Monseñor García Cariñanos, quien dirige el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), afirmó que la reciente decisión gubernamental sobre la regularización extraordinaria de migrantes representa "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular". De acuerdo con lo publicado por la propia CEE, este proceso supondrá nuevas vías para que miles de personas extranjeras puedan integrarse plenamente en la sociedad española, objetivo central de la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este martes tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos.
Según detalló la CEE, el organismo eclesiástico solicitó a las administraciones públicas que aseguren el establecimiento de mecanismos "adecuados y suficientes" a fin de que esta regularización pueda gestionarse de manera eficaz y en beneficio del colectivo migrante. El organismo consideró que la medida, según recogió en el comunicado difundido tras la reunión gubernamental, debe centrarse siempre en el servicio y la dignidad de quienes se encuentran en situación irregular.
El obispo García Cariñanos calificó el inicio de este proceso como una "muy buena noticia", señalando que la resolución favorable se logró tras un periodo prolongado de diálogos, encuentros y negociaciones con distintas formaciones del arco político. El responsable del Departamento de Migraciones de la CEE señaló que esta decisión "nos llena de esperanza", ya que, desde su perspectiva, permite avanzar más allá de los intereses políticos y dar respuesta a la situación de personas en condición de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, recogió la CEE en su balance.
Según informó la CEE, la Iglesia católica en España considera que la regularización facilitará que las personas migrantes, hasta ahora en situación irregular, puedan participar de manera plena en la vida social, económica y comunitaria del país. Desde el punto de vista eclesiástico, esto permitirá que dicho colectivo contribuya "con todas sus fuerzas al bien de esta sociedad de acogida".
En su declaración, el obispo García Cariñanos manifestó que "han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí" y reiteró el llamado a las distintas administraciones a garantizar que la regularización no solo exista como norma, sino que se acompañe con recursos y procesos eficientes para evitar nuevos escenarios de exclusión.
La decisión del Ejecutivo se tomó tras un proceso de negociaciones dentro del ámbito legislativo, resultando en la aprobación de la regularización en el Consejo de Ministros. El medio la CEE señaló que la medida cuenta con el respaldo de la Iglesia, que entiende la integración de las personas migrantes como parte fundamental para el desarrollo social y la cohesión comunitaria.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de que la implementación de la regularización se oriente siempre al interés y beneficio de las personas migrantes, y que las administraciones prevean todos los instrumentos legales y sociales necesarios para que el proceso se desarrolle "de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes", como consta en el comunicado oficial reproducido por la propia CEE.
La Iglesia española recordó que con esta nueva oportunidad legal se reconoce la aportación que las personas migrantes realizan al país pese a las dificultades que enfrentan por la falta de documentación regular. En palabras de García Cariñanos, "por encima de intereses políticos, considero que sirve para poner luz y esperanza a la situación de muchas personas migrantes que se situaban en tantas ocasiones en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social", recogió la CEE al destacar la relevancia del avance legislativo para el bienestar de miles de afectados.
El documento emitido por la Conferencia Episcopal Española resalta tanto la función social de la Iglesia como su papel de puente entre los distintos sectores implicados en la regularización, reiterando la exigencia de procedimientos accesibles, eficaces y humanos para todos los participantes en el proceso, informó la CEE.
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