Agricultores y ganaderos convocan para el 10 de febrero movilizaciones en rechazo al acuerdo con Mercosur

La jornada de manifestaciones en Sevilla coincidirá con el debate sobre la cláusula bilateral de salvaguardia vinculada al Acuerdo de Asociación e Interino de Comercio entre la Unión Europea y Mercosur en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, según reportó el medio. Durante esta sesión, se discutirá la protección de los productos agrícolas europeos y los mecanismos destinados a evitar perjuicios para los productores locales, contexto que los organizadores de la protesta consideran crucial para el futuro del sector.

De acuerdo con información recogida por medios locales, organizaciones como Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla han convocado para el 10 de febrero diversas tractoradas y concentraciones de agricultores y ganaderos. Las movilizaciones, aplazadas tras el temporal de lluvias y vientos que activó el nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla, estaban inicialmente previstas para este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno. Estas acciones cuentan con la participación de decenas de colectivos rurales de los alrededores y buscan visibilizar el rechazo al acuerdo con Mercosur y denunciar las dificultades estructurales que amenazan al sector agrario en la provincia.

La concentración partirá desde cinco municipios sevillanos: Isla Mayor (a través de la Federación de Arroceros), Los Palacios (recinto ferial), Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo), Carmona (Polígono Industrial El Pilero) y Salteras (desde su polígono industrial). Todas las columnas comenzarán a las 8:00, con la llegada prevista a la Plaza de España de Sevilla a las 11:00, conforme detallaron las entidades convocantes.

Los organizadores han explicado que la elección de la fecha responde a la voluntad de coincidir con la discusión sobre la cláusula de salvaguarda del tratado entre la UE y Mercosur, una disposición que consideran insuficiente. Según el comunicado conjunto citado por los medios, los países integrantes de Mercosur ya han comunicado que no cumplirán con el mecanismo de salvaguardia, y los representantes del sector agrario sevillano sostienen que su uso efectivo dependería de la implementación de inspecciones simultáneas en los países de procedencia de las mercancías y de la existencia de un ente supervisor europeo realmente independiente en los puertos de entrada.

Según publicó el mismo medio, estas agrupaciones rurales argumentan que el acuerdo comercial es solo una expresión más de la falta de consideración hacia el campo. Señalan que la situación es crítica, mencionando la reducción progresiva de activos agrarios, la desaparición y cierre de explotaciones, y la drástica caída de la cabaña ganadera en la región. “La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza son una realidad constatable”, manifestaron los colectivos en su declaración.

Las entidades sevillanas convocantes insisten en que la agricultura y ganadería son frecuentemente utilizadas como moneda de cambio en las negociaciones internacionales, lo que contribuye a la precarización del sector, según informó el medio. Denuncian también que la reciente reforma de la PAC (Política Agraria Común) incluye recortes presupuestarios y un exceso de burocracia que ahoga a los productores y genera consecuencias que finalmente terminan por afectar a los consumidores.

El rechazo al acuerdo con Mercosur se entrelaza con una serie de reivindicaciones históricas. Las agrupaciones promotoras reclaman un control más estricto de las importaciones provenientes de terceros países y exigen la creación de un sistema de inspección y certificación robusto que pueda garantizar la trazabilidad y la seguridad de los productos agrícolas que entran en el mercado comunitario. Además, solicitan que la nueva regulación europea contemple la singularidad de las producciones locales y el impacto que tienen las importaciones sobre los precios, la viabilidad económica y la sostenibilidad de las explotaciones de la zona.

La protesta del 10 de febrero se inscribe dentro de una oleada de movilizaciones que, ese mismo jueves, se desarrollaron en más de treinta provincias españolas, reportó el medio. Los manifestantes han trasladado su intención de continuar con este calendario de acciones mientras persistan los actuales términos de los acuerdos internacionales y no se atiendan las peticiones del sector para salvaguardar sus intereses y preservar el tejido económico y social del campo andaluz.

En el mismo comunicado citado por el medio, las organizaciones agrarias anuncian su disposición a mantener la presión y advierten que el futuro inmediato de las explotaciones familiares y de la producción agropecuaria local depende de que se adopten medidas urgentes. Argumentan que la ausencia de controles y garantías genera una competencia desleal, al permitir la entrada de productos bajo estándares diferentes, ajenos a las exigencias normativas y sociales que rigen en la Unión Europea.

Finalmente, los convocantes reiteran que “darán la batalla” en defensa del campo frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y frente al resto de tratados comerciales con países no comunitarios, insistiendo en la urgencia de que las autoridades nacionales y europeas garanticen marcos regulatorios y apoyos estructurales para evitar el deterioro del tejido productivo rural andaluz.