La organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran indicó que la represión de las recientes protestas en Irán ha dejado al menos 6.126 personas muertas, con el registro de otros 17.091 casos todavía bajo investigación. Según consignó esta entidad con sede en Estados Unidos, se encuentran entre las víctimas 5.777 manifestantes, de los cuales 86 eran menores de edad, así como 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 civiles no involucrados en las movilizaciones. Estas cifras se publicaron después de que las propias autoridades iraníes difundieran un primer balance esta semana que ubicaba el número de fallecidos por encima de los 3.000. El saldo también incluye 11.009 heridos de gravedad y al menos 41.880 personas detenidas. La ONG además señaló la existencia de 245 "confesiones forzadas" obtenidas tras los arrestos y que las restricciones a Internet en el país se han mantenido durante más de dos semanas.
De acuerdo con Press TV, el Gobierno iraní atribuyó la agitación social en las últimas semanas a la intervención de al menos diez agencias de inteligencia extranjeras, a las que acusó de planificar un "complot terrorista" con el objetivo de multiplicar las protestas, tras los bombardeos de junio de 2025. Estos ataques incluyeron una ofensiva militar israelí de doce días, a la que siguió la participación de Estados Unidos mediante el bombardeo de tres instalaciones nucleares. Autoridades de la Guardia Revolucionaria aseguraron que se activó una "sala de mando enemiga" integrada por estos servicios de inteligencia internacionales, que, según sus declaraciones, actuaron para "fomentar disturbios internos" e impulsar la percepción de Irán como "una amenaza existencial".
El medio iraní informó que en las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad, un total de 735 personas fueron arrestadas debido a supuestos vínculos con redes activas contra la seguridad nacional. Además, según el informe, 46 de los detenidos mantenían lazos directos con agencias de inteligencia extranjeras y se confiscaron más de 740 armas de fuego en diversas redadas.
Las autoridades iraníes, citadas por Press TV, señalaron que miembros de gobiernos y responsables de seguridad extranjeros aportaron apoyo "directo" a los grupos considerados enemigos, incluidos actos como la incitación a la violencia, el uso instrumental de las manifestaciones públicas por supuestos elementos terroristas y la facilitación del empleo de redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de la violencia. El Ejecutivo también responsabilizó a estos actores de desplegar "matones y criminales" para incrementar el saldo de víctimas tanto entre civiles como entre integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, Press TV recogió que la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria sostiene que la intensificación de las manifestaciones, catalogadas como "incidentes terroristas", surgió como resultado del plan conjunto entre Estados Unidos, Israel y otros países de la región implicados mediante sus agencias de inteligencia hostiles. Las autoridades insisten en que estos países promueven una estrategia coordinada para desestabilizar la situación interna iraní en el periodo posterior a los bombardeos.
Según los reportes recogidos por Press TV y la información consignada por Human Rights Activists in Iran, la represión de las protestas se ha desarrollado en el marco de una política de bloqueos prolongados en el acceso a redes sociales e Internet, lo que, según la ONG, afecta la capacidad de los ciudadanos para comunicarse con el exterior y documentar lo ocurrido. Las cifras sobre heridos, víctimas mortales y personas encarceladas, así como las denuncias de confesiones forzadas, han sido presentadas en el contexto de estas restricciones, que, según la organización con sede en Estados Unidos, dificultan la recopilación exhaustiva de datos y el seguimiento independiente de los episodios de violencia registrados en el país.
De acuerdo con los balances oficiales y los datos proporcionados por las organizaciones humanitarias citadas, las protestas en Irán continúan generando consecuencias significativas en términos de víctimas, detenciones y afectación de las libertades civiles, mientras las autoridades sostienen que los incidentes responden a operaciones externas orientadas a desestabilizar el país tras los ataques militares recientes.
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