El debate en torno a la regularización de personas migrantes y sus efectos en la economía sumergida ha sido uno de los ejes en la respuesta del PSOE ante recientes críticas de Alberto Núñez Feijóo. Según publicó Europa Press, la dirección socialista insiste en que otorgar permisos de residencia y trabajo a quienes viven en situación irregular en España no implica su acceso al sufragio en comicios generales. Con este enfoque, los portavoces del partido rebaten las acusaciones vertidas por el líder del Partido Popular durante un acto de campaña, en el que vinculó la medida con un supuesto aumento artificioso del censo electoral.
De acuerdo con Europa Press, la reacción del PSOE se produce después de declaraciones de Feijóo, quien expresó su rechazo a la regularización “masiva” de migrantes—una cifra que, estima, superaría las 800.000 personas—por considerarla contraria a la política migratoria de la Unión Europea y causante de un posible “efecto llamada”. Además, el líder popular sostuvo que el Gobierno no tiene facultad para ampliar el censo de españoles, e incluyó en sus críticas a la denominada “Ley de Nietos”, normativa que otorga la nacionalidad a descendientes de españoles, llegando a advertir que esta ley podría beneficiar a “más de dos millones de personas”.
Las palabras de Feijóo provocaron una respuesta inmediata desde la dirección socialista. En X, la cuenta oficial del PSOE publicó: “Nacionalidad y regularización no es lo mismo”, destacando que el permiso de residencia no conlleva el derecho a votar. El mensaje, citado por Europa Press, recalca además que “es de primero de oposición, en la que Feijóo se va a quedar por ignorancia y, además, por difundir bulos”, en referencia a las afirmaciones del presidente nacional del PP.
Dirigentes y portavoces socialistas consideran que Feijóo incurre en una confusión de conceptos básicos. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, se expresó en la red social X, afirmando: “O Feijóo sabe cómo funciona el censo y miente, o no lo sabe y habla sin entenderlo. En ambos casos, queda inhabilitado para gobernar”. Según difundió el medio Europa Press, Elisa Garrido, integrante de la Ejecutiva Federal del partido, también intervino en este sentido, subrayando que la regularización de personas migrantes únicamente concede el derecho a vivir y trabajar legalmente, sin implicar la extensión del derecho al voto. Añadió que el proceso permite aflorar la economía sumergida y sugirió que “tener papeles dificulta la explotación laboral”, insinuando que esta podría ser la preocupación central del Partido Popular.
En relación con esta polémica, la eurodiputada y secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, defendió que la política migratoria del Gobierno no implica “ningún regalo masivo de nacionalidades”, sino que se trata de procedimientos legales de regularización debidamente establecidos. Según reportó Europa Press, Jalloul argumentó que la insistencia de Feijóo en mezclar conceptos obedece a un propósito de “generar ruido” y obstaculizar así un debate más riguroso sobre la cuestión migratoria.
En la misma línea se manifestó Javier García Ibáñez, líder del PSOE en La Rioja, quien sostuvo que la regularización de la situación de quienes ya residen en España no otorga nuevo electorado y permite combatir la economía sumergida. García Ibáñez insistió en que “Feijóo miente, o no entiende cómo funciona”, y reiteró que ninguno de estos escenarios lo califica para la dirección del Gobierno.
Feijóo había hecho pública su postura durante un evento en Figueruelas, Zaragoza, donde estuvo acompañado por Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP para las próximas elecciones regionales. Durante su intervención, el presidente nacional del Partido Popular reiteró su rechazo tanto a la “regularización masiva” de migrantes como a la “Ley de Nietos”. Según detalló Europa Press, Feijóo afirmó: “Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas”.
Frente a estos señalamientos, diferentes representantes socialistas han insistido en la aclaración pública sobre la naturaleza de la regularización migratoria. El PSOE explica que la iniciativa busca otorgar estabilidad laboral y social a quienes viven y trabajan en España sin la documentación adecuada, contrarrestando situaciones de precariedad y economía no declarada. Dicha regularización, argumentan, no está vinculada a la concesión automática de la ciudadanía ni al acceso al sufragio, una facultad reservada a quienes han obtenido la nacionalidad española tras cumplir con los procedimientos legales.
El intercambio de declaraciones coincide con un contexto preelectoral en comunidades como Aragón, donde el debate sobre la política migratoria y las reformas legales centró parte de la campaña. El medio Europa Press recoge que el partido socialista considera estos mensajes de Feijóo como intentos de desinformar y crear confusión entre la población, dificultando un análisis veraz de las políticas migratorias propuestas.
La postura reiterada del PSOE, recogida en comunicados y reacciones de sus representantes, mantiene que el permiso de residencia y la regulación de migrantes se orientan hacia la formalización de su estatus legal y laboral, excluyendo de manera explícita cualquier implicación en la participación electoral inmediata. El partido sostiene que esta medida favorecería la economía formal y protegería derechos de personas que ya forman parte de la sociedad española.
El debate ha acentuado las diferencias entre las principales formaciones políticas en torno a la gestión de la inmigración y las reformas legislativas vinculadas. Mientras el Partido Popular advierte sobre el impacto y la magnitud de las regularizaciones y la ampliación de nacionalidades, el PSOE responde centrando el foco en los procedimientos legales, la transparencia de los objetivos y la separación clara entre los trámites de residencia y la concesión de nacionalidad. Según Europa Press, ambos partidos buscan hacer de la gestión migratoria y la regulación del censo uno de los ejes del debate político actual en España.
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