El Gobierno sube a audiencia pública el texto de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes

Las personas menores de edad incluidas en las solicitudes de sus progenitores podrán obtener un permiso de residencia por cinco años, según dispone el texto presentado para consulta pública. Esta autorización busca garantizar la estabilidad de núcleos familiares en situaciones de irregularidad documentaria en España. El Ejecutivo introdujo en audiencia pública el proyecto de regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes que se encuentran en el país, proceso que se hará efectivo tras la aprobación del Consejo de Ministros del martes 27 de enero, según informó el medio que difundió los detalles de la iniciativa.

El texto normativo elaborado por el Gobierno establece que la regularización se orientará a extranjeros que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de estancia ininterrumpida en territorio nacional al momento de efectuar la solicitud. Esta circunstancia podrá justificarse con cualquier tipo de documentación, sea de carácter público o privado, incluyendo una combinación de ambas, según detalló la documentación hecha pública tras la reunión del Consejo de Ministros y recogida por diversas fuentes informativas.

El proceso extraordinario incluye a solicitantes de protección internacional, quienes podrán acogerse a la regularización si su petición fue registrada antes del límite del 31 de diciembre de 2025 y pueden acreditarlo. La nueva disposición también exige que los solicitantes carezcan de antecedentes penales y no sean considerados una amenaza para el orden público, de acuerdo a los criterios establecidos en la propuesta legislativa, señaló el medio.

Quienes completen los requisitos tendrán acceso a una autorización inicial de residencia en España por un plazo de un año. Una vez vencido ese periodo, los beneficiarios deberán incorporarse a las figuras ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería, lo que permitirá su transición a un régimen de integración más estable dentro de la legalidad migratoria nacional, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno y reportado por el medio.

Entre las personas que forman parte del alcance de la regularización se incluyen tanto aquellas que permanecen en España desde hace años fuera de los procedimientos formales habituales, como titulares de solicitudes de protección internacional que permanecen pendientes de resolución o han sido denegadas sin posibilidad de acceder a las vías de arraigo ordinarias. El objetivo, según el Ejecutivo citado por el medio, es ofrecer una respuesta administrativa y social a situaciones de irregularidad prolongada o a la falta de recursos legales suficientes para alcanzar la regularización por medios usuales.

El proceso tendrá carácter general y no establecerá distinción por nacionalidades, en tanto los aspirantes cumplan los criterios indicados en el texto del proyecto de ley. Además, la medida contempla que los menores de edad dependientes de los solicitantes podrán acogerse a documentación propia, con un permiso de residencia de cinco años, lo que asegura una permanencia legal prolongada y facilita su inclusión progresiva en la sociedad española.

El texto, subido a trámite de audiencia pública, recoge la intención de las autoridades de agilizar la regularización a través de un procedimiento extraordinario, en atención a una necesidad identificada como social y administrativa, según la explicación recogida en el documento presentado y difundido por el medio. Se hace hincapié en que, cumplido el año inicial de autorización, los beneficiarios pasarán al régimen ordinario, escenario que les permitirá continuar desarrollando su proyecto de vida en España bajo las normas establecidas para residentes legales.

Esta iniciativa, impulsada en régimen de urgencia, busca aportar soluciones para la integración de una población que, habiendo acreditado arraigo y ausencia de antecedentes penales, ha quedado al margen de las vías de regularización convencionales. Conforme a los requerimientos citados en el texto, los solicitantes deberán presentar la documentación justificativa de su residencia continuada, sin que importe el tipo de documento siempre que permita acreditar la permanencia dentro de los márgenes temporales señalados.

El contenido del texto elevado a consulta pública detalla que la regularización no supondrá una vía automática de acceso a modalidades de residencia de mayor duración ni a la nacionalidad, ya que superado el primer año, los nuevos residentes deberán ajustarse a los trámites ordinarios del sistema, tal como prevé el Reglamento de Extranjería. El Gobierno, según consigna el medio, argumenta que la medida responde al reconocimiento de una realidad social constatada, marcada por la presencia de personas que residen, trabajan y conviven en España sin un amparo administrativo estable.

El proceso presentado contempla asimismo a personas cuyos expedientes de protección internacional estén en tramitación o hayan sido denegados, siempre que no hayan podido acogerse a otras formas de regularización vigentes. Desde el Ejecutivo se subraya que este diseño busca abarcar a quienes realmente hayan consolidado una situación de arraigo en el país y no hayan accedido a las autorizaciones por las vías reglamentarias existentes, recogió la fuente.

El plazo de un año de duración de la primera autorización permitirá iniciar trayectorias de inclusión en el mercado laboral, acceso a servicios sociales y regularización de su situación familiar, antes de integrarse en el sistema ordinario que rige para el resto de residentes extranjeros. Según enfatizó el Gobierno en el documento, la regularización extraordinaria también se aplicará al conjunto familiar, protegiendo especialmente los derechos de los menores dependientes de los solicitantes.

La exposición de motivos incorporada al texto y citada por el medio resalta que la regularización se impulsa en atención a una "realidad administrativa y social existente" en España, con el propósito de incorporar a la legalidad a quienes por distintas razones han quedado fuera del circuito formal de permisos. Desde el punto de vista normativo, la autorización inicial otorga la posibilidad de plantear un horizonte de regularidad administrativa para miles de personas implicadas, extendiendo su vigencia y repercusión a los menores acompañantes.