El fallo judicial puso en el centro la situación de los descendientes de coreanos que sufrieron durante décadas la exclusión de compensaciones por las consecuencias de la bomba atómica de 1945, obligados a convivir con secuelas de salud y tensión, según publicó la prensa de Hiroshima. El tribunal de la ciudad dictaminó que el Estado japonés debe contribuir económicamente a quienes son familiares de tres supervivientes coreanos del ataque nuclear estadounidense en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Según informó el medio de Hiroshima, la sentencia reconoció el derecho de 23 personas a recibir una suma de 3,3 millones de yenes (aproximadamente 18.000 euros), después de rechazar el argumento presentado por el gobierno japonés de que la reclamación estaba sujeta a una limitación temporal que impediría cualquier pago.
De acuerdo con el mismo medio, el tribunal reconoció que los afectados tenían residencia en Japón en el momento de la explosión y que, tras sobrevivir y volver a Corea del Sur —en ese momento bajo dominio japonés hasta 1945—, enfrentaron nietos e hijos una doble carga: las consecuencias físicas y emocionales de la catástrofe y la exclusión sistemática de los apoyos y ayudas estatales. En el fallo se criticó la existencia durante décadas de normativas que privaron de compensaciones a los ciudadanos de origen coreano, incluso cuando muchos de ellos habían formado parte de la comunidad japonesa hasta el fin del conflicto bélico.
Tal como detalló la prensa local, el Estado japonés sostuvo que la demanda llegó más de 20 años después de la abolición del reglamento que impedía el acceso a ayudas para quienes abandonaron Japón, por lo cual alegaba que el derecho a indemnización habría prescrito. No obstante, los jueces desestimaron ese punto, considerando injustificado negar una respuesta a quienes habían sido marginados por disposiciones administrativas vigentes hasta 2003. Durante ese periodo, el gobierno mantenía el criterio de que los coreanos residentes en Japón durante la explosión nuclear que emigrasen posteriormente perdían automáticamente su derecho a cualquier compensación estatal.
Según consignó el medio de Hiroshima, el número de víctimas mortales coreanas del ataque nuclear se estima en unas 70.000 personas, incluidas en un saldo superior a 600.000 muertes totales ocasionadas por el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Los supervivientes de estos ataques en Japón han recibido el nombre de ‘hibakusha’. La sentencia subrayó que descendientes y familiares de quienes tuvieron que salir de Japón se enfrentaron a un proceso de exclusión institucional durante décadas, el cual ahondó en sus dificultades psicofísicas y su vulnerabilidad económica.
El tribunal, reportó la prensa local, identificó una responsabilidad clara del Estado japonés en la reparación de los afectados, argumentando que las medidas discriminatorias generaron una cadena de perjuicios que se prolongaron sin ser atendidos durante un lapso considerable de tiempo. La indemnización, de 3,3 millones de yenes en total, representa el primer reconocimiento judicial formal por parte de una corte japonesa a favor de familiares de hibakusha coreanos que regresaron a Corea del Sur y que no recibían hasta entonces ayudas estatales.
Según los registros divulgados, la actual Corea del Sur —territorio bajo ocupación japonesa hasta 1945— fue epicentro de una migración forzada luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los antiguos residentes coreanos afectados por la bomba nuclear iniciaron su retorno, sólo para encontrarse con la imposibilidad de reclamar una compensación por no permanecer físicamente en suelo japonés. Las autoridades en Tokio justificaron esta medida amparándose en normativas internas vigentes hasta comienzos del siglo XXI.
El fallo de Hiroshima, al que hizo referencia la prensa, rechaza enfáticamente la prescripción esgrimida por el gobierno y legitima años de reclamos presentados por los descendientes y familiares de las víctimas originarias de Corea, señalando el impacto prolongado de la exclusión institucional. El tribunal consideró ilógico mantener la restricción derivada exclusivamente de la salida de Japón una vez abolido el reglamento correspondiente, enfatizando el derecho de reparación de quienes continuaron enfrentando secuelas del bombardeo y del trato desigual durante generaciones.
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