El respaldo de Francia a la calificación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista se produce en el contexto de la inminente reunión en Bruselas, donde los ministros de Exteriores de la Unión Europea revisarán las políticas de sanciones frente a las autoridades iraníes. Según informó el medio Europa Press, la decisión francesa suma peso al cambio de postura expresado previamente por el gobierno español, dejando atrás las reticencias que ambos países habían esgrimido respecto a la aprobación de medidas más restrictivas contra personalidades y estructuras relacionadas con la represión en Irán.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, anunció este miércoles que el gobierno prohibirá la entrada a territorio europeo de las personas responsables de la represión a manifestantes en Irán, además de congelar sus activos en la UE. “La intolerable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta. Su extraordinaria valentía ante la violencia indiscriminada desatada contra ellos no puede ser en vano. Junto con nuestros socios europeos, mañana en Bruselas impondremos sanciones contra los responsables de estas atrocidades”, declaró Barrot, según recogió Europa Press.
De acuerdo con el balance oficial citado por Europa Press, más de 3.000 personas han perdido la vida durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, organizaciones civiles estiman que la cifra de muertos supera los 6.000, lo que ha incrementado la presión internacional para que se tomen medidas más contundentes contra quienes han coordinado o ejecutado estas respuestas violentas desde instancias estatales iraníes. Ante este escenario, el gobierno francés remarcó, en palabras de Barrot, la necesidad de que Teherán libere a los detenidos por protestar, cese las ejecuciones, restaure el acceso a internet y autorice la actividad de la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el país.
El medio Europa Press detalló que la decisión de Francia llega tras el anuncio de España de sumarse al consenso europeo. Hasta el momento, ambos países habían mostrado reservas respecto a la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario. Con este viraje, el respaldo de París y Madrid se suma al de la mayoría de los socios europeos, mostrando una posición unificada a nivel continental frente al gobierno iraní y su aparato de seguridad.
El encuentro previsto para este jueves en Bruselas reunirá a los ministros de Exteriores de los Estados miembros, quienes debatirán y decidirán sobre la imposición de nuevas sanciones orientadas a restringir movimientos, activos y operaciones de individuos y entidades vinculadas a la represión de protestas en Irán. Entre los puntos centrales de la agenda destaca la posible designación formal de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, una calificación que tendría repercusiones significativas para las relaciones entre la UE e Irán y para los intercambios económicos y diplomáticos existentes.
Europa Press señaló que el mensaje del jefe de la diplomacia francesa, difundido en redes sociales, subrayó además la importancia de las presiones multilaterales para conseguir cambios respecto a la situación de los derechos humanos en Irán. Según el ministro Barrot, la colaboración con otros gobiernos europeos resulta clave para ejercer un efecto colectivo sobre las autoridades iraníes y sobre el comportamiento de sus actores armados y políticos.
El cambio de postura tanto de Francia como de España ha sido recibido como un indicio de que la Unión Europea busca reforzar su estrategia frente a lo que considera violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales en territorio iraní. El endurecimiento de las sanciones, junto con la presión diplomática, evidencia la voluntad europea de responder de manera coordinada ante la persistencia de la represión, los reportes de ejecuciones y las restricciones a la libertad de expresión en el país persa, aspectos señalados reiteradamente por organizaciones internacionales y agencias de derechos humanos.
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