Criterios para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes pactada entre PSOE y Podemos

Los hijos menores de los solicitantes que se acojan al nuevo proceso de regularización de migrantes iniciado en España podrán acceder a una autorización especial con una vigencia de cinco años, siempre y cuando se encuentren en territorio español. Esta disposición, según detalló Europa Press, forma parte de la medida extraordinaria acordada entre el PSOE y Podemos para regularizar la situación de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular.

El Ejecutivo español ha iniciado este martes la vía de urgencia para la implementación de la regularización, que se materializa tras un pacto entre los dos grupos políticos mencionados y recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular. Dicha iniciativa logró el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas y fue aceptada a trámite por el Congreso de los Diputados durante 2024, con la única oposición de Vox. Según reportó Europa Press, el Gobierno aún no ha hecho público el texto completo de los requisitos, aunque Podemos y el propio Ejecutivo han adelantado algunos de los principales criterios para acceder al procedimiento.

La regulación se dirige a dos colectivos. Por un lado, la medida beneficiará a quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, sin importar si ha sido resuelta o su resultado. Por otro, según recogió Europa Press, los migrantes económicos podrán acogerse a la regularización siempre que acrediten cinco meses continuados de residencia en España anteriores al 31 de diciembre de 2025, es decir, haber llegado al país antes del 31 de julio.

El plazo previsto para la presentación de solicitudes se sitúa entre principios de abril y el 30 de junio del presente año. El proceso contempla la tramitación en un máximo de tres meses, aunque las personas tendrán habilitación para trabajar desde el mismo momento en que se admita a trámite su petición. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, precisó –según publicó Europa Press– que dicho trámite de admisión no debería superar los 15 días desde la solicitud.

El permiso concedido será de residencia con autorización laboral, aplicable en todo el territorio español y sin limitación sectorial, con una vigencia inicial de un año. Concluido este periodo, las personas podrán incorporarse a las modalidades de residencia reconocidas por el Reglamento de Extranjería. Si los solicitantes tienen hijos menores a su cargo en España, estos podrán obtener una autorización válida por cinco años, aunque fuentes del Ministerio de Inclusión matizaron a Europa Press que este plazo se circunscribe únicamente a los menores y no se extiende a los padres solicitantes.

Para iniciar la tramitación, Saiz avanzó, según señaló Europa Press, que estarán habilitadas subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social y posibilidades de registro telemático a través de canales virtuales oficiales.

Dentro de los criterios generales para poder acceder a este proceso de regularización, las personas deberán justificar su permanencia en España con cualquier documento público o privado, o la combinación de ambos, siempre que permitan comprobar los requisitos temporales exigidos. Además, la ministra insistió –de acuerdo con Europa Press– en que los solicitantes no podrán contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, conforme al marco legal español.

El Gobierno no ha precisado aún si el decreto vendrá acompañado de una partida presupuestaria o un refuerzo administrativo para las oficinas responsables. Europa Press recordó que en España ya se han concretado seis regularizaciones extraordinarias. El Partido Popular impulsó dos (años 2000 y 2001), mientras que el PSOE promovió otras cuatro (1986, 1991, 1996 y 2005). En la Unión Europea se han contabilizado más de 40 procesos similares desde la década de los noventa; las experiencias más recientes se llevaron a cabo en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

Respecto al aval parlamentario, el procedimiento recurrido por el Ejecutivo, el decreto, constituye una fórmula normativa que no requiere del voto del Congreso de los Diputados para su entrada en vigor, según indica Europa Press.

Las organizaciones implicadas en el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular han valorado el anuncio de la regularización como un paso relevante para la inclusión de miles de personas que hasta ahora permanecían en situación administrativa irregular. Europa Press recogió que la puesta en marcha del proceso tras varios meses de bloqueo parlamentario responde a la presión social y a la articulación de mayorías políticas favorables a la ampliación de derechos en materia de migración.

El plazo para la presentación de solicitudes y la posibilidad de un inicio telemático aspiran a facilitar el acceso de los beneficiarios al nuevo procedimiento extraordinario, según añadieron fuentes citadas por Europa Press.