huella de Yolanda González continúa presente también en Bilbao, su ciudad natal, donde una plazuela lleva su nombre. Europa Press mencionó que en 2018 se instaló en los Jardines de Aluche una placa para recordar la figura de González, en la que se describe su trayectoria como líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, subrayando su lucha por la democracia, la justicia y los derechos sociales y laborales. El texto de la placa relata los hechos de 1980 y dedica el espacio público a su memoria.

La persistencia de la memoria de Yolanda González se enfrenta continuamente a intentos de borrar su recuerdo. Europa Press ha informado de la existencia de pintadas de carácter extremista y la retirada sistemática de las placas que la homenajean, aunque el Ayuntamiento de Madrid las ha repuesto en cada ocasión. A pesar de la acción de estos grupos, la comunidad y las instituciones mantienen el legado de González visible en el espacio público, reconociendo el impacto social, político y simbólico de su caso dentro del proceso de lucha por la democracia en España.