EEUU amplía las sanciones contra Irán al ministro del Interior y cargos de la Guardia Revolucionaria

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó que la administración estadounidense intensificará las acciones dirigidas contra redes y élites iraníes que obtienen beneficios en detrimento de la población. Esta postura incluye el seguimiento y la limitación de mecanismos utilizados por el gobierno de Irán para eludir restricciones económicas, con énfasis en el uso de plataformas de activos digitales. Según Bessent, esta estrategia obedece al propósito de frenar tanto el enriquecimiento ilícito de miembros del régimen como las operaciones de financiamiento ilegal vinculadas a actividades cibernéticas. De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y recogido por diversos medios internacionales, las autoridades estadounidenses han recalcado que el gobierno iraní prefiere destinar sus ingresos a la financiación de programas militares y de grupos armados fuera de sus fronteras en vez de priorizar el desarrollo económico nacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la ampliación del régimen sancionador contra altos funcionarios iraníes. Según consignó el medio, entre las figuras incorporadas aparecen el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, así como Mayid Jademi, responsable de la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Estas medidas responden, de acuerdo con la entidad estadounidense, a la participación directa de estos funcionarios en la represión de recientes protestas antigubernamentales en territorio iraní.

El medio detalló además que las sanciones alcanzan a varios comandantes regionales de la Guardia Revolucionaria, como Ghorban Mohamad Valizadeh, jefe del cuerpo en la provincia de Teherán, Hosein Zare Kamali en Hamadan y Hamid Damghani en Gilan. Igualmente, la OFAC incluyó al comandante de las fuerzas de seguridad de la provincia de Kermansha, Mehdi Hajian, bajo acusaciones de desempeñar roles clave en la implementación de acciones violentas contra la población civil.

Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros, los altos funcionarios sancionados son señalados como responsables de episodios de represión que derivaron en centenares de muertes, arrestos masivos y desapariciones forzadas desde el inicio de las manifestaciones. Las autoridades estadounidenses sostienen que las acciones atribuidas a estos individuos buscan suprimir las expresiones de descontento social y político por parte de la ciudadanía.

El presidente Donald Trump instruyó personalmente el endurecimiento de las sanciones. En este contexto, la OFAC resaltó que a mediados de enero se sumó a la lista de personas sancionadas a Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien se acusa de incitar a la respuesta violenta ante las primeras protestas, encaminadas según los convocantes, a demandar reformas y mayores libertades.

Los balances ofrecidos sobre la magnitud de la represión difieren según la fuente. El gobierno iraní sostiene que desde finales de diciembre y en el contexto de las recientes movilizaciones murieron 3.000 personas, cifra que atribuye en parte a la actividad de “terroristas” supuestamente apoyados por Estados Unidos e Israel, con el propósito de incitar una intervención extranjera. En cambio, colectivos de derechos humanos contabilizan no menos de 6.000 víctimas mortales derivadas de los operativos de seguridad y control durante las protestas.

Por otra parte, de acuerdo con lo publicado por la OFAC, el alcance de las sanciones se amplía al ámbito financiero y digital. El empresario Babak Morteza Zanjani resultó incluido entre los sancionados por su implicación en maniobras para eludir sanciones previas mediante el uso de las plataformas de intercambio de activos digitales Zedcex y Zedxion, compañías registradas en Reino Unido. Dichas plataformas, según la autoridad estadounidense, canalizaron fondos de la Guardia Revolucionaria, permitiendo superar anteriores restricciones al flujo de capital.

Scott Bessent remarcó públicamente que: "En lugar de construir un Irán próspero, el régimen ha optado por malgastar lo que resta de los ingresos petroleros del país en el desarrollo de armas nucleares, misiles y agentes terroristas en todo el mundo". En su intervención, Bessent aseguró que la presión continuada por parte de Estados Unidos buscará asfixiar las fuentes de recursos del aparato de seguridad y las redes asociadas al gobierno iraní. Además, destacó que estas medidas incluyen el abordaje de prácticas para explotar activos digitales a fin de evadir sanciones y sostener operaciones criminales en línea.

La administración estadounidense apunta que Irán transfiere activos a instituciones financieras en diferentes regiones, utilizando esquemas tecnológicos para dificultar el rastreo de esos fondos. Según palabras de Bessent, "como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo".

El medio subrayó que la política de sanciones forma parte de una estrategia más amplia orientada a restringir el margen de acción de los sectores gubernamentales y militares iraníes. Las autoridades estadounidenses argumentan que este régimen de medidas restrictivas pretende presionar a los responsables políticos y económicos iraníes a modificar su comportamiento tanto en el plano interno como en el internacional. Además, remarcaron que la utilización de mecanismos digitales para eludir sanciones constituye un desafío a la arquitectura regulatoria global y refuerza el compromiso del gobierno estadounidense respecto al control financiero transfronterizo.

La OFAC advirtió igualmente que el monitoreo permanece activo y que nuevas personas físicas y jurídicas podrían incorporarse en el futuro a la lista de sancionados, según la evolución de las evidencias recabadas. Los funcionarios estadounidenses insisten en la necesidad de actuar de manera coordinada con otros gobiernos y bloques económicos para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las restricciones económicas impuestas al gobierno iraní y las redes que lo apoyan.