Ruanda lleva a Reino Unido a La Haya para pedir 115 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

Kigali presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje el 24 de noviembre de 2024, después de que el Gobierno británico, entonces encabezado por Keir Starmer, cancelara unilateralmente el tratado sobre traslado de solicitantes de asilo, según informó el medio de comunicación proporcionado. La solicitud legal reclama el pago de cien millones de libras esterlinas, una suma que equivale a 115 millones de euros, en concepto de compensación por los servicios e inversiones asumidos por Ruanda tras la firma y posterior anulación del acuerdo. Esta demanda ante instancias internacionales responde, de acuerdo con lo declarado por Kigali, a impagos pactados y a la ausencia de nuevas negociaciones financieras tras la anulación del acuerdo.

La iniciativa de Ruanda ante la Corte Permanente de Arbitraje, según detalló el medio, tiene origen en la interrupción de un tratado al que ambas naciones llegaron "a petición de Reino Unido". Este pacto contemplaba que Ruanda acogería a migrantes irregulares y solicitantes de asilo enviados desde territorio británico. El gobierno ruandés subrayó que el acuerdo tenía como meta desalentar los desplazamientos migratorios arriesgados hacia Reino Unido y tratar las disparidades económicas globales que alimentan la migración irregular. Este tratado, denominado Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP), entró en vigor el 25 de abril de 2024 y su cancelación por parte del Ejecutivo británico ocurrió apenas unos meses después, cuando Starmer asumió el cargo y notificó la anulación en julio del mismo año.

Según publicó la fuente original, Ruanda indicó que la decisión del Gobierno británico se tomó "sin notificación previa", lo que, en palabras de Kigali, contraviene el espíritu de colaboración que caracterizó el acuerdo. A raíz de la anulación, Londres también informó a Ruanda que no se producirían nuevas expulsiones de personas al país africano bajo el MEDP, confirmó el gobierno ruandés. Posteriormente, en noviembre de 2024, Reino Unido solicitó a Kigali el perdón de dos pagos de 50 millones de libras esterlinas cada uno (unos 57,5 millones de euros), que estaban previstos para abril de 2025 y abril de 2026 respectivamente. Ruanda, según consignó el medio, manifestó su disposición a considerar esta condonación si se abrían nuevas negociaciones económicas; sin embargo, no se avanzó al respecto y las sumas permanecen sin abonar.

El gobierno de Kigali recalcó, conforme a lo recogido por la prensa, que Reino Unido ha reiterado su determinación de no efectuar más desembolsos en el marco del acuerdo ya anulado. Además, Londres comunicó que tampoco tiene intención de cumplir el compromiso de acoger a una parte de los refugiados vulnerables actualmente bajo la protección de Ruanda, según relató el gobierno africano. Además, Ruanda apuntó que todos sus esfuerzos para modificar la postura británica resultaron infructuosos, mientras que la notificación formal de la anulación establece que la medida surtirá efecto el 16 de marzo de 2026.

El medio reportó que Kigali argumenta que el recurso al arbitraje resulta "necesario" por lo que denomina como "intransigencia" de Reino Unido en las negociaciones. El gobierno de Ruanda reiteró su compromiso para contribuir con soluciones al desafío migratorio internacional, entre ellas proporcionar seguridad y oportunidades a quienes reciben asilo en su territorio. Además, recordó que en marzo de 2025 ya había solicitado el pago de 50 millones de libras al Reino Unido en relación con el mismo plan de traslado de solicitantes de asilo y reclamó que, desde Londres, se han impuesto "medidas punitivas injustificadas", refiriéndose a la suspensión de ayuda bilateral y nuevas sanciones económicas, contexto vinculado a la situación en la región oriental de la República Democrática del Congo tras acciones del Movimiento 23 de Marzo (M23).

El equipo actual de gobierno de Reino Unido, liderado por el laborismo de Starmer, optó por descartar definitivamente el citado plan, criticando que su aprobación correspondió a la etapa anterior, bajo la dirección de la exministra Suella Braverman, como informó el portal de noticias. Ruanda, por su parte, sostiene que destinó inversiones de consideración en el contexto del acuerdo y responsabilizó a Londres por incumplir los compromisos adquiridos.

Las autoridades ruandesas insisten, de acuerdo con lo adelantado por la fuente, en que la situación creada por la cancelación y la falta de renegociación financiera justifica su recurso ante el tribunal internacional, mientras continúan reivindicando la necesidad de que Reino Unido salde los montos pendientes conforme al pacto rubricado en 2024. Además, reiteraron su disposición a mantener el diálogo sobre el fenómeno migratorio y comprometieron su actuación a favor de los refugiados que han llegado a Ruanda.