
“¿Queréis comida barata llena de pesticidas a bajo precio?”, preguntó el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, frente a Casa Mediterráneo, ante una multitud de asistentes convocados durante la jornada de protesta. En ese acto, líderes y participantes pusieron el foco sobre la amenaza que representa la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur para la agricultura alicantina, la seguridad alimentaria y la viabilidad del campo en España. La noticia principal de la movilización fue la tractorada que recorrió las principales arterias de Alicante el jueves por la mañana, con la presencia de unos 200 vehículos agrícolas, la consigna de exigir respuestas urgentes y la defensa del trasvase Tajo-Segura, según informó el medio.
El recorrido de los tractores, junto a agricultores, ganaderos y apicultores socios de Asaja Alicante, se inició en la avenida de Aguilera y se desplazó por puntos centrales como la plaza de Luceros y la avenida Maisonnave, hasta concluir en la Explanada. Tal como reportó la organización, posteriormente tuvo lugar una concentración frente a Casa Mediterráneo, en la que participaron más de 300 personas. Asaja Alicante destacó que la selección de ese punto no fue casual: Casa Mediterráneo es una institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y para los convocantes simboliza el vínculo entre las políticas adoptadas en Madrid, su impacto local y las decisiones europeas que afectan al sector primario.
Según publicó Asaja Alicante en un comunicado recogido por los medios, las reivindicaciones principales giraron en torno al “hartazgo” generado entre los productores por las situaciones de “competencia desleal, incremento constante de los costes de producción y presión burocrática y normativa insostenible”. El presidente de la asociación, José Vicente Andreu, indicó que el “detonante” de la protesta fue la doble inquietud ante el acuerdo comercial UE-Mercosur y el anuncio del Gobierno español de financiar trasvases en Marruecos, mientras que, a su juicio, el trasvase Tajo-Segura se mantiene en estado vulnerable por amagos continuos de recortes.
De acuerdo con lo que consignó el medio, los productores insistieron en que “el campo está siendo utilizado como moneda de cambio en decisiones políticas adoptadas de espaldas a la realidad agraria”. Este sentimiento quedó reflejado en consignas como “Si el campo no produce, la ciudad no come”, visibles durante la marcha y repetidas por los asistentes. La defensa del agua y la protección del trasvase Tajo-Segura constituyeron los ejes centrales de la protesta. El responsable de la sectorial del agua en Asaja Alicante, Roque Bru, remarcó que “Alicante no puede entenderse sin agua” y argumentó que el problema no es ambiental ni sectorial, sino “político y territorial”. Sostuvo que en España hay recursos hídricos suficientes para abastecer al campo si existiese voluntad política.
Durante la jornada, Asaja Alicante alertó sobre las consecuencias negativas del acuerdo con Mercosur, señalando que la aprobación final implicaría la comercialización en Europa de productos alimenticios tratados con pesticidas prohibidos en el continente desde hace más de 30 años. La entidad escenificó estas preocupaciones mediante la instalación de una mesa bajo el título ‘Menú Mercosur’, en la que mostraron ejemplos de productos importados que, según acusaron, contienen residuos de fitosanitarios vetados en la Unión Europea: arroz de Brasil con paraquat, limones argentinos con carbendazim, manzana uruguaya con tiofanato-metil, uvas peruanas con clorpirifos, así como pollo y carne de Brasil y Argentina tratados con antibióticos y hormonas.
El medio detalló que en los discursos se puso énfasis en la repercusión del acuerdo no solo para la competitividad del sector agrícola, sino también para la salud de los consumidores europeos. Andreu subrayó que “el acuerdo con Mercosur no está muerto, solo hemos ganado un poco de tiempo y ni eso, porque ya están presionando para que se aplique de forma provisional, a pesar de la votación de los europarlamentarios de que sea revisado por el Tribunal de Justicia Europeo”. Además, advirtió sobre la posibilidad de que la legislación afecte a agricultores y ganaderos, así como a la seguridad alimentaria del conjunto de la sociedad.
La fiscalidad y la burocracia se presentan entre los problemas más reiterados en el sector. Según reportó Asaja Alicante, los participantes señalaron que la gestión administrativa excesiva y la presión de Hacienda dificultan el trabajo diario en el campo, pues la naturaleza de la actividad agraria responde a cosechas y condiciones meteorológicas inestables y no a una nómina fija, por lo que encuentran incoherente la aplicación de modelos fiscales pensados para entornos económicos más predecibles.
En el transcurso de la concentración, se reclamó la necesidad de abandonar lo que denominaron “políticas verdes imposibles” y se solicitó la puesta en marcha del proyecto Vertido Cero para la provincia, junto con medidas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones y fomenten el relevo generacional en el campo, aspectos resaltados como fundamentales por la organización y recogidos en las consignas.
Durante el evento, se leyeron manifiestos que recogieron no solo la defensa del sector agrario, sino también la producción de alimentos seguros y la importancia de preservar el medio rural. Según describió el medio, la asociación denunció que la ratificación del acuerdo UE-Mercosur dejaría expuestos a los consumidores europeos a alimentos a bajo coste pero tratados con sustancias vetadas en sus normativas, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía alimentaria y la capacidad de Europa para garantizar la calidad y seguridad de sus propias fuentes de abastecimiento.
Asaja Alicante ha dirigido sus demandas tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas encargadas de regular el comercio y la agricultura. La protesta visibilizó la preocupación por el futuro inmediato del sector en el territorio, condicionada por decisiones adoptadas fuera del ámbito local y que, en opinión de sus promotores, no contemplan las necesidades ni las realidades concretas de la agricultura y la ganadería alicantinas.
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