Buruaga sobre el centro de menores de Cartes: "No hay opción, estamos cumpliendo una imposición de Sánchez"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, subrayó que existen recursos específicos para menores extranjeros no acompañados en la comunidad, con 16 de ellos acogidos actualmente como resultado de traslados derivados de las políticas estatales, quienes conviven sin incidencias junto a otros 33 menores llegados por sus propios medios e integrados en el sistema regional. De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, la dirigente autonómica vinculó directamente esta situación con la compra de un edificio en el municipio de Cartes para alojar inicialmente a menores extranjeros, medida que atribuyó a la “imposición” que, según ella, emana de la administración central y los “repartos forzosos” determinados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según detalló Europa Press, Buruaga explicó públicamente tras ser consultada por los periodistas sobre el anuncio realizado por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, quien había calificado de “unilateral” la decisión de adquirir una propiedad para este fin. La presidenta regional aclaró que esta actuación no es resultado de una iniciativa del Ejecutivo autonómico, sino de la obligación establecida por la legislación estatal, señalando que la comunidad está “obligada por ley a aceptar estos traslados”. En referencia a las reclamaciones de la alcaldesa, Buruaga sugirió que se “está equivocando de ventanilla” al dirigir sus críticas al gobierno cántabro.

Europa Press consignó que la presidenta autonómica anunció la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional para impugnar todas las normas y decisiones asociadas a estas transferencias de menores no acompañados. Argumentó que, a juicio del Ejecutivo cántabro, dichas medidas representan una invasión de competencias de la comunidad, responden a criterios arbitrarios y carecen de medios y financiación suficientes para garantizar una adecuada atención, por lo que reiteró la postura de enfrentamiento institucional ante las políticas del gobierno central.

Buruaga, según Europa Press, negó que se haya producido ocultamiento o falta de información en el proceso de adquisición del inmueble en Cartes o en otros recursos del sistema de protección, defendiendo que el Ejecutivo regional actúa con la misma discreción y protocolos en todos sus recursos asistenciales, incluidos los destinados a menores y víctimas de violencia de género. “No vamos diciendo dónde están localizados”, afirmó, insistiendo en que el trato y la protección se otorgan con respeto y sin distinción por el origen o la nacionalidad de los menores involucrados.

La presidenta cántabra subrayó durante su declaración, recogida por Europa Press, que la comunidad lleva años gestionando la recepción e integración de menores extranjeros sin incidencias notables, dejando claro que la novedad radica únicamente en la obligatoriedad de los traslados y la imposición de los cupos estatales. Además, aclaró que Cantabria no apuesta por macrocentros, sino que utiliza centros de menor tamaño, de entre 20 y 24 plazas, con atención profesional especializada, educación y acceso a servicios básicos en municipios dotados de recursos sociales y transportes.

Sobre el modelo cantábrico, Buruaga defendió la apuesta regional por la integración y no el aislamiento, declarando que “nuestro modelo es un modelo de integración, no de aislamiento”. En cuanto a la convivencia, afirmó que los menores trasladados por decisión del gobierno central están actualmente en Santander y se encuentran en condiciones de normalidad, protegidos y con plena integración, sin problemas de convivencia reportados, según la información de Europa Press.

En relación con las críticas de la alcaldesa de Cartes, la agencia Europa Press reportó que Buruaga calificó sus declaraciones de “inaceptables” y consideró que generan alarma social, señalando que se transmite una imagen equivocada y se desata una reacción social injustificada. La presidenta regional acusó a la regidora socialista de utilizar un discurso que, lejos de apelar a la calma, estigmatiza a los menores y crea una percepción de castigo para el municipio. Buruaga atribuyó estos pronunciamientos a una “irresponsabilidad” y a lo que consideró “cinismo e hipocresía política”, recordando además actuaciones anteriores del Partido Socialista en la regulación y ubicación de centros de acogida en otras zonas.

Según continuó aportando Europa Press, Buruaga lamentó que la alcaldesa no recurriera a la Consejería de Inclusión para recabar información de forma institucional antes de recurrir a redes sociales y medios públicos para expresar sus dudas y protestas. Requirió un enfoque de “prudencia” y de lealtad institucional en la gestión de estos recursos, apelando a que se eviten mensajes que, en su opinión, solo contribuyen a elevar la tensión en la población local.

Al ser interrogada sobre la posibilidad de que la situación derive en nuevos conflictos institucionales, la presidenta manifestó, según reportó el medio citado, que el Gobierno de Cantabria continuará cumpliendo la ley y prestando cuidado a los menores en condiciones adecuadas, mientras mantiene el proceso de impugnación ante los organismos judiciales correspondientes por considerar las medidas injustas. Sostuvo además que, según su análisis, las demandas del Ejecutivo nacional emplean a estos menores como elemento de negociación política en el Congreso de los Diputados, y reiteró que el abordaje de la protección a menores debe guiarse por criterios de dignidad y derechos, independientemente del contexto político o de los debates públicos.

Las declaraciones de Buruaga, recogidas por Europa Press, se produjeron durante la inauguración de viviendas sociales en Santillana del Mar, donde defendió que la actuación del Ejecutivo autonómico responde exclusivamente a las directrices legales vigentes y buscó diferenciar la gestión regional de los mecanismos de decisión establecidos por el Estado en materia migratoria y de protección de la infancia.