
El anuncio de una próxima presentación de una ley de amnistía general ante la Asamblea Nacional de Venezuela marcó el comienzo de una nueva etapa en el debate sobre la situación de los detenidos considerados opositores en el país. Según reportó la agencia Europa Press, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, explicó que este proyecto tiene la meta de abordar el periodo comprendido entre 1999 y la actualidad, una fase que, de acuerdo con sus palabras, ha estado marcada por episodios de violencia política y confrontación.
Tal como publicó Europa Press, el anuncio tuvo lugar durante la apertura del año judicial, evento celebrado en el Tribunal Supremo de Venezuela y emitido por la televisora estatal VTV. Rodríguez indicó que la propuesta de amnistía cuenta con el respaldo de Nicolás Maduro y encargó a la Comisión de Revolución Judicial, así como al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, que formalicen la entrega del proyecto ante el Poder Legislativo con carácter de urgencia.
En cuanto al contenido de la iniciativa, la mandataria detalló que la ley busca restablecer la convivencia y la justicia, así como contribuir a la reparación de las "heridas" provocadas por la prolongada confrontación. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, subrayó que este proceso es una "oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay". Rodríguez exhortó tanto a los individuos que podrán verse beneficiados por la ley como a quienes han sido liberados en las recientes jornadas, a no ceder ante la "venganza, la revancha y el odio", e insistió en la importancia de coexistir desde la pluralidad y la diversidad bajo el respeto a la legalidad y a la justicia.
El texto legal, según informó la presidenta interina, excluiría de los beneficios de amnistía a quienes enfrentan condenas o procesos por crímenes de homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de Derechos Humanos. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, esto responde a la intención oficial de delimitar el alcance de la medida a personas detenidas por causas ligadas a la participación política, y no a delitos considerados de máxima gravedad.
Por otra parte, la organización no gubernamental Foro Penal señaló este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el número de opositores excarcelados superó los 700 desde el 8 de enero, fecha en que se inició la actual ola de liberaciones. El mismo organismo alertó que más de 11.000 personas continúan sujetas a restricciones a la libertad que calificó como "arbitrarias".
En el discurso ofrecido en el Tribunal Supremo, Rodríguez hizo referencia a la necesidad de canalizar un proceso de reconciliación, sin renunciar al principio de justicia, destacando el valor del respeto en la construcción de la paz social. "Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", afirmó la presidenta encargada, según citó Europa Press.
El medio europeo brindó contexto sobre la trayectoria de conflictos que ha atravesado Venezuela en las últimas décadas, escenario en el que la confrontación entre actores gubernamentales y sectores de la oposición ha tenido repetidas repercusiones en el ámbito judicial y de derechos humanos. En ese marco, la propuesta legislativa se produce en un momento en que la presión tanto interna como internacional para la liberación de activistas y dirigentes opositores ha incrementado, especialmente a raíz de la captura de Nicolás Maduro y las posteriores excarcelaciones.
El programa anunciado por Rodríguez implica la creación de mecanismos para canalizar las solicitudes de amnistía, así como la implementación de medidas de seguimiento para quienes recuperen su libertad en el marco de este proceso. En sus palabras, esta acción apunta a reencauzar el sistema judicial venezolano y fortalecer la convivencia institucional.
Europa Press detalló que la agenda legislativa impulsada por el ejecutivo interino apuesta a una intervención inmediata para atender las demandas de sectores sociales y familiares de personas detenidas, en busca de soluciones perdurables al clima de polarización política que caracteriza al país.
Las ONG que participan en la defensa de los derechos humanos, como Foro Penal, han insistido en la extensión de las garantías y la revisión de procesos judiciales que afectan a miles de ciudadanos en situación de medida restrictiva, subrayando el reclamo por una reforma integral del sistema penitenciario y de justicia en Venezuela, según informó Europa Press.
La presentación pública del proyecto de ley de amnistía se suma así a una secuencia de acontecimientos relacionados con la situación de los llamados presos políticos en Venezuela, en un contexto definido por liberaciones masivas y llamados de la sociedad civil y la comunidad internacional a medidas que faciliten la pacificación y el respeto pleno a los derechos fundamentales.
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