Las autoridades federales iniciaron un proceso de repliegue parcial de agentes desplegados en Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero que falleció en una intervención de la Patrulla Fronteriza. El alcalde Jacob Frey comunicó esta medida a la población luego de una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según informó la agencia EFE, Frey especificó que algunos agentes federales comenzarán a dejar la ciudad a partir del día siguiente como parte de los esfuerzos para atenuar la tensión que ha surgido tras el incidente fatal.
El medio EFE reportó que esta decisión se produce después de semanas de operativos migratorios a gran escala en la ciudad, motivados por investigaciones sobre presunta malversación de fondos federales en guarderías supuestamente gestionadas por miembros de la comunidad somalí. Desde enero, el gobierno federal envió alrededor de 3.000 agentes a Mineápolis, luego de que la administración Trump señalara la región por dichos casos. El caso de Alex Pretti, quien murió por disparos de agentes federales el sábado, intensificó las protestas y el malestar en la ciudad, creciendo el reclamo por parte de ciudadanos y autoridades municipales para el cese de la operación.
Jacob Frey indicó en su cuenta de X que, durante la comunicación con el presidente Trump, ambos coincidieron en que la situación actual resultaba insostenible tras la muerte del enfermero. El alcalde escribió que "algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan". De acuerdo con lo consignado por EFE, Frey también afirmó que había agradecido la conversación al mandatario y comunicó con claridad la petición central del gobierno local: el fin de la denominada Operación Metro Surge, bajo la cual se ejecutó el despliegue de los agentes en Mineápolis.
El presidente Trump, según publicó EFE, compartió en sus propios canales de redes sociales que había tenido “una conversación muy productiva” con Frey. El presidente anunció que enviará a Tom Homan, el “zar fronterizo”, a la ciudad el día siguiente para entablar nuevas conversaciones con el alcalde. No obstante, Trump no confirmó detalles concretos sobre la retirada de los agentes. Varios medios, según EFE, han señalado que el viaje de Homan coincide con la salida de Greg Bovino, un alto oficial de la Patrulla Fronteriza que lideró la operación en Mineápolis, junto con otros miembros de su equipo cercano.
En sus mensajes públicos, Frey destacó la importancia de la comunidad inmigrante en Mineápolis y reafirmó que la ciudad continuaría colaborando con autoridades federales y estatales únicamente en investigaciones de delitos penales reales. El alcalde subrayó que su municipio no participará en arrestos inconstitucionales de residentes ni en la aplicación de leyes federales de inmigración, señalando que “los delincuentes violentos deben rendir cuentas por los delitos que cometen, no por su origen”, informó EFE.
La muerte a tiros de Alex Pretti representa el segundo caso en menos de un mes en que un residente de Mineápolis pierde la vida por disparos de un agente migratorio, recordó EFE. A comienzos de enero, Renée Good falleció en circunstancias similares, lo que provocó reacciones de enojo y críticas hacia la Casa Blanca. En ambos episodios, miembros del gabinete federal atribuyeron conductas delictivas a las víctimas, incrementando la molestia de sectores de la sociedad local, especialmente entre quienes rechazan los operativos migratorios de este alcance.
La acumulación de estos incidentes ha reavivado el debate sobre el papel y los límites de la intervención federal en materia migratoria y de seguridad pública en Mineápolis. A pesar de la decisión de retirar a parte de los agentes federales, la continuidad de la Operación Metro Surge y el futuro de la relación entre las autoridades locales y federales siguen siendo motivo de atención tanto para la administración municipal como para el gobierno central, detalló EFE. Por el momento, la ciudad mantiene su postura de cooperar en investigaciones penales legales mientras insiste en la defensa de derechos de sus comunidades inmigrantes y en exigir el cierre del operativo migratorio.
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