
La alarma internacional sobre el creciente número de personas desplazadas y la falta de acceso a servicios básicos en Sudán del Sur resalta la magnitud de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Según informó Europa Press, la Unión Europea ha señalado en un comunicado este viernes que millones de sursudaneses se encuentran en situación de vulnerabilidad por el resurgimiento de los conflictos internos, exigiendo que todas las partes garanticen un acceso humanitario sin restricciones y respeten las normas internacionales que protegen tanto a civiles como a instalaciones de ayuda.
La Unión Europea, de acuerdo con Europa Press, expresó su preocupación por la situación de seguridad, especialmente en el estado de Jonglei, y reclamó un retorno inmediato a los principios establecidos en el acuerdo de paz firmado en 2018. Mediante el Servicio de Acción Exterior, el bloque europeo indicó que el alto el fuego inmediato constituye "la única garantía para la paz y la estabilidad" en Sudán del Sur, en un contexto donde recrudece la violencia y surgen nuevos enfrentamientos armados.
El medio Europa Press detalló que la UE condenó de manera categórica todo “discurso incendiario que incite a la violencia contra la población civil” e indicó que trabajará junto a actores internacionales para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia si así fuera necesario. Además, el comunicado recordó el compromiso de la UE con el proceso de paz en el país africano, proporcionando apoyo a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), respaldando estructuras derivadas del acuerdo de 2018 y distribuyendo ayuda esencial a la población afectada por el conflicto.
El origen más reciente de la crisis se remonta a febrero de 2025, cuando la milicia conocida como White Army lanzó una ofensiva armada contra el ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, ubicada en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía. Según publicó Europa Press, la milicia logró tomar el control temporal de esta localidad antes de ser desalojada por agentes estatales en el mes siguiente. Este episodio desencadenó una serie de medidas por parte de las autoridades nacionales, que incluyeron la detención domiciliaria de Riek Machar, exlíder rebelde, bajo la acusación de conspirar contra la seguridad del Estado.
El arresto de Machar, según consignó Europa Press, generó acusaciones de su partido sobre la violación del acuerdo de paz y el riesgo inminente de una escalada bélica si el dirigente no era liberado. Las autoridades posteriormente presentaron cargos graves contra él, incluyendo asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo y crímenes contra la humanidad. Estos acontecimientos han provocado una expansión de los enfrentamientos armados en distintos puntos del país, intensificando la crisis política y humanitaria.
Europa Press informó que el agravamiento del conflicto ocurre tras la reforma constitucional promulgada por el presidente Salva Kiir en septiembre de 2024. Esta medida extendió por dos años adicionales el periodo de transición establecido en la Constitución de 2011, una decisión criticada por la comunidad internacional. Diversos actores globales habían exigido avances significativos en la implementación del acuerdo de paz de 2018, ya que aún permanecen pendientes importantes disposiciones, incluida la organización de elecciones nacionales.
Además de condenar la violencia, la UE ha subrayado la urgente necesidad de permitir la entrada de organizaciones humanitarias sin restricciones al territorio, al tiempo que solicita protección para instalaciones utilizadas por estas entidades y respeto por las obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario. Según el comunicado recogido por Europa Press, el bloque europeo reitera que su apoyo a Sudán del Sur se extiende tanto al acompañamiento de los esfuerzos de mediación de la IGAD como a la provisión sostenida de asistencia a los millones de personas afectadas.
La crisis interna de Sudán del Sur, según el reporte de Europa Press, afecta la estabilidad de la región y aumenta el riesgo de que el número de desplazados siga creciendo. Al llamar a las partes enfrentadas a regresar al proceso de paz y comprometerse con el cese inmediato de hostilidades, la UE busca contener la escalada de violencia y crear condiciones que permitan reactivar el diálogo político. El comunicado enfatiza que el regreso a la implementación plena del acuerdo de 2018 sigue siendo imprescindible para alcanzar una solución duradera al conflicto y garantizar la protección de la población civil.
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